Zaragoza, 13 de mayo de 2026.- PP y Vox han rechazado que las trabajadoras del sector de la dependencia tengan en Aragón un convenio colectivo que mejore sus condiciones laborales. Así lo han votado a la primera iniciativa socialista debatida en el pleno de esta nueva legislatura, una propuesta que la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, se comprometió en campaña electoral con el objetivo de “mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de este sector”.
La diputada socialista, Mónica Iglesias, ha reprochado que PP y VOX no apoyen esta iniciativa, a cuyo debate ha asistido una representación de este sector. La iniciativa planteaba la creación de una mesa de negociación entre sindicatos y patronal antes del 15 de junio de 2026, así como la implicación del Gobierno de Aragón para facilitar el diálogo social y avanzar hacia un marco laboral propio adaptado a la realidad de la comunidad autónoma.
La diputada Mónica Iglesias, ha asegurado que es prioritario “dignificar las condiciones laborales de un sector esencial sostenido mayoritariamente por mujeres, un 85% del total, y que desempeñan una labor fundamental en residencias, centros de día y atención domiciliaria”.
Mónica Iglesias ha argumentado que la propuesta pone el foco en la situación de sobrecarga física y emocional que sufren muchas profesionales de la dependencia. “En algunas residencias de mayores, las trabajadoras apenas disponen de ocho minutos para atender a una persona dependiente en tareas básicas de cuidado, una situación que afecta tanto a las condiciones laborales como a la calidad asistencial”, ha explicado.
Asimismo, la iniciativa del PSOE buscaba visibilizar la realidad que afrontan las trabajadoras de atención domiciliaria, que diariamente atienden a personas mayores que viven situaciones de profunda soledad y aislamiento, asumiendo una importante carga psicológica y emocional además de las propias tareas de cuidado.
El Grupo Socialista recuerda además que Aragón vive un proceso de envejecimiento acelerado desde hace más de una década. Actualmente, la comunidad supera las 160 personas mayores por cada 100 menores de 16 años, una realidad demográfica que hace imprescindible reforzar y profesionalizar el sistema de dependencia.
El voto en contra del PP y Vox ha supuesto también el rechazo para que los procesos de contratación pública y conciertos sociales incorporen cláusulas que favorezcan condiciones laborales dignas e igualitarias en el sector.
“El cuidado de las personas dependientes no puede sostenerse sobre la precariedad de quienes las cuidan”, ha señalado Iglesias, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia un sistema de dependencia más justo, humano y sostenible.