Zaragoza, 12 de abril de 2016.- El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asistido hoy a la renovación del presidente y vicepresidentes del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), donde ha sido elegido el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, José Manuel Lasierra, en sustitución de Natividad Blasco. Carlos Bistuer y Eva Murillo son los nuevos vicepresidentes. A su juicio, este organismo, compuesto por 27 consejeros, 9 por cada grupo de sindicatos, empresarios y el propio Gobierno autónomo, encarna una correa de transmisión eficaz entre la sociedad y el Gobierno de Aragón para dar «buen consejo” en la administración de los recursos colectivos.
Una actividad, sobre la que Lambán propone explorar nuevas fórmulas de participación en un «gobierno colaborativo” al estilo de la Administración Obama, que sume elementos y sectores bien informados y con fórmulas más útiles e innovadoras. «En Aragón contamos con el Consejo Económico y Social, una importante correa de transmisión de doble dirección con cuyo criterio cuenta el Ejecutivo” y que propone seguir actualizando y perfeccionando.
El CESA es un órgano consultivo e independiente que persigue la participación de la sociedad en las decisiones económicas y sociales de Aragón, que fomenta el dialogo entre los agentes sociales y que asesora al Gobierno y a las Cortes en cuestiones económicas y laborales.
Lambán ha recordado la complejidad del momento actual donde las comunidades autónomas se encuentran en general en una «situación dramática” y que en el caso de Aragón, a pesar de haber realizado un presupuesto realista y de haber contemplado un aumento de casi 100 millones de euros de nuevos ingresos, «y donde hemos renunciado a cualquier política de gasto e inversión, no podremos cumplir el objetivo del déficit». A su juicio, «no se puede ajustar más el gasto, so pena de decir a los médicos que no dispensar recetas o no realicen intervenciones quirúrgicas”. Tras describir este panorama, ha descartado pedir «benevolencia” al Consejo pero sí ha solicitado a sus miembros que tengan en cuenta la situación a la hora de valorar la escasez de inversiones y otros capítulos que favorezcan el crecimiento.
También por ello se ha mostrado partidario de importar un acuerdo de la Asamblea nacional francesa en su fórmula de evaluar las políticas públicas, aplicando otros criterios como la combinación de cifras macroeconómicas y cifras nominales, que habitualmente no entran a valorar qué tipo de empleo se genera, el impacto sobre la igualdad, la calidad de vida o el impacto medioambiental de las políticas públicas. A su juicio, son fórmulas a explorar a lo que también ha animado al Consejo a trabajar en esa dirección.