El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, fecha proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en memoria de las víctimas de la masacre de Sharpeville, en Sudáfrica, donde en 1960 decenas de personas fueron asesinadas mientras protestaban pacíficamente contra las leyes racistas del apartheid. Esta conmemoración recuerda que la lucha contra el racismo no pertenece al pasado, sino que sigue siendo una tarea imprescindible para quienes defendemos la democracia, la igualdad y los derechos humanos.
El 21 de diciembre de 1965, mediante la Resolución 2106 (XX), la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, primer gran tratado internacional de derechos humanos de la organización y base del marco jurídico internacional contra el racismo.
En 2025 se han cumplido 60 años de esta Convención, que sigue siendo un referente fundamental para prevenir, combatir y sancionar la discriminación racial en todo el mundo. Este aniversario nos recuerda que el compromiso contra el racismo debe ser permanente y exige políticas públicas activas, cooperación internacional y defensa firme de los derechos humanos.
El racismo, la xenofobia y los delitos de odio representan una grave amenaza para la convivencia democrática. La discriminación por motivos de origen racial o étnico vulnera derechos fundamentales, fractura nuestras sociedades y pretende convertir la diversidad en motivo de enfrentamiento. Frente a ello, quienes defendemos una sociedad democrática sabemos que la diversidad cultural, social y étnica forma parte de la riqueza de nuestro país.
En los últimos años hemos asistido a un preocupante aumento de los discursos de odio y de los intentos de normalizar posiciones racistas desde determinados espacios políticos. La extrema derecha pretende construir su proyecto señalando a las personas migrantes, a las minorías étnicas o a quienes considera diferentes como chivos expiatorios de los problemas sociales. Estos discursos alimentan el miedo y la división y contribuyen a legitimar actitudes discriminatorias que pueden derivar en delitos de odio.
Esta realidad se refleja en datos preocupantes: más del 50% de las personas ha sufrido alguna situación de discriminación por motivos raciales o étnicos en nuestro país, especialmente en ámbitos como la vivienda, los espacios públicos o el empleo. A ello se suma una importante infradenuncia, ya que solo dos de cada diez personas que sufren discriminación llegan a presentar una queja o denuncia.
Frente a esta situación, el Gobierno de España y las fuerzas progresistas han reafirmado su compromiso con la defensa de la igualdad y la protección de los derechos de todas las personas. La aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (Ley Zerolo) supuso un avance decisivo al establecer un marco legal para prevenir, combatir y sancionar cualquier forma de discriminación por motivos de origen racial o étnico, entre otros. Esta ley refuerza la protección de las víctimas, amplía las garantías frente a las conductas discriminatorias y dota a las instituciones públicas de instrumentos más eficaces para actuar contra el racismo.
Entre sus desarrollos destaca la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, destinada a garantizar la protección efectiva de las víctimas, promover la igualdad y supervisar el cumplimiento de la normativa antidiscriminatoria.
También se ha reforzado el servicio 021 de atención a víctimas de discriminación racial o étnica, que en 2024 atendió más de 20.500 consultas, gestionó cerca de
3.000 casos y acompañó directamente a más de 3.600 víctimas, ampliando su cobertura territorial y horaria para facilitar la denuncia.
Asimismo, el Gobierno de España ha recuperado el principio de universalidad del sistema sanitario, garantizando el acceso a la sanidad pública para todas las personas que viven en nuestro país, independientemente de su situación administrativa. Con ello se reafirma que la salud es un derecho y no un privilegio.
La lucha contra el racismo exige también reconocer la situación de colectivos que históricamente han sufrido discriminación. En España, el Pueblo Gitano constituye la minoría étnica nacional más importante y forma parte esencial de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad colectiva. Sin embargo, el antigitanismo sigue siendo una realidad que se manifiesta en prejuicios, estereotipos y desigualdades estructurales.
Por ello es necesario reforzar las políticas públicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades, combatir la discriminación y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía. En este sentido, el Gobierno ha aprobado el Plan de Actuación para la Mejora de la Empleabilidad de la Población Gitana 2025-2028, orientado a mejorar el acceso al empleo, la formación y el emprendimiento, así como la creación de una Red de Mujeres Gitanas para reforzar su participación social y política.
España participa además activamente en la Estrategia Antirracismo de la Unión Europea 2026-2030 y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, impulsando políticas globales contra la discriminación. En este marco se han puesto en marcha herramientas como FARO, para detectar en tiempo real el discurso de odio racista y xenófobo en redes sociales, y HODIO, orientada a analizar su difusión, así como el desarrollo de una Estrategia estatal contra la discriminación prevista en la ley integral de igualdad de trato.
En este 21 de marzo hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas y al conjunto de la sociedad para no permanecer indiferentes ante el racismo y los discursos de odio. La historia nos ha enseñado que la indiferencia frente a la injusticia solo fortalece a quienes promueven la exclusión.
Porque defender la igualdad no es solo una cuestión de principios: es una responsabilidad democrática. Y porque solo desde el respeto, la convivencia y la solidaridad podremos seguir construyendo una España más justa, más libre y libre de racismo.