Zaragoza, 10 de septiembre de 2026. El PSOE Aragón ha votado en contra de la Ley de Vivienda impulsada por PP y Vox y debatida este jueves en las Cortes de Aragón al considerar que responde a un modelo que entiende la vivienda fundamentalmente como un bien de mercado y no como un derecho que las administraciones públicas deben garantizar.
El diputado socialista Jesús Morales, que ha defendido la posición del PSOE durante el debate parlamentario, ha subrayado que los socialistas no se oponen a que Aragón cuente con una Ley de Vivienda, sino al texto presentado por el Gobierno autonómico y al modelo que plantea.
Morales ha reprochado al Ejecutivo de Jorge Azcón que vuelva a llevar a las Cortes prácticamente el mismo proyecto que ya se tramitó hace casi dos años, sin haber aprovechado este tiempo para incorporar las propuestas planteadas por otros grupos ni para corregir las carencias que entonces ya fueron señaladas.
El PSOE considera que la norma confunde la construcción de vivienda con la garantía efectiva del derecho a acceder a ella. Para los socialistas, no basta con aumentar la oferta si no se establecen mecanismos que garanticen quién puede acceder a esas viviendas, a qué precio, durante cuánto tiempo permanecen protegidas y cómo puede intervenir la Administración cuando el mercado deja fuera a una parte de la población.
Morales ha cuestionado también el compromiso presupuestario de la norma, que establece que los presupuestos autonómicos deberán destinar a vivienda al menos el 0,3 % del gasto total no financiero. El PSOE considera insuficiente esa cantidad para afrontar uno de los principales problemas que tienen actualmente jóvenes y familias aragonesas.
Los socialistas han criticado igualmente la ausencia de una estrategia ambiciosa de alquiler asequible. El texto no apuesta por desarrollar instrumentos como las zonas de mercado tensionado, la regulación de los alquileres abusivos, el alquiler temporal, la vivienda turística o la vivienda vacía, ni plantea una ampliación suficientemente ambiciosa del parque público de alquiler.
Otro de los aspectos rechazados por el PSOE es la posibilidad de que las viviendas protegidas puedan perder esa calificación con el paso del tiempo. Los socialistas defienden que las viviendas construidas con suelo o recursos públicos deben permanecer de forma estable dentro del parque público y seguir cumpliendo una función social.
Morales ha advertido además de la excesiva confianza que el proyecto deposita en la colaboración público-privada. El PSOE defiende que esa colaboración puede formar parte de las políticas de vivienda, pero siempre subordinada al interés general y evitando que el suelo, el patrimonio o los recursos públicos terminen generando únicamente rentabilidad privada.
La norma es también, a juicio del Grupo Socialista, especialmente insuficiente para dar respuesta a los problemas de vivienda del medio rural. En numerosos municipios aragoneses la escasa oferta y las dificultades para promover nuevas viviendas requieren una intervención pública específica y no pueden dejarse únicamente en manos del mercado.
El PSOE ha recordado que el propio Gobierno de Aragón calcula que será necesario construir alrededor de 12.000 viviendas durante los próximos años y considera que para alcanzar ese objetivo hacen falta planificación, capacidad de gestión, financiación suficiente y una política pública de vivienda mucho más ambiciosa.
Morales ha señalado también que Aragón contará con más de 260 millones de euros procedentes del nuevo Plan Estatal de Vivienda, dentro de los 7.000 millones previstos por el Gobierno de España, y ha reclamado al Ejecutivo autonómico un esfuerzo presupuestario acorde con la magnitud del problema.
Los socialistas han recordado asimismo que Jorge Azcón lleva tres años gobernando Aragón y han rechazado que el Ejecutivo autonómico siga atribuyendo a otras administraciones la situación de la vivienda mientras los precios continúan aumentando.
El PSOE mantiene su disposición a trabajar durante la tramitación parlamentaria para modificar el proyecto e incorporar medidas sobre parque público, presupuesto, alquiler asequible, vivienda vacía, zonas tensionadas, jóvenes y medio rural. “Aragón necesita una Ley de Vivienda, pero necesita una ley ambiciosa y garantista”, ha defendido Morales.
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