Lambán y Page claman por un nuevo modelo de financiación que atienda el principio constitucional que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los españoles vivan donde vivan

Los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón no renunciarán al dinero adeudado por el IVA y quieren poder hacer cálculos para sus presupuesto. Además, ambas comunidades suscriben una Declaración Institucional sobre la reforma de la financiación autonómica.

Aragón y Castilla-La Mancha comparten realidades, acuerdos de colaboración en diversas materias para atender a ciudadanos de zonas limítrofes y también afrontan problemas comunes. Para todo ello, han mantenido un acuerdo bilateral, organizado en dos mesas técnicas dedicadas, principalmente, a dos desafíos inmediatos: la sangría demográfica y su consecuencia traducida en presupuestos y la falta de financiación autonómica que contemple específicamente las necesidades derivadas del sobrecoste de los servicios públicos prestados. Fruto de ello, han suscrito una Declaración Institucional sobre la reforma de la financiación autonómica, transmitiendo al Gobierno central diversas consideraciones.

Ambos han clamado por un nuevo modelo de financiación que atienda el principio constitucional que garantiza la igualdad de oportunidades y derechos para todos los españoles vivan donde vivan, y que este criterio se prime en la próxima negociación. En este sentido, el Presidente de Aragón ha recordado que Aragón y Castilla-La Mancha comparten problemática pero atienden sus obligaciones, operando todo este año 2019 con presupuestos prorrogados, además de que hay “tensiones de tesorería” por no tener disponibles las entregas a cuenta correspondientes a este año.

Aunque ha asegurado que “tenemos el compromiso del Ministerio de que las tendremos”, ha insistido en lo “difícil” de esta situación de interinidad”, y ha reparado en que son más de 80 millones de euros los que faltan por la liquidación del IVA de 2016, algo que es un “lastre” para las cuentas aragonesas. “Esperamos resolverlo de manera pacífica y sensata, sino tendremos que recurrir a otro tipo de fórmulas”, ha advertido. Ha urgido a contar con esas entregas a cuenta porque “necesitamos el cálculo de entregas a cuenta para 2020 y el cálculo de déficit para orientar nuestros trabajos”, ha indicado.

La despoblación, una cuestión de Estado

Sobre despoblación, ha puesto el acento en que ya se trata de “un reto de Estado”, apuntando que es “un error aislar cada caso concreto de una visión panorámica general que tiene que ver con el modelo de país” que se pretende en el siglo XXI. Para Lambán, el problema del reto demográfico se resuelve “pensando en una España del siglo XXI basada en la igualdad de todos los ciudadanos”. “Tenemos que pensar cómo afrontar la España rural, que debe tener oportunidades equiparables a las que tiene la España del litoral”, ha dicho, algo que pasa por que las regiones más afectadas “tengan más oportunidades”.

Según el presidente aragonés, hay que reclamar “políticas concretas y no varitas mágicas”. Servicios, oportunidades de empleo y reforma de la financiación autonómica que “tenga en cuenta el coste por persona de los servicios que se prestan” son las recetas de Lambán contra la despoblación, a lo que ha sumado una nueva PAC que se está negociando ahora y que “debe atenerse a favorecer a productores y pequeños agricultores” más allá de seguir primando a otro tipo de actividades agrarias.

El reto demográfico es algo de lo que “cada vez se sabe más”, y regiones como Aragón “se están dotando de figuras que horizontalizan las políticas, como los comisionados respectivos” creados en las dos regiones. En este punto, ha sugerido a ambos comisionados por el reto demográfico de Aragón y de Castilla-La Mancha a estar en permanente interlocución, recordando que administraciones como ayuntamientos y diputaciones son también “fundamentales” para abordar estas estrategias.

Por su parte, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, también ha avisado de que a Castilla-La Mancha “no le va a valer una propina, ni un fondito”, tras lo que ha recordado que en una localidad como Molina de Aragón cuesta mucho más atender un infarto que en Sabadell. Aunque ha reconocido haber “avanzado mucho” en pocos años en materia de despoblación, ha recalcado que “no toda la despoblación es la misma”, ya que en el caso de su región no es similar el problema de zonas de montaña o en La Mancha. “Hay muchas formas y muchos matices de abordar este problema. No lo queremos ver como un drama. Reclamamos que uno de los elementos absolutamente imprescindibles para nosotros es que en el modelo de financiación a negociar” sea clave tener en cuenta las “singularidades” de la despoblación.

En esta línea ha insistido en que es la “igualdad de oportunidades” la que debe primar a la hora de repartir el dinero entre las comunidades autónomas. Para ello hay que tener en cuenta las “singularidades” de cada región, pero “el grueso de la financiación no tiene que someterse a la bilateral” entre regiones y Estado. “Nos tenemos que sentar todos –más allá de los regímenes forales– a negociar. Y si no se ha hecho es por Cataluña”, y ha añadido que son ya “muchos años de retraso” para abordar la nueva financiación autonómica, y ahora “se está poniendo en peligro el Estado del Bienestar”. A pesar de que las comunidades autónomas “han enderezado el rumbo”, ha avisado al Ministerio de Hacienda de que si quiere que las regiones cumplan, también tienen que hacerlo en el Departamento de María Jesús Montero. “El escaqueo que nos han hecho con el IVA tiene que resolverse en semanas. Es un problema que nos puede llevar a todos a un estrangulamiento que haga resentirse los planes de expansión en servicios sociales”, ha advertido.

Declaración Institucional de Molina de Aragón:

Ambos gobiernos han suscrito una Declaración institucional en el que transmiten al Gobierno de España la necesidad de:

Ø Abordar de forma urgente y de manera perentoria la negociación, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, del nuevo modelo de financiación autonómica, para poder garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales por parte de las Comunidades Autónomas.

Ø Garantizar que la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica se alcance desde el consenso multilateral, en el cual se tengan en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas.

Ø Recoger las modificaciones normativas necesarias para que los principios de suficiencia y autonomía financiera y seguridad jurídica de las Comunidades Autónomas no estén a expensas de la situación política nacional y que no dependa, entre otras cuestiones, de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Ø Desbloquear de manera inmediata, con las modificaciones legales oportunas, si fueran necesarias, la actualización de las entregas a cuenta que el Gobierno de España adeuda a las Comunidades Autónomas en general y a Aragón y Castilla-La Mancha en particular.

Ø Abonar a las Comunidades Autónomas en 2019 el importe de la mensualidad del IVA no ingresada en 2017.

Ø Desligar la comunicación de las entregas del año 2020 a cuenta del proceso presupuestario nacional.

En todo caso, tal como se recoge también en la Declaración Conjunta suscrita en Zaragoza, se considera que el nuevo modelo de financiación autonómica debe reforzar los siguientes principios:

a) Garantizar que todos los ciudadanos españoles reciban los mismos servicios, con independencia de su lugar de residencia y de su capacidad fiscal o económica, estableciendo unos mínimos obligatorios de acceso, extensión y calidad financiados adecuadamente.

b) Corregir la infrafinanciación que presenta el modelo vigente, dotando al sistema de mayores recursos, preferentemente para sanidad, educación y servicios sociales. El futuro sistema de financiación debe plantear como objetivo inexcusable la sostenibilidad del Estado del bienestar

c) Garantizar los recursos necesarios a las Comunidades Autónomas para que ninguna de ellas empeore su posición financiera como consecuencia de la reforma del modelo vigente.

d) Fijar las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas para que puedan ofrecer el mismo nivel de servicio público, teniendo en cuenta el distinto coste de prestación de dichos servicios en cada territorio.

e) Evaluar las necesidades reales de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales, y, de forma diferenciada, el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia.

f) Establecer políticas industriales y de empleo que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico, a fin de garantizar la prestación de servicios públicos de calidad a estas últimas zonas y dotar de mayores recursos financieros para el desarrollo rural y combatir la despoblación.

g) Impulsar la necesaria armonización de los tributos cuya recaudación corresponde a las Comunidades Autónomas, susceptibles de elusión fiscal a través de procedimientos de deslocalización personal o empresarial, para impedir la competencia fiscal desleal entre distintos territorios .potenciando mecanismos de corresponsabilidad fiscal de las CCAA

h) Potenciar políticas de desarrollo regional mediante una adecuada dotación presupuestaria.

i) Hacer efectivo el principio de lealtad institucional que debe presidir todo modelo de financiación, para que las decisiones del Gobierno de España que afecten a la capacidad financiera de las comunidades autónomas en la prestación de los servicios sean debidamente evaluadas y, en su caso, compensadas.

j) “Instar las oportunas modificaciones legislativas para que las obligaciones financieras para con las CCAA sean materializadas al margen de las vicisitudes que viva la tramitación presupuestaria del Gobierno de la Nación, al estilo de los compromisos financieros que como país mantenemos con distintas instituciones internacionales (a contrastar).

Colaboración en materia sanitaria

En materia sanitaria, ambos Gobiernos han acordado renovar – incorporando mejoras- el convenio suscrito entre ambas partes en 2014 que regula el ámbito de coordinación en materia de asistencia sanitaria y atención especializada de primer y segundo nivel con el objeto de facilitar la accesibilidad de la atención sanitaria especializada más cercana para los pacientes de zonas limítrofes de ambas comunidades. Un convenio que permite asegurar la coordinación de los dispositivos sanitarios con el fin de lograr un beneficio recíproco para las actuaciones de los sistemas comunitarios de ambas regiones.

Prevención y extinción de incendios

Del mismo modo, los gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón mantienen un convenio de colaboración en materia de prevención y extinción de incendios forestales, conscientes de la necesaria coordinación y colaboración entre administraciones y especialmente con aquellas comunidades limítrofes.
El marco de colaboración abarca las actuaciones de intercambio de experiencias y de las mejores prácticas de extinción en materia de formación y una mejor redistribución y eficacia del dispositivo, evaluando su disposición en las zonas limítrofes y evitando solapamientos.

Mesas técnicas

Previo al encuentro entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, ha tenido lugar una mesa técnica sobre despoblación en la que han participado el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de Aragón, Mayte Pérez Esteban; el comisionado para el Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique, y su homólogo en Aragón, Javier Allués Sus.

Y una segunda mesa sobre financiación con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Aragón, Carlos Pérez Anadón; el director general de Presupuestos de Castilla-La Mancha, Isidro Hernández Perlines y el director general de Presupuestos, Financiación y Tesorería de Aragón, Andrés Leal Marcos.

Un recuerdo para las víctimas de Dana

El encuentro celebrado entre ambas comunidades autónomas en Molina de Aragón no ha dejado pasar el recuerdo para las víctimas de la pasada gota fría, conocida por Dana. El líder del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, ha arrancado la intervención conjunta manifestado su pesar por los efectos de la gota fría en la comunidad vecina.