Zaragoza, 22 de octubre de 2026. El PP y Vox han votado este jueves en las Cortes de Aragón en contra de una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para reforzar la transparencia y prevenir posibles conflictos de intereses en el Gobierno autonómico. La propuesta pretendía ampliar los controles establecidos en la Ley de Integridad y Ética Pública a los asesores que, desde los gabinetes del Ejecutivo, mantienen relaciones directas con grandes empresas y fondos de inversión.
La diputada socialista Mónica Iglesias, encargada de defender la iniciativa, ha denunciado el rechazo de ambos partidos a introducir mayores garantías de transparencia después de conocerse el fichaje de Marta Ríos, exdirectora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Aragón, por una empresa vinculada al fondo de inversión Blackstone.
Iglesias ha cuestionado que una persona que trabajaba directamente para el presidente Jorge Azcón, con funciones de interlocución con grandes inversores y coordinación de proyectos empresariales, haya pasado a ocupar un puesto de vicepresidenta para Europa de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas en Blackstone, fondo vinculado a uno de los grandes proyectos estratégicos aprobados por el propio Ejecutivo aragonés.
La diputada ha recordado que QTS participa en el proyecto Rhodes, que contempla la construcción de un gran campus de centros de datos en Calatorao y que fue declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Aragón. Tanto la sociedad promotora como QTS están controladas por fondos gestionados por Blackstone, según la documentación oficial.
En este contexto, Iglesias ha exigido explicaciones sobre las empresas con las que se reunió la exdirectora de Inversiones Estratégicas, los proyectos en los que intervino y los controles que se aplicaron antes de su incorporación al sector privado.
También ha cuestionado cuándo conoció el presidente aragonés el destino profesional de su antigua colaboradora. Según ha relatado, días antes de hacerse público el nombramiento, el propio Azcón presumió ante unas 500 personas de conocer dónde y cuándo iba a incorporarse Marta Ríos a su nuevo puesto.
La diputada ha precisado que el PSOE no está denunciando la comisión de ninguna ilegalidad, sino una situación que requiere explicaciones políticas y mayores garantías legales para evitar posibles conflictos de intereses.
La iniciativa socialista, rechazada por PP y Vox, proponía modificar la Ley 5/2017, de Integridad y Ética Pública, para incluir en su ámbito de aplicación al personal eventual de los gabinetes del Gobierno que desempeñe funciones estratégicas o de interlocución empresarial.
También planteaba publicar en el Portal de Transparencia las agendas institucionales de estos asesores, incluyendo las reuniones mantenidas con empresas, grupos empresariales y fondos de inversión, con indicación de las fechas, los participantes y el objeto de los encuentros, respetando los límites legales.
Iglesias ha cuestionado los motivos por los que PP y Vox se oponen a que los ciudadanos puedan conocer estas relaciones institucionales y comprobar si existen posibles conflictos de intereses.
La diputada ha defendido que Aragón necesita atraer inversiones, pero que esa actividad debe desarrollarse con controles democráticos y garantías de transparencia.
«Aragón no está en venta y atraer inversiones no puede convertirse en una excusa para rebajar los controles democráticos», ha advertido.
También ha señalado que «los despachos del gobierno no son oficinas privadas de intermediación empresarial» y que el interés general no puede confundirse con los intereses particulares de quienes desarrollan negocios en Aragón.
Audio – Mónica Iglesias