Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, con el voto a favor de todos los grupos, la iniciativa defendida por la diputada socialista Mónica Iglesias para garantizar que las personas que necesitan una prestación ortoprotésica puedan acceder a ella en tiempo y forma, sin que su situación económica se convierta en una barrera y sin que las ortopedias tengan que actuar como financiadoras del sistema sanitario.
Durante su intervención, Iglesias ha subrayado que cuando se habla de una silla de ruedas, una prótesis o cualquier producto ortoprotésico no se habla de un bien de consumo, sino de salud, autonomía personal, inclusión y calidad de vida.
La diputada socialista ha recordado el caso de Julia, una niña con síndrome de Rett que necesitaba cambiar su silla de ruedas y cuya familia tuvo que recurrir a donaciones de vecinos y ciudadanos para reunir los 7.000 euros que costaba. Según ha explicado Iglesias, la silla fue prescrita en junio de 2025, adquirida en noviembre de ese mismo año y, pese a que la familia denunció la situación en prensa en marzo de 2026, a día de hoy la Administración todavía no ha realizado el abono correspondiente.
Iglesias ha señalado que esta proposición no tendría que haberse presentado si el derecho reconocido por la ley se estuviera cumpliendo de manera efectiva. Sin embargo, ha denunciado que muchas familias se ven obligadas a adelantar cantidades económicas muy elevadas para adquirir productos sanitarios imprescindibles y después esperar meses para recuperar ese dinero.
La diputada socialista ha puesto varios ejemplos del coste que deben afrontar las familias. Una silla de ruedas eléctrica infantil puede rondar los 4.000 euros, una silla de adulto puede alcanzar los 7.000 euros sin complementos, una mano articulada puede llegar hasta los 30.000 euros, una ortesis lumbosacra puede costar 538 euros y un andador con control postural puede situarse en torno a los 1.400 euros.
Según ha trasladado Iglesias, el Colegio Oficial de Ortopédicos de Aragón advierte de que los reintegros pueden tardar hasta 12 meses. Esto supone, ha denunciado, que sean las familias quienes terminen financiando temporalmente al propio sistema sanitario. Y, en los casos en los que las personas no pueden adelantar el dinero, deben iniciar un procedimiento de pago directo con una elevada carga burocrática que también puede demorarse durante meses.
“La salud no puede esperar un año”, ha afirmado Iglesias, que ha advertido de que estas demoras retrasan los procesos de rehabilitación, empeoran las condiciones de salud y pueden provocar daños irreversibles.
La iniciativa aprobada también pone el foco en la situación de las ortopedias, establecimientos sanitarios privados y autónomos que prestan un servicio esencial y que, en muchos casos, adelantan productos de elevado coste una vez autorizados, soportando durante meses la incertidumbre del cobro y tensiones de tesorería derivadas de los retrasos administrativos.
Iglesias ha rechazado que el problema pueda resolverse únicamente con el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno de Aragón en prestaciones ortoprotésicas. A su juicio, el presupuesto no llega y la burocracia sigue penalizando a las personas que necesitan estos recursos. Por ello, ha señalado que el problema es de gestión y de tramitación, pero también de voluntad para hacer efectivo un derecho ya reconocido.
La proposición no de ley aprobada plantea medidas concretas como garantizar el abono directo a las ortopedias, reducir los plazos de autorización, agilizar los procedimientos administrativos, implantar sistemas de facturación que eviten adelantos económicos por parte de usuarios y ortopedias y reforzar los recursos destinados a la gestión de estas prestaciones.
La diputada socialista ha insistido en que detrás de cada expediente hay una persona y una familia esperando un recurso que la ley ya reconoce. Por eso, ha defendido que una prestación sanitaria que llega tarde no cumple con su misión.
Iglesias ha celebrado la aprobación de la iniciativa y ha reclamado al Gobierno de Aragón que la aplique con agilidad para que ninguna familia tenga que endeudarse, organizar rifas o acudir a la solidaridad ciudadana para acceder a un producto ortoprotésico al que tiene derecho.