Zaragoza, 30 de junio de 2021.- El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, como paso previo a su remisión a las Cortes para su debate. La ley pretende dar respuesta al desafío de la globalización de los mercados agrarios, estableciendo criterios para la definición de un modelo de agricultura familiar de suficiente dimensión como para resultar competitivo en los mercados hoy en día existentes, y estableciendo prioridades para un apoyo público específico que aseguren su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la administración autonómica.
El proyecto de ley actualiza y orienta hacia esta tipología de agricultura las principales políticas públicas en el ámbito de las estructuras productivas agrarias, tales como los regadíos las concentraciones parcelarias y la gestión del propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años, diseñados en su momento para un sector agrario que nada tiene que ver ya con el actual.
El proyecto de ley es ambicioso siendo que, a lo largo de sus 46 artículos y de sus disposiciones transitorias, derogatorias y finales, plantea una actualización muy significativa en los enfoques de las principales políticas públicas del sector, priorizándolas en su conjunto hacia el modelo de agricultura familiar, pero también, incidiendo de forma notable en la adaptación del marco normativo a la realidad social del sector, así como al aseguramiento de la sostenibilidad económica y ambiental de las producciones, en línea con las sensibilidades y requerimientos del resto de los ciudadanos hacia este sector.
Para todo ello, plantea una nueva regulación en cuanto a planificación, financiación y gestión del agua en actuaciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo del liderazgo de las propias comunidades de regantes, se asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como en el ambiental, con la intención de que esta política siga siendo una herramienta útil en la fijación de la población en el medio rural. También establece una nueva regulación en materia de reordenación de la propiedad de las tierras, adaptándola a la situación actual, en cuanto a la cada vez más marcada dicotomía entre propietario y cultivador.
Y, finalmente, modifica la estrategia de gestión del importante Patrimonio Agrario propiedad de la Comunidad Autónoma, preservando la propiedad pública del mismo a modo de banco de tierras y estableciendo procedimientos ágiles que le hagan contribuir de manera eficaz a la incorporación de jóvenes al sector y al incremento de la renta agraria, fomentando la creación y consolidación de explotaciones vinculadas al modelo de agricultura familiar social y económicamente viables.
La tramitación del proyecto de Ley, fue iniciada por Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 2 de diciembre de 2019, fue sometido a consulta pública entre abril y junio de 2020, recibiendo aportaciones de los diferentes agentes del sector. En noviembre de 2020 el Consejo de Gobierno tomó conocimiento del entonces anteproyecto de Ley y, ahora, tras pasar los pertinentes informes jurídicos, se aprueba como proyecto de Ley por el Gobierno de Aragón como paso previo para su tramitación, mejora y enriquecimiento del texto en las Cortes que deberán decidir sobre su aprobación final.
La agricultura familiar ha venido siendo el modelo socioeconómico sobre el que se ha basado tradicionalmente la producción primaria de alimentos en Aragón, configurándose como un vínculo indispensable entre el sector primario, la vertebración del territorio, el asentamiento de la población y el mantenimiento del paisaje y valores ambientales fruto de la interacción secular entre agricultura, ganadería y el propio medio físico.
Sin embargo, el proceso de globalización de los mercados agrarios, así como la necesidad de elevadas inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos y de digitalización que se están produciendo en el sector primario para asegurar su sostenibilidad tanto ambiental como económica, está situando a este tipo de explotaciones en una posición de desventaja competitiva respecto de otros modelos de agricultura corporativa cada vez más extendidos. Lo cual está conduciendo en los últimos años a una regresión del peso de este tipo de explotaciones familiares en las cifras macroeconómicas del sector. De hecho, la fracción de Renta agraria imputable al modelo de agricultura familiar alcanza ya en estos momentos, en Aragón, apenas el 20% de la Renta Agraria total.
La inexistencia de un sistema de identificación y de criterios de caracterización del modelo de agricultura familiar ha impedido hasta ahora, efectuar un seguimiento de la misma y, sobre todo, ha impedido lograr un apoyo público más eficaz y específico hacia este tipo de agricultura. Todo lo cual pone en riesgo de pervivencia no únicamente el modelo familiar agrario en sí mismo, sino también aquellos bienes públicos que de él se derivan como el mantenimiento de población en el territorio, el medio ambiente, el paisaje y la propia cultura rurales.