La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Mayte Pérez, ha pedido al Gobierno de Aragón que agote todas las vías legales posibles de negociación para garantizar los 75 puestos de trabajo estables que dependen de la empresa Sarrimad de Sarrión, acogiéndose al recién aprobado Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de financiación y restructuración de deuda empresarial. Pérez ha explicado que ha presentado una iniciativa en las Cortes y en los próximos días mantendrá una reunión con sus trabajadores.
La diputada socialista entiende que la provincia de Teruel ha sido especialmente castigada por la crisis económica y un ejemplo reciente es la situación en la que se encuentran los trabajadores del Grupo Sarrimad, dedicada a la elaboración de tablero contrachapado con sede en Sarrión. A esta empresa turolense el Gobierno de Aragón le adeuda 1,4 millones de euros, por lo que hoy se han manifestado delante de la Delegación Territorial de la DGA en Teruel.
Mayte Pérez explica que el cierre de una empresa de 75 trabajadores estables en una población de 1.129 habitantes como Sarrión «es un drama social que se debe evitar por todos los medios”. Por esta razón, el PSOE ha presentado una iniciativa en las Cortes para buscar salidas y viabilidad para los trabajadores a través del Real Decreto Ley 4/2014”.
CONTENIDO DEL REAL DECRETO
Hay que recordar que el Real Decreto Ley 4/2004 explicita que empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es decir susceptibles de generar beneficios en su negocio ordinario) se han tornado en inviables desde un punto de vista financiero y ante esta situación existen dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando riqueza y creando puestos de trabajo. Añade que parece evidente que la segunda alternativa es preferible a la primera, siendo en consecuencia obligación de los poderes públicos adoptar medidas favorecedoras del alivio de carga financiera o «desapalancamiento».
Esa es precisamente la finalidad de este real decreto-ley, a la que podría acogerse la empresa Sarrimad, que debe conjugarse con el máximo respeto a las legítimas expectativas de los acreedores, los cuales habrán de participar activamente y con las máximas garantías en estos procedimientos de alivio de carga financiera.
Este decreto ley trata en definitiva de favorecer también para las empresas que tienen una expectativa incierta de cobro de una cantidad elevada (en términos de capacidad de pago del deudor) se torne en una certeza razonable de cobro de una cantidad más reducida o sujeta a una mayor espera. Todos elementos ayudarían a la continuidad de los trabajadores.
La iniciativa trata de favorecer también los mecanismos para que la deuda pueda transformarse en capital y sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito, concebido no tanto como palanca sino como verdadera savia de la economía, puesto que el crédito es indispensable para atender los desfases entre cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las inversiones verdaderamente productivas, siempre –claro está– que la deuda correspondiente sea soportable.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario ha insistido a la DGA en la necesidad de buscar salidas para garantizar los 75 puestos de trabajo de Sarrimad de Sarrión, dada la importancia de mantener la continuidad de la empresa en esta localidad turolense.