El Grupo Parlamentario Socialista pide un informe jurídico a la Oficina de Conflictos para que clarifique la situación de la directora general de Vivienda

Los socialistas exigen que los miembros del gobierno cumplan las normas de buen gobierno y legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses, de integridad y ética pública

Zaragoza, 11 de septiembre de 2023.- El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado esta mañana que se reúna el órgano competente de la DGA en materia de régimen de conflicto de intereses e incompatibilidades para que tome una decisión con respecto a la directora general de la Vivienda, Pía Canals, que fue nombrada el 31 de agosto sin haber resuelto y rescindido previamente sus contratos con la misma administración y consejería que la tenía contratada, tal como figura en el perfil del contratante.

Al mismo tiempo, ha solicitado que se traslade al Parlamento ese informe que deben elaborar los letrados de la Oficina de Conflictos, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.

Los socialistas han presentado hoy una batería de medidas para que el ejecutivo clarifique la situación de la directora general. El PSOE exige que los miembros del gobierno cumplan las normas de buen gobierno y legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses, de integridad y ética pública.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista pedirá al Gobierno de Aragón todos los contratos firmados por la nueva directora general, el documento de petición de rescisión y, si existiera, el documento de aprobación por el órgano competente de rescisión de los mismos, así como las facturas derivadas de los citados contratos, ya que deberían haber sido abonadas por el mismo departamento para el que ha sido contratada, antes del 1 de septiembre, de lo contrario podría entrar en colisión de intereses al producirse el pago cuando ya estaba en el cargo.

Asimismo, los socialistas preguntarán al consejero de Obras Públicas si el Consejo de Gobierno tenía conocimiento de que la directora general mantenía contratos con su departamento cuando fue nombrada sin que se hubieran resuelto por el órgano competente.