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Artículo publicado en Heraldo de Aragón, el 9 de agosto de 2025 Fernando Beltrán Blázquez, delegado del Gobierno en Aragón |
El racismo institucional surge cuando la diferencia racial implica un nivel diferente de acceso a bienes, servicios y oportunidades. Fue acuñado a finales de los años sesenta del pasado siglo y estuvo vinculado a la lucha contra la discriminación que sufría la población negra en los Estados Unidos de Norteamérica.
Por desgracia este término ha rejuvenecido y se ha generalizado a cuestiones que van más allá de la raza. Creencias, género, ideología, edad y, sobre todo, nivel económico de determinados grupos sociales están generando exclusión. El problema se agudiza, e institucionaliza, en el momento en que las actitudes racistas se asumen por los gobiernos y quienes los gestionan. Ocurre que, paradójicamente, resulta más fácil divisar el racismo institucional desde la lejanía -en la cabeza de todos están los nombres de los nuevos referentes mundiales- que en las políticas cotidianas a nuestro alrededor.
En Aragón y su capital, Zaragoza, estas actitudes se encuentran, sin embargo, a la vista de todos. Mientras se acoge sin problemas a los refugiados ucranianos, con quienes compartimos color de piel, con los menores no acompañados -de origen africano en su mayoría- procedentes de la emergencia canaria, el Gobierno de Aragón emplea toda su beligerancia institucional para obstaculizar su acogimiento en nuestra tierra. Azcón se niega a informar al Gobierno central de los recursos de acogida de que dispone, recurre judicialmente las medidas legislativas solidarias con Canarias, Ceuta y Melilla, y boicotea los foros de coordinación entre las distintas comunidades autónomas y el Gobierno de España. Su racismo institucional es de palabra y obra. A las acciones anteriores acompaña sus frecuentes declaraciones públicas relacionando delincuencia e inseguridad con inmigración, haciendo suyo y normalizando el mensaje de la ultraderecha.
El caso de la calle Comadre de Teruel fue especialmente significativo porque muestra el ‘modus operandi’ de esa actitud racista desde las instituciones gobernadas por el PP: ante el descuido en la gestión de lo público -en este caso, los recursos de atención a menores a cargo del Gobierno de Aragón-, las instituciones gobernadas por el PP despliegan la estrategia de echar balones fuera en cuanto esos problemas salen a la luz del día. La culpa será invariablemente a) del inmigrante, b) del Gobierno de España o, sí, pásmense, c) de Cataluña -una de las comunidades que más esfuerzo de acogida ha realizado hasta la fecha-… o d) de todos ellos a la vez, en un cóctel que el Gobierno de Azcón y las alcaldesas de las tres capitales aragonesas se empeñan en servirnos, aunque resulte intragable desde el punto de vista argumental. Poco importa que los datos contradigan su relato, porque la semilla de la sospecha ya está convenientemente sembrada. El relato mata al dato a base de aspavientos y sobre-actuaciones irresponsables.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza -la institución competente ante 700.000 aragoneses de políticas tan básicas como la vivienda, la gestión del espacio público o la atención a las personas sin hogar-, el patrón de actuación es el mismo. Su alcaldesa, ocupada en que Zaragoza reluzca con miles de bombillas o con costosos espectáculos de proyecciones, no soporta que la pobreza y quienes huyen de las guerras de otras latitudes duerman en sus calles. En su visión de la brillante Zaragoza de los 800.000 habitantes, construida a base de ocurrencias y selfis, no hay tiempo para construir una estrategia de servicios sociales a la altura de la importancia de la capital aragonesa en España y en Europa. Su presupuesto tiene margen de sobra para luces, eventos efímeros y suntuosos regalos fiscales a los grandes grupos empresariales, pero no para invertir en la lucha contra el ‘sinhogarismo’, las políticas de juventud que cohesionan nuestros barrios, la cultura, o una política de acceso a la vivienda que beneficie a quien menos tiene.
Los gobiernos de Aragón y de Zaragoza han asumido los postulados de Vox como una política propia, en la creencia de que así cubrirán mejor el flanco (ultra-) derecho (sic). Azcón y Chueca son los responsables de la xenofobia y el racismo institucional que dirigen y ejercen. No sólo es una cuestión de deshumanización de la política sino de crueldad e inmoralidad. Despilfarran dinero y recursos públicos en recursos judiciales que invariablemente pierden, cuestionan a los profesionales aragoneses al sembrar dudas sobre su capacidad de intervención y ocultan los medios disponibles para atender un servicio social básico en cualquier sociedad como es la atención a menores, con independencia de su procedencia y condiciones sociales.
Si el Gobierno de Aragón y el de Zaragoza deciden abordar el problema de la acogida de menores y el ‘sinhogarismo’ desde la lealtad y con sentido de Estado, en la Delegación del Gobierno en Aragón y, por extensión, en el Gobierno de España, encontrarán al socio necesario para mejorar esta situación en todos sus frentes: vivienda, atención humanitaria, empleo, seguridad, y protección de las personas más vulnerables, sea cual sea su raza o procedencia. Ambas instituciones tienen la oportunidad de anteponer la humanidad a su egoísmo, y los derechos comunes a su electoralismo. De coordinarse entre ellos para acoger, educar, cuidar, integrar y ayudar a quienes quieren vivir con nosotros para que echen raíces en nuestra Comunidad. Son ellos, los migrantes, quienes asientan, vertebran y fortalecen nuestra población. Son los que van a trabajar en muchos sectores que hoy carecen de mano de obra. Son quienes cuidan a nuestros mayores. Son quienes pagan una parte creciente de nuestras pensiones. Son parte esencial, en definitiva, del Aragón fuerte y amable que todo político de esta tierra debería ansiar construir.