Zaragoza, 9 de octubre de 2026.-La diputada socialista María Rodrigo ha denunciado hoy que la falta del planificación del Gobierno de Aragón con los contratos de servicios sanitarios de varios hospitales aragoneses constata el avance del PP y Vox hacia la privatización de la sanidad pública aragonesa. Así lo ha dicho este viernes en su interpelación al Consejero de Sanidad sobre la cobertura de personal. “El Gobierno de Azcón convierte las dificultades para encontrar médicos «en una justificación permanente para externalizar», y le ha exigido que aclare qué ocurrirá el 1 de enero con los servicios cuyos contratos privados terminan el 31 de diciembre.
Rodrigo ha situado el debate en dos modelos: «el modelo de las derechas y el modelo de los derechos” frente a la externalización, el PSOE defiende “recuperar profesionales públicos, reforzar plantillas y garantizar atención,
Rodrigo ha recordado que el decreto se aprobó casi dos años después de que el PP llegara al Gobierno, alegando una necesidad extraordinaria y urgente que los socialistas comparten. Pero «ahora debemos evaluar sus resultados»: cuántos profesionales se han incorporado y qué aumento real ha habido en las plantillas. «Anunciar una plaza no basta», ha afirmado, y estabilizar a quien ya trabaja «no equivale automáticamente a atraer un profesional adicional».
Mientras tanto, los contratos externos se suceden: 3,61 millones de euros, a los que desde este verano se suman otros 1,3 millones, hasta alcanzar casi 5 millones de euros en contratos con empresas privadas, «casi siempre la misma», para radiólogos, anestesistas, rehabilitadores, neurólogos y urólogos en hospitales públicos. «Para prolongar estos contratos privados sí hay previsión; para explicar cuándo recuperará la actividad pública, seguimos esperando», ha criticad.
Rodrigo ha preguntado al Consejero qué incremento neto de profesionales ha producido el decreto y qué ocurrirá dentro de dos meses con los servicios cuyos contratos acaban el 31 de diciembre. «¿Cuáles van a recuperarse con plantilla pública y cuáles pretenden mantener privatizados?”, ha interpelado la diputada.
María Rodrigo ha puesto varios ejemplos concretos y ha preguntado sobre la continuidad de los contratos privados o si por el contrario van a recuperar la actividad con sanitarios públicos: en el Hospital de Barbastro consultas de Otorrinolaringología y guardias externalizadas hasta el 31 de diciembre; en el Hospital Obispo Polanco de Teruel: contratos de consultas y guardias de Otorrinolaringología, Dermatología, Ginecología y Anestesia que terminan el 31 de diciembre; en el caso de Neurología en Teruel: la empresa privada Ribera Salud pasa consulta dos días al mes, por lo que los pacientes que necesitan un neurólogo tienen que desplazarse a Zaragoza; también en Alcañiz y Calatayud se dan situaciones similares, con servicios cubiertos por la sanidad privada hasta fin de año y sin respuesta sobre lo que sucederá después.
O en Ejea, con un contrato privado de anestesiología de más de un millón de euros hasta 2029 o el caso de Huesca, con una geriatra está jubilada desde junio y sigue sin sustitución. «Una jubilación tiene fecha; planificación, desde luego, no hay.»
Rodrigo ha lamentado que la sanidad externalizada obligue a los pacientes a «pasar por profesionales diferentes cada vez» y a explicar de nuevo sus síntomas y antecedentes en cada consulta. «Las listas de primeras consultas disminuirán, sin duda, pero la calidad de la sanidad es cada vez peor», ha dicho.
La diputada ha rechazado además que el coste de los médicos públicos se presente como un problema: «Solo faltaba que los derechos salariales de nuestros médicos parecieran un inconveniente contable para este Gobierno».
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