Zaragoza, 21 de noviembre de 2023.- El portavoz socialista en la Comisión de Interior y Desarrollo Estatutario, Daniel Alastuey, pide la comparecencia urgente de la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, tras denunciar el filibusterismo de la coalición PP-Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática utilizando torticeramente la normas para evitar el debate público, la participación ciudadana y una tramitación parlamentaria acorde con la importancia de la norma. Muy al contrario, ha denunciado Alastuey, el Gobierno desiste de la iniciativa legislativa porque, una vez más, tienen prisa y la iniciativa del Gobierno hubiera supuesto alargar los plazos.
El diputado socialista se ha mostrado contundente y ha anunciado que el PSOE no va a admitir que Aragón abandone la vía de la memoria histórica que el Parlamento Europeo ha marcado. A su juicio, el futuro de nuestra democracia no está en peligro por la aplicación estricta del Estado de Derecho, sino por las miradas nostálgicas de quienes todavía reivindican la Dictadura franquista y ha apelado a la necesidad de un debate social, máxime en los tiempos que vivimos en que se pervierte el lenguaje, se trata de confundir los términos y es prioritario recordar los fundamentos de la democracia. Además, ha rechazado argumentos de la derecha contra esta ley afirmando que la Memoria responde a resoluciones de la ONU y del Parlamento Europeo.
En este sentido, ha expresado el apoyo también la propuesta de moción presentada por el grupo socialista en el Senado instando al Gobierno de España a redoblar los esfuerzos en la aplicación de políticas de memoria, no solo para el resarcimiento de las víctimas sino también para el fortalecimiento de los fundamentos democráticos.
Procedimiento viciado
Según el diputado socialista, la modificación de la Ley de la Memoria no es una medida incluida en el acuerdo de Gobierno PP-VOX, por lo que sería lógico que se hubiera tramitado mediante la iniciativa legislativa del Gobierno, no de los grupos parlamentarios. Sin embargo, y aunque no toma la iniciativa, la consejera de Presidencia comparece, tanto a petición propia como de su grupo para presentar una “alternativa” de la consejería tras la derogación de la Ley Aragonesa de Memoria Democrática. Es, según denuncia Alastuey, la segunda vez que se busca hacerlo por lectura única para acortar plazos y evitar el debate.
Lo lógico es que de existir esa alternativa se hubiera canalizado como modificación de la Ley y se hubiera tramitado como proyecto de ley, ha insistido Daniel Alastuey, quien sostiene que lo que ahora tenemos encima de la mesa es una derogación pura y dura y un plan alternativo del que desconocemos todo, desde su naturaleza jurídica hasta su contenido: periodo histórico, medidas concretas, financiación, estructura administrativa… Además, la comparecencia que planea la consejera plantea un “Plan de concordia, reconciliación, recuerdo y reconocimiento de las víctimas que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa” pero se olvidan de otro tipo de razones, como el género o la orientación sexual, por citar solo dos.
Quiebra democrática
El movimiento actual por la memoria democrática no es un fenómeno español, sino que parte de resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y, más recientemente, de la UE, que en la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019, en su punto 10 pide a los estados miembros “…una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes, la resiliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia.”
La ultraderecha, VOX, siempre ha combatido este movimiento y parece que ha contagiado al PP esa obsesión.
No parece este el mejor momento para derogar una ley que sería preciso reforzar en su vertiente colectiva y formativa, según Alastuey, quien advierte que estamos asistiendo a hechos y manifestaciones que así lo aconsejarían, como el cuestionamiento de los mecanismos democráticos (parlamentarios) y su caricaturización como antidemocráticos: golpe de estado, dictadura…. Son varios los dirigentes políticos que utilizan la manipulación y hablan (Azcón, por ejemplo) de que la presentación de una proposición de ley en el Congreso es una agresión a la democracia más grave que la irrupción a tiros de una compañía de la Guardia Civil. O Díaz Ayuso diciendo que nos han colado una dictadura por la puerta de atrás. O Santiago Abascal instando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a desobedecer a sus mandos legales para defender un “bien mayor”.
Alastuey reflexiona sobre el momento de quiebra democrática y el impacto en la juventud, socializándose políticamente en este ambiente, sin que haya recibido formación en memoria democrática y constata que lo que quiere la ultraderecha es, precisamente, debilitar las defensas democráticas de la sociedad “para colarnos un régimen iliberal”.
Negacionistas
El diputado socialista recuerda el manifiesto de los profesores de Historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza frente a los argumentos de la derecha más reaccionaria, que se dice sentirse preocupada por una historia institucionalizada, de parte, y que califican de propia de regímenes autoritarios.
Califican la memoria como algo subjetivo y personal. Hay una memoria colectiva, a la que precisamente alude la ONU cuando dice (preámbulo Ley) “…preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.
Precisamente ese es el objetivo de la iniciativa de la derecha, según el diputado socialista, Daniel Alastuey, revisar la historia y negar el carácter antidemocrático del golpe de estado del 18 de julio de 1936. Quieren cuestionar el carácter democrático de la II República, extender la “memoria” al periodo 14 de abril de 1936 – 18 de julio de 1936 (sobre todo desde la “Revolución” de octubre del 34). Así, el golpe estaría justificado y la calificación de rebeldes de los defensores de la República y su consecuente represión legalizadas. Frente a ese revisionismo y negacionismo hay que insistir en que el golpe de estado de Franco fue una subversión del orden legal constitucional existente.
La Ley Aragonesa de Memoria Democrática hace hincapié en la especial situación de Aragón, con sus dos retaguardias y sus dos represiones, por lo que no existe discriminación. Por lo demás, es obvio que víctimas las hubo en las dos retaguardias, pero una vez finalizada la Guerra, los exiliados, torturados, encarcelados, ejecutados, marginados y reprimidos fueron solo de un bando, el derrotado.
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