Estimado Pablo
La sociedad aragonesa nos está interpelando cada vez con más fuerza, exigiéndonos que aprobemos de una vez los presupuestos de 2017.
Tienen derecho a hacerlo y nosotros como gestores de lo público, la obligación de cumplirlo. Cada uno desde su responsabilidad. No podemos eludir nuestras responsabilidades, por respeto a los compromisos electorales adquiridos, a los pactos de investidura suscritos y a los acuerdos alcanzados en lo que llevamos de legislatura.
Los presupuestos son imprescindibles para continuar la senda de la recuperación de derechos que se ha llevado a cabo desde el inicio de la legislatura. El Gobierno de Aragón, siempre cumpliendo los pactos alcanzados por las cuatro fuerzas de la izquierda representadas en las Cortes, ha priorizado las políticas sociales con el objetivo de recuperar los servicios públicos y el bienestar de los aragoneses.
De hecho, los enormes avances en materia de políticas sociales (la recuperación de la dependencia, el aumento del dinero para el IAI, el gran esfuerzo inversor en la educación y sanidad públicas…) han sido posibles gracias a la colaboración y el compromiso de PSOE, Podemos, CHA e IU.
Pero ahora, sin esa colaboración, las justas demandas educativas, sociales y de toda índole que ahora mismo nos están planteando los ciudadanos serán imposibles de atender. Por tanto, es responsabilidad de todos dejar a un lado los intereses y estrategias partidistas y dedicarnos a solucionar los problemas de los aragoneses, de la gente, que es para lo que nos eligieron.
No voy a calificar vuestra exigencia de que, para hablar de los presupuestos, cese primero al consejero de Hacienda. Es simplemente inaceptable. La potestad de un presidente es nombrar y cesar a los consejeros. Renunciar a ejercer esa potestad, dejar que sean otros los que pongan o quiten consejeros es tanto como perderse el respeto a uno mismo y perderle el respeto al cargo institucional que ocupa. O lo que es lo mismo, abrir de par en par la puerta a que progresivamente le pierdan el respeto todos los demás, toda la sociedad.
Hacerlo sería indigno. Pedirlo –lo digo con todo respeto- es profundamente antidemocrático. ¿Qué sería lo siguiente?
Sin embargo, es entendible que una fuerza política que ha respaldado a un presidente en su investidura, aunque no forma parte del Gobierno, tenga todo el derecho a exigir garantías sólidas a la hora de aprobar el presupuesto y cumplir los acuerdos pactados.
Tenéis, por tanto, ese derecho, y el Gobierno tiene la obligación de reconocerlo y arbitrar esas garantías tal y como hemos planteado siempre que hemos hablado con vosotros. Pero cesar a un consejero no garantiza nada. Habilitar los mecanismos jurídicos y políticos puede garantizarlo todo.
Hasta ahora el Gobierno ha cumplido sus compromisos. Para verificarlo ante la opinión pública, te propongo que recuperemos el observatorio que constituimos en 2015. Insisto en manifestarte mi disposición a poner en marcha inmediatamente todas las garantías jurídicas y políticas que sean posibles. Los aragoneses no pueden esperar más.
La confianza no se la disteis en la investidura a los consejeros. Me la disteis a mí. En coherencia, no tengo ningún inconveniente en avalar personalmente los acuerdos a los que lleguemos, desde la convicción de que todos debemos realizar los esfuerzos que estén a nuestro alcance para solucionar los problemas de la gente y no defraudar a los que confiaron en nosotros en mayo de 2015. Y debemos hacerlo ya, porque los aragoneses no merecen este espectáculo y no pueden esperar más a que les demos una solución pronta a sus problemas.
Espero tu respuesta y, sobre todo, las propuestas de garantías que estimes oportunas.
Un abrazo