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Artículo publicado en El Periódico de Aragón, el 3 de agosto de 2025 Marta Gracia, diputada socialista por la provincia de Zaragoza en el Congreso de los Diputados |
El escándalo del currículum falseado de la diputada y vicesecretaria del PP, Noelia Núñez, ha abierto una intensa conversación política y mediática sobre un tema tan esencial como poco habitual: la inexcusabilidad de la mentira en los representantes públicos. Recordemos, Noelia declaró en sucesivos perfiles institucionales que contaba con varios grados universitarios y que era profesora de Ciencias Políticas en la universidad privada Francisco Marroquín, UFM. Todo ello, al parecer, falso.
El currículum de Noelia reabre otro debate trascendente y también relacionado con la mentira: el de las universidades privadas en España y la imperiosa necesidad de garantizar su calidad.
Para ser profesor universitario en una universidad pública, la ley española exige no sólo ser graduado sino, además, ser doctor y contar con la acreditación de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). En el caso de las universidades privadas esta exigencia adicional no existe. Únicamente se les pide que cuenten con un determinado porcentaje de doctores y de acreditados.
Es evidente que un profesorado bien formado y acreditado es imprescindible para ofrecer una educación superior de calidad. Al contrario, si el profesorado no cuenta con suficiente formación ni se supervisa su calidad, la educación que ofrezcan esos centros no va a alcanzar los mínimos estándares. A esos centros de ínfima calidad les llamamos «chiringuitos universitarios».
No todas las universidades privadas son chiringuitos, ni mucho menos. En España tenemos centros privados de calidad y gran arraigo. Pero, lamentablemente, están proliferando centros que de universidad sólo tienen el nombre, ofertando grados a precios exorbitantes, porque la educación superior se ha convertido en un gran negocio. Centros que han sido autorizados por las comunidades autónomas a pesar de tener el informe negativo de la agencia de calidad universitaria competente, aprovechándose de que ese informe era preceptivo, pero no vinculante.
Recientemente la ministra de Ciencia y Universidad, Diana Morant, anunció la inminente publicación de un real decreto que endurece los requisitos para la autorización de las universidades privadas. La principal novedad reside en que el informe que emita la agencia de calidad sí será vinculante. Las comunidades autónomas no podrán autorizar universidades si el informe es negativo. El objetivo es garantizar la calidad de la enseñanza universitaria y proteger a los estudiantes, a sus familias, a la comunidad científica y la sociedad española.
La reacción del Partido Popular no se hizo esperar. Lo calificó, básicamente, como un ataque a la libertad, una imposición de Pedro Sánchez y una tiranía woke. En Aragón, por ejemplo, se anuncian ¡tres! universidades privadas: dos en Zaragoza y una en Calatayud. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, vinculó la prosperidad y el futuro de nuestra comunidad a la implantación de estos proyectos, aunque ninguno de los tres parece cumplir ni siquiera la normativa actual, mucho menos la propuesta.
¿Cómo atreverse a poner obstáculos a la prosperidad y la libre empresa?, pensarán ustedes. ¿Qué minucias son esas de pedir requisitos de calidad y que sean de obligado cumplimiento? Por si a alguien le resultaba confuso el dilema, el asunto Noelia Núñez ha venido a clarificarlo.
La web de la UFM incluía a Núñez en su claustro de profesores como docente. O bien Núñez nunca impartió clase allí, y entonces la universidad estaba dando información falsa para captar clientes. O bien sí fue docente. En tal caso, Núñez podría estar incurriendo en un delito de intrusismo profesional, penado con hasta dos años de cárcel. Pero, además, la UFM quedaría completamente en entredicho porque ni siquiera comprobó que su docente contaba con la titulación que le habilita para impartir clase en España. El asunto de la responsabilidad de la UFM es complejo porque, en realidad, los grados que imparte sólo tienen validez en Guatemala, según la ley madrileña que la autorizó como universidad. Este tipo de centros no deberían operar en España con el nombre de universidad.
Aquí se multiplican las preguntas. ¿Para qué cursar un grado que cuesta unos 9.000 € al año si el título que te da no sirve en ningún país del mundo excepto Guatemala? Quienes se matriculan en universidades así, ¿son conscientes de esta circunstancia? ¿Querrían ser ustedes atendidos por un profesional así? ¿Por qué las comunidades autónomas del PP, y especialmente el Madrid de Ayuso, han alentado la proliferación de centros como la UFM mientras han hundido en la asfixia económica a sus universidades públicas? ¿De verdad cree alguien que la libertad y la prosperidad de nuestra tierra puede estar en manos de este tipo de chiringuitos?