El PSOE califica de «irrisorio» el Plan de Vivienda del Gobierno y solicita medidas par que la compra de una casa suponga el endeudamiento de las familias españolas

El diputado socialista por la provincia de Huesca, Víctor Morlán, ha presentado una moción en la que se insta al Gobierno a adoptar una serie de medidas en materia de vivienda ante «la pasividad del Gobierno del Partido Popular a modificar su actual política de vivienda y suelo».

El diputado socialista ha calificado de «exiguo en objetivos y

financiación el Plan de Vivienda 2002-2005 ya que más sirve para maquillar la

cobertura de las necesidades de la sociedad española, sin estimar el incremento

progresivo de los precios del suelo y vivienda»

Con esta iniciativa parlamentaria presentada en el Congreso se

pretende, por un lado, modificar el sistema de valoraciones del suelo con el fin

de evitar los fenómenos de especulación del suelo mediante la elaboración del

correspondiente Proyecto de Ley, basado en el valor de reposición del suelo y no

en el del mercado.

Por otro, concertar con las Comunidades Autónomas y los

Ayuntamientos la constitución de Patrimonios Públicos de Suelo, a los que se

incorporarían los suelos públicos existentes en los Ministerios de Defensa,

Fomento, Hacienda, etc. con el propósito de destinar preferentemente los mismos

a la promoción de viviendas protegidas, tanto en régimen de venta como en

alquiler para jóvenes, familias con escasos recursos, monoparentales, etc. En la

misma línea se solicita la creación de un Parque Público de Viviendas en

alquiler, destinadas a jóvenes en primer acceso y a familias con escasos

recursos.

Y para que estas medidas sean puestas a la práctica cuanto

antes se señala que en los Presupuestos Generales del Estado se incremente hasta

un 5’7% el gasto directo en vivienda que debe llevar a cabo el Ministerio de

Fomento, con la finalidad de elaborar un Plan de Choque que complemente el

actual Plan de Vivienda 2002-2005.

Asimismo, entre las medidas fiscales, se establece la

desgravación del coste del alquiler al inquilino, la introducción de un IVA

superreducido para las viviendas protegidas o la ayuda fiscal a propietarios de

viviendas de renta antigua con inquilinos de menores ingresos, como preveía la

Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.