Los presidentes de las comarcas aragonesas gobernadas por el PSOE han advertido de que se verán obligados a devolver competencias y servicios al Gobierno de Aragón si el Ejecutivo de Jorge Azcón continúa sin garantizar la financiación necesaria para prestarlos. Denuncian que los presupuestos autonómicos para 2027 vuelven a ignorar, un año más, las necesidades de unas instituciones fundamentales para mantener los servicios públicos en el medio rural
Las comarcas siguen trabajando con una financiación que no se corresponde con el aumento de sus responsabilidades. Desde 2014, las transferencias para su funcionamiento permanecen congeladas y los servicios que prestan han ido creciendo, sin que este incremento haya venido acompañado de los recursos necesarios. Los responsables comarcales critican que el Gobierno de Aragón presuma del mayor presupuesto de su historia mientras mantiene congelada su financiación. «Es incomprensible que, con ese presupuesto y más de 1.400 millones extra de ingresos respecto al año anterior, mantengan 63 millones para 33 comarcas. Es ridículo», apuntan.
Recuerdan que las comarcas garantizan servicios esenciales en cientos de municipios aragoneses, especialmente en materia de atención social. Sus servicios sociales llegan aproximadamente a la mitad de la población de Aragón y, según sus estimaciones, su prestación directa por parte del Gobierno autonómico tendría un coste muy superior.
Los presidentes socialistas consideran inadmisible que el Ejecutivo de Azcón siga trasladando responsabilidades a las comarcas sin aportar financiación suficiente y advierten de que esta situación amenaza la continuidad de servicios fundamentales para combatir la despoblación y garantizar la igualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano.
Por ello, reclaman una actualización urgente de la financiación comarcal y la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para revisar las competencias asumidas y los recursos necesarios para ejercerlas.
Además, solicitan que la financiación de las comarcas se ajuste a los servicios que prestan y que, una vez garantizados los recursos necesarios, se establezcan mecanismos de actualización anual de las transferencias destinadas a su funcionamiento, de acuerdo con la evolución del IPC. El objetivo es evitar la pérdida de poder adquisitivo y que vuelva a producirse una situación como la actual.
Advierten de que, si el Gobierno de Aragón no atiende estas demandas, las comarcas tendrán que plantearse la devolución de aquellas competencias y encomiendas de gestión que no puedan seguir sosteniendo económicamente. «Si no podemos mantenerlas, la única opción que nos queda es dejar de prestarlas». También advierten de que «la decisión es del Gobierno de Aragón, será su responsabilidad».
Insisten en que su voluntad es mantener los servicios públicos de proximidad, pero consideran que el Gobierno autonómico debe asumir el coste de las responsabilidades que les encomienda.
Los presidentes concluyen que la falta de financiación comarcal pone en riesgo la calidad de los servicios públicos y el futuro de los pequeños municipios aragoneses.