Zaragoza, 3 de diciembre de 2024.- Ante la falta de iniciativa y una gestión improvisada del Gobierno de Azcón, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición de Ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales, una normativa prevista en la ley de Servicios Sociales en 2009.
La importancia de esta norma radica en la exigencia de hacer de la calidad un elemento central de la acción social, una exigencia ética en un sistema de protección social que se ocupa de atender las necesidades de todos los ciudadanos en las diferentes etapas de su vida.
Tal como ha relatado la portavoz socialista de Bienestar Social y Familia, Pilimar Zamora, el anterior gobierno de Javier Lambán la registró por primera vez en las Cortes de Aragón en 2018 pero decayó al final de la legislatura, a pesar de estar en un avanzado estado de tramitación.
Tras la pandemia, y como consecuencia de las conclusiones del dictamen de la Comisión de estudio sobre la restructuración centros asistenciales de mayores de Aragón (que establecía la necesidad de aprobar esta ley), el Ejecutivo anterior abrió nuevamente en 2021 un proceso de participación que culminó con la presentación de este proyecto de ley en enero de 2023.
No dio tiempo a su tramitación y, a pesar de la unanimidad de todos los grupos en la urgencia de su aprobación, el Gobierno de Azcón “decidió dejarla morir y no solo eso, sino que no la recogió en su Plan normativo”, ha denunciado Pilimar Zamora.
Para la diputada socialista, “la falta de planificación y proyecto del departamento de Bienestar Social que venimos denunciando tiene como consecuencia una gestión improvisada”. Y cree que ante los sucesos producidos estos últimos meses, como el cierre del centro de menores de Ateca o el trágico suceso de la residencia de Villafranca, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de revisar las condiciones materiales y funcionales de los centros de servicios sociales, así como las condiciones laborales de los trabajadores de los mismos.
Para la diputada socialista, esta ley da respuesta a la configuración del sistema de servicios sociales, en el que convive la iniciativa pública y privada; actualiza la exigencia de autorización en la prestación de servicios y regula la acreditación para las entidades privadas como requisito para que éstas puedan colaborar en la provisión de las prestaciones públicas.
A su juicio, esta proposición de ley es el paraguas sobre el que se debe desplegar todo este desarrollo normativo flexible y respetuoso con los derechos de las personas, entre ellos, la modificación del Decreto 111 que data de 1992 y sobre el que todos los grupos comparten que urge una nueva regulación.
Además, debe responder a un modelo más centrado en las personas, más personalizado, basado en derechos y en atención a mayores, con discapacidad, menores, personas en situación de exclusión social y otros colectivos vulnerables que se atienden desde los servicios sociales.
“Creemos que es preciso pisar el acelerador y centrar la brújula ante un departamento en punto muerto, al ralentí y sin rumbo”, defiende Pilimar Zamora, que impulsa la aprobación de esta futura ley que, a través de su tramitación en las Cortes, de las audiencias y las enmiendas de los grupos, puede mejorar el texto y dar ejemplo de la misma unanimidad alcanzada sobre la necesidad urgente de su tramitación.
“Vemos mucha improvisación y muchos esfuerzos en desprestigiar la gestión anterior pero poco compromiso en avanzar en la mejora de la atención a las personas más vulnerables”, denuncia la portavoz socialista de Bienestar Social, quien recuerda que los servicios sociales en general, y el sector de cuidados en particular, necesita de una nueva regulación urgente, “y así lo entendía el PP en la oposición”. Sin embargo, aun con el trabajo hecho, durante estos 16 meses no existe una sola referencia al respecto, más allá de decir ahora que lo van a revisar.
“Hoy que es el Día Internacional de las personas con discapacidad, un día importante para este colectivo, por lo que cobra mayor sentido la presentación de esta iniciativa, fundamental para acometer un desarrollo normativo que dé respuesta a sus necesidades y les garantice una vida independiente en igualdad de condiciones que las demás personas. Y esta es la primera piedra”, ha indicado Pilimar Zamora.
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