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Artículo publicado en eldiario.es, el 8 de octubre de 2025 Marta Gracia, diputada socialista por la provincia de Zaragoza en el Congreso de los Diputados |
Una de las grandes virtudes del festival Vive Latino es poder escuchar a artistas y formaciones que, de otra forma, nunca actuarían en Zaragoza. Entre otras cosas porque, más allá del macrofestival, el panorama musical zaragozano y aragonés es lo más parecido a un desierto árido donde sobreviven, aquí y allá, palmeras solitarias y pequeños oasis.
En ese contexto, el comunicado que el DJ Sweet Drinkz lanzó en sus redes a muchos nos encogió el corazón. El artista relataba cómo, al final de su sesión en el hospitality del Vive Latino, se acercó un grupo de asistentes que le pidió de manera insistente que pusiera Raffaella Carrá. Ante su negativa, una de las integrantes del grupo le dijo “Yo soy la que te paga” y le comunicó que al día siguiente no volviera. Y, efectivamente, no pudo volver. Ni la consejera de cultura del Gobierno de Aragón ni la alcaldesa de Zaragoza, ambas administraciones coorganizadoras del festival, consideraron necesario reaccionar ante semejante barbaridad autoritaria. El artista fue vetado por la omisión, si no por la acción, de los gobiernos de Chueca y Azcón.
Esta escena es mucho más que una anécdota chusca, clasista e irrespetuosa con el trabajo de un creador. En realidad, es un ejemplo más de la política cultural del gobierno de Jorge Azcón, cómoda e indecentemente instalado en el veto. Porque el que paga, manda; y el que apoya a quien paga, aún manda más. Así que, puestos a mandar, mandamos a casa a los artistas y ponemos a un sacerdote a pinchar música en la plaza del Pilar.
No son muchos los artistas que expresan públicamente sus cuitas, aunque éstas son vox populi en el mundillo. Al fin y al cabo, el sector cultural aragonés se sustenta enormemente en la contratación por las administraciones públicas y se mueve siempre en la fragilidad, casi precariedad, de los profesionales. Alberto Castrillo-Ferrer, uno de nuestros más prestigiosos actores y directores de teatro, con trayectoria nacional e internacional, cuenta cómo está vetado en los teatros municipales de Zaragoza desde hace al menos un año. “Ese señor no va a pisar ninguno de mis escenarios”, ni con su compañía propia ni cuando actúa con otras, aunque esas otras sean grandes compañías.
“Mis escenarios” es una expresión patrimonialista y es muy significativa cuando la pronuncia un responsable político porque en realidad esos escenarios son equipamientos financiados con dinero público y prestan un servicio público. Así que esos escenarios no son “suyos” sino, en todo caso, “nuestros”. De la misma manera que los parques, como el Parque Grande, no son “suyos” sino “nuestros”, y deben estar destinados al uso y disfrute de todos.
Expulsar a “los indeseados” de los parques y convertirlos en espacios chic para gente con recursos, igual que tratar de expulsar a las voces críticas de los escenarios públicos y sustituirlas casi exclusivamente por propuestas de gran consumo, nos convierte en una sociedad muy pequeña, minúscula, en la que terminaremos por no caber ninguno. Por no caber, no cabrán ni los pregoneros en el balcón del ayuntamiento, salvo que cumplan las expectativas de elegancia de la alcaldesa Chueca.
Porque el afán de veto no conoce límites. Una vez que se abre la compuerta del atrevimiento, la corriente no encuentra freno. Hace unos días conocimos que Pilar Alegría también ha sido vetada por el PP de Azcón cuando, en su calidad de ministra de Educación, ha intentado visitar varios colegios públicos aragoneses en visitas previamente solicitadas por los respectivos centros. Así sucedió en Alpartir (Zaragoza), Andorra (Teruel) y, más recientemente, en Almudévar (Huesca). Estos vetos a las visitas a los centros educativos sólo ocurren en Aragón y sólo se entienden en el miedo que Jorge Azcón le tiene a Pilar Alegría. Los miedos son comprensibles. La patrimonialización y el uso indebido de los recursos públicos, no.
La privatización de los espacios y servicios públicos nos hurta nuestros recursos, pero además viene acompañada de una imposición ideológica inaceptable. Por eso la reivindicación de la educación pública, de la política cultural pública, de los espacios públicos, va mucho más allá de entenderlos como espacios de libertad, de crecimiento personal y de construcción de la ciudadanía. Es imprescindible que el Gobierno de Azcón deje atrás su cultura del veto. Aunque solo sea porque “el que paga, manda”. Y como lo público lo pagamos entre todos, somos nosotros, los ciudadanos, quienes mandamos. Que no se nos olvide.