Zaragoza, 27 de mayo de 2026.- El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este miércoles en las Cortes de Aragón la petición de creación de una comisión de investigación sobre los acuerdos, deliberaciones y plan de negocio de la sociedad Nueva Romareda, así como sobre el sobrecoste del nuevo estadio de Zaragoza.
La iniciativa registrada por el PSOE recoge el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la gestión económico-financiera, contable y operativa de la sociedad Nueva Romareda, correspondiente al año 2024 y al primer trimestre de 2025. Dicho informe sitúa el coste actual del nuevo estadio en 173 millones de euros y apunta que podría llegar a los 200 millones.
Asimismo, el informe advierte de que en el comportamiento de los ingresos de la sociedad influye en gran medida la evolución deportiva del Real Zaragoza SAD y su capacidad para hacer frente a sus compromisos, tanto en futuras aportaciones de capital como en el pago del canon fijo y variable.
En la petición registrada aparece recogido que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, hizo reiteradas declaraciones públicas en las que aseguró que la Nueva Romareda no iba a suponer “ni un euro” para los ciudadanos. Sin embargo, el 27 de octubre de 2023, se firmó un protocolo marco entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza SAD para la construcción del nuevo estadio.
Dicho protocolo contemplaba la constitución de una sociedad con un capital social inicial de 50,5 millones de euros. De esa cantidad, 24,5 millones correspondían a la aportación no dineraria del Ayuntamiento de Zaragoza, 20 millones al Gobierno de Aragón y 6 millones al Real Zaragoza SAD.
Además, el documento ya recogía el compromiso de los socios de acudir a sucesivas ampliaciones de capital, hasta 40 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, otros 40 millones por parte del Gobierno de Aragón y 34 millones por parte del Real Zaragoza SAD, dejando abierta la posibilidad de incorporar financiación privada. En aquel momento, el coste estimado de construcción del nuevo estadio se fijó en 140 millones de euros.
La iniciativa registrada por el PSOE señala que el proyecto ha sufrido una desviación económica muy significativa. En junio de 2025 se modificó el protocolo marco para elevar los compromisos económicos de las partes a 60 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, 59,99 millones por parte del Gobierno de Aragón a través de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, CEPA, y 40 millones por parte del Real Zaragoza SAD, asumiendo además que no habrá financiación privada.
Según recoge la petición, este cambio supone un incremento de 20 millones de euros tanto para el Ayuntamiento de Zaragoza como para el Gobierno de Aragón respecto a los compromisos inicialmente previstos.
El Grupo Parlamentario Socialista recuerda que el PSOE siempre ha apoyado la reforma de La Romareda, porque Zaragoza y Aragón merecen un estadio acorde a la relevancia de la capital aragonesa y a la importancia social, deportiva y económica del Real Zaragoza. No obstante, los socialistas subrayan que ese respaldo ha ido siempre acompañado de una exigencia clara de transparencia, rigor y cuidado escrupuloso del dinero público.
Por ello, el PSOE considera necesaria la intervención de las Cortes de Aragón para aclarar los hechos, circunstancias y decisiones técnicas y políticas que han llevado a la situación actual, ante la gravedad de las desviaciones producidas tanto en los importes iniciales y las aportaciones de las instituciones como en los porcentajes de participación pública y privada respecto al protocolo marco inicial.
Los socialistas sostienen que existe un evidente interés público en la investigación, como demuestra el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su condición de órgano fiscalizador, así como las informaciones publicadas reiteradamente en los medios de comunicación sobre el proyecto.
La comisión solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista estaría formada por un diputado o diputada titular y suplente de cada grupo parlamentario o agrupación, con posibilidad de contar con asesoramiento técnico en la materia y con la asistencia de un letrado o letrada de las Cortes de Aragón.
El PSOE plantea que la comisión se constituya con carácter inmediato y desarrolle sus trabajos en un plazo máximo de seis meses.