Zaragoza, 28 de septiembre de 2026.– La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz socialista en las Cortes, Pilar Alegría, ha presentado este lunes una Proposición de Ley para modificar la Ley 5/2017, de Integridad y Ética Públicas, con el objetivo de reforzar el régimen de incompatibilidades y la prevención de conflictos de intereses.
La reforma pretende, entre otras cuestiones, evitar que el control dependa únicamente de la denominación formal de un puesto. De esta forma, la ley alcanzaría también al personal eventual y asesores de los gabinetes que, aunque no tengan la consideración formal de alto cargo, desempeñen funciones relevantes de dirección, asesoramiento estratégico, interlocución empresarial, captación o acompañamiento de inversiones y participen de forma efectiva en actuaciones que afecten a intereses económicos concretos.
Alegría ha vinculado la presentación de esta reforma con el reciente fichaje por Blackstone de quien fuera directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Ríos, hasta hace apenas dos meses.
“Visto el modus operandi del Gobierno del señor Azcón claramente es urgente que mejoremos y reforcemos esta ley”, ha afirmado Alegría.
La portavoz socialista ha recordado que Ríos formó parte del Gabinete de Presidencia y desempeñó funciones relacionadas con la captación de grandes inversiones y que acompañó al presidente de Aragón en su viaje a Virginia para conocer a Blackstone.
Alegría ha comentado que “si caminas como un pato, nadas como un pato y graznas como un pato, seguramente serás un pato. Si atraes a Blackstone, vas a Virginia a ver a Blackstone y dos meses después de dejar el Gobierno de Aragón te vas a trabajar a Blackstone, seguramente estamos hablando de las puertas giratorias”.
La proposición socialista, que se ha presentado este lunes, precisamente cuando se ha conocido que el Gobierno de Aragón aprueba definitivamente el Plan de Interés General (PIGA) al proyecto, mantiene los dos años de incompatibilidad posteriores al cese, pero amplía y precisa qué actuaciones deben tenerse en cuenta. Ya no será necesario haber firmado una resolución o un informe: también se considerará intervención haber participado de forma efectiva en la negociación, captación, promoción, acompañamiento o coordinación de un proyecto empresarial o de una inversión.
Otra de las novedades fundamentales es que el control no se limitará únicamente a la empresa concreta con la que se hubiera trabajado desde la Administración. Podrá extenderse también a matrices, filiales, fondos de inversión, vehículos de inversión o entidades gestoras vinculadas al mismo proyecto cuando exista una conexión efectiva con el nuevo puesto.
Además, durante los dos años posteriores al cese será necesaria una autorización expresa antes de iniciar una actividad profesional privada. La persona afectada tendrá que comunicar qué empresa pretende contratarla, qué funciones va a desempeñar y sobre qué proyectos va a trabajar. La resolución deberá hacerse pública en el Portal de Transparencia.
La reforma actúa también antes de abandonar la Administración. Si una persona comienza a negociar su incorporación a una empresa privada que tenga asuntos sobre los que está interviniendo desde su puesto público, deberá comunicarlo en un máximo de cinco días hábiles y abstenerse desde ese momento de participar en cuestiones relacionadas con esa empresa o proyecto.
“Si esto no se ve con claridad en la actual ley, ha llegado el momento de reforzar y mejorarla y es lo que hemos hecho a través de esta proposición de ley”, ha explicado Alegría.
Alegría ha defendido que el objetivo es “seguir consolidando la confianza de los ciudadanos en la política” y ha señalado que la transparencia “siempre es un elemento más que positivo y que la ciudadanía además nos demanda a todos”.
“A mí desde luego no me cabe ninguna duda que todos los partidos políticos estarán de acuerdo por tanto como digo en fortalecer y en mejorar esta ley”, ha concluido.
Audios de Pilar Alegría