Amigas y amigos.
Las principales competencias de una comunidad autónoma como la de Aragón son tres de los pilares básicos del estado del bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Para un gobernante socialista la preservación y mejora de esos servicios es la brújula que guía la gestión.
En el último gobierno socialista de Marcelino Iglesias el gasto total en esos servicios suponía algo más del cincuenta por ciento del total del gasto de nuestra comunidad autónoma. Cuatro años después, tras el gobierno del PP, cuando yo asumí la presidencia del Gobierno de Aragón, ese porcentaje había caído en cuatro puntos, casi quinientos millones de euros. El esfuerzo de mi primera legislatura como Presidente se centró en recuperar los servicios públicos esenciales, dedicándoles setecientos cincuenta millones de euros más, casi la totalidad del crecimiento del gasto. En mi segunda legislatura, la que ahora termina, hemos aumentado el esfuerzo en más de mil millones, completando un incremento del gasto en esos servicios de más de mil setecientos millones.
Pero siendo importante la aportación de recursos, los servicios públicos son inconcebibles sin los servidores públicos que, en hospitales, colegios, residencias, nuestros montes o carreteras, los trabajos administrativos o cualquiera de la amplia variedad de servicios que prestamos, atienden día a día a los ciudadanos y ciudadanas. Hemos comprobado durante la pandemia que nos asoló sobre todo en 2020, que los empleados públicos son el elemento que cohesiona la sociedad.
Sin esos trabajadores y trabajadoras hubiera sido imposible afrontar la emergencia sanitaria o proteger a nuestros mayores, pero no debemos olvidar el esfuerzo que supuso para nuestros docentes, o la exigencia en la tramitación de las numerosas ayudas que las administraciones pusieron en marcha para preservar el sistema productivo. Se hizo patente entonces que construir comunidad es contar con unos servicios públicos potentes prestados por unos empleados públicos entregados, que merecen que su trabajo se vea dignificado y reconocido.
Hemos intentado, pese a las rigideces presupuestarias y legales, resolver algunos de los problemas que los empleados públicos afrontan como trabajadores, y lo hemos hecho potenciando el diálogo con las representaciones sindicales. En esta legislatura hemos firmado acuerdos que pretendíamos que dignificaran las condiciones laborales al tiempo que mejoraran la prestación de los servicios.
Tanto en el sector sanitario como en el educativo y la administración general hemos alcanzado acuerdos que mejoran la jornada de trabajo, facilitan la conciliación familiar, aplican criterios de igualdad para eliminar discriminaciones por razón de género, incrementan plantillas y reconocen la profesionalidad de nuestros empleados públicos.
Es mi intención renovar la confianza de los aragoneses para seguir gobernando Aragón apoyándome en el diálogo y defendiendo la necesidad de contar con más recursos para prestar servicios públicos de calidad en un territorio extenso, disperso en cuanto a su poblamiento y dispar en sus condiciones.
Considero esencial para articular este territorio contar con empleados públicos comprometidos, conscientes de la responsabilidad de servir a sus conciudadanos, pero al mismo tiempo respetados y apoyados por éstos. Seguir mejorando la calidad del empleo público y reconocer su profesionalidad a través del diálogo constante es el camino para incrementar la calidad del servicio.
Me atrevo, por último, a pedir vuestro apoyo, vuestro voto, para poder continuar este camino de mejora del servicio público que merecen los aragoneses y aragonesas.
Javier Lambán Montañés
Candidato socialista a revalidar la Presidencia de Aragón