Si queremos garantizar el mantenimiento y el crecimiento de servicios públicos como la educación, la sanidad, las ayudas a la dependencia, los servicios sociales, la renta básica, la vivienda y la investigación hay que aportar recursos procedentes de las competencias de la Comunidad Autónoma, toda vez que el estado va aportar el año que viene 180 millones de euros más como consecuencia de la mejora de la economía