Está motivada por la extralimitación de la legislación básica estatal sobre Régimen Local que vulnera las competencias autonómicas; la atribución de competencias a las comunidades autónomas a través de la legislación básica estatal (lo cual sólo puede ser a través del Estatuto de Autonomía de Aragón); porque hay una lesión de la autonomía local muy clara; y la inconstitucionalidad por vulneración del principio democrático en el ámbito local