Zaragoza, 13 de junio de 2023.- El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Ignacio Urquizu, ha pedido hoy la dimisión de la consejera de Educación, Claudia Pérez, por ser incapaz de entablar negociaciones y resolver el problema de Caneto en ocho meses y quedar totalmente desautorizada.
“Ha sido necesario que la Presidencia y la Vicepresidencia hayan tomado las riendas del problema, dejando a un lado a la consejera, desacreditándola, para que se haya iniciado el diálogo de cara a resolver un problema del centro escolar de La Fueva”, ha indicado. “En estos ocho meses las familias solo han tenido un camino para defender sus derechos: acudir a los tribunales”, ha añadido.
Por tanto, la consejera de Educación y el Departamento “han generado un problema donde no lo había y sólo cuando le ha obligado a rectificar, cuando la han desautorizado, se va a producir ese diálogo que hasta ahora no se ha producido, ya que hasta ahora solo han hablado los abogados de las partes”.
A partir de ahora, Urquizu ha solicitado a la DGA -en varias preguntas presentadas en las Cortes- que explique el cronograma de inversiones que se van a llevar a cabo durante este verano en el centro escolar de Caneto, en La Fueva, las partidas presupuestarias y las fechas para resolver el problema, de cara a que el centro esté totalmente operativo en el mes de septiembre.
El diputado socialista entiende que el Departamento de Educación se ha convertido en un problema para la comunidad educativa y para el Gobierno de Azcón porque “no escucha, no dialoga, genera problemas donde no los hay, y tiene a toda la comunidad educativa protestando antes del inicio escolar; es evidente que esta consejera no puede seguir al frente del Departamento, por ello pedimos al presidente Azcón que la cese”.
Hay que recordar que el Departamento de Educación ha hecho pública hoy una negociación entre los abogados de ambas partes -todavía no han hablado con las familias- para suspender temporalmente el procedimiento judicial y tratar de buscar una solución extraprocesal que pasa, según la DGA, “por la cesión del suelo y la apertura de un nuevo expediente de creación de un centro público”.
Urquizu se congratula de la rectificación del Gobierno de Azcón, “ya que llevamos pidiendo diálogo desde el día que cerraron el centro, por ello lamentamos que haya sido necesario que pasen ocho meses para que el Departamento de Educación empiece a tomarse en serio el problema”.