Madrid, 21 de julio de 2015.- La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado ha aprobado esta tarde, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria, una normativa que, en palabras del ponente socialista, Antonio Arrufat, debería unificar los controles autonómicos y las sanciones para la calidad alimentaria y, sin embargo, «según los operadores y afectados no aporta seguridad jurídica” y además «invade competencias a las Comunidades Autónomas que vienen aplicando la normativa propia”. «El sector demanda un solo organismo de control alimentario y que coordine todas las actividades del Gobierno y se asegure la coordinación de las Comunidades Autónomas, efectos que no se consiguen con el presente proyecto de ley”, ha precisado.
Durante su intervención ante la Comisión senatorial, Antonio Arrufat, ha anunciado la abstención de su grupo parlamentario al citado proyecto y ha criticado «la falta de voluntad del Gobierno para buscar el consenso entre las Comunidades Autónomas y los grupos políticos a la hora de redactar este proyecto”. «No ha habido ni trabajo ni capacidad de convencimiento con los territorios de la necesidad de una ley que homologue todas las actividades que tienen que ver con el control alimentario y con el control de fraudes”, ha lamentado el senador socialista y ha advertido que la nueva normativa «corre el riesgo de ser objeto de algún recurso de inconstitucionalidad por parte de alguna Comunidad Autónoma que vea invadidas sus competencias, como por ejemplo, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, o el País Vasco”.
El senador del PSOE ha afirmado que se trata de «una norma más a aplicar” en lugar de poner en marcha otros trámites administrativos y ha censurado que sea «una lucha frontal a las medidas contra la despoblación recientemente aprobadas en el pleno del Senado, las cuales hacían referencia a la discriminación legal positiva en territorios despoblados”.
Arrufat ha insistido en la «ausencia de consenso” a la hora de redactar esta norma frente a otras leyes -como por ejemplo, la ley de seguridad alimentaria- y ha criticado al Gobierno porque este proyecto «entremezcla y complica el asunto para los inspectores, para los instructores y para los órganos sancionadores” y le ha acusado de «estar alejado de la realidad social y económica de este país”. «Parece buscar mayores dificultades para crear empleo y una mayor inseguridad empresarial”, ha afirmado el senador socialista, quien además ha cuestionado la aplicación de esta Ley y ha asegurado que «el Ministerio ni tiene ni tendrá inspectores ni podrá instruir expedientes ni podrá sancionar, sencillamente, por ser un asunto de competencia autonómica” y ha recordado que comunidades como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia o el País Vasco tienen sus propias leyes de calidad alimentaria. «Además, esta ley no deroga las legislaciones autonómicas, por tanto los inspectores, los instructores de expedientes, y los órganos sancionadores podrán utilizar diferentes normativas y dificultar la resolución de expedientes y derivar en posibles conflictos”, ha apuntado.
El senador por Teruel también ha reprochado al Gobierno haber hecho caso omiso al dictamen del Consejo de Estado que establecía dejar «un margen considerable de discrecionalidad a las Comunidades Autónomas que sirva de instrumento para que en España se avance en la línea de armonizar el sistema de controles de calidad alimentaria «. «Y el sector -que es el afectado, el que crea los puestos de trabajo- es lo que está demandando, que todo el sistema de controles sea uniforme en todo el territorio español, que se facilite y se favorezca la actividad profesional”, ha asegurado Arrufat, antes de resaltar que «el sector demanda no solo que la administración del Estado se coordine a sí misma, si no que cree un órgano dedicado a los temas de control y seguridad alimentaria.
Arrufat, tras recordar de nuevo que en el trámite del proyecto de ley no se ha escuchado el dictamen del Consejo de Estado, ha subrayado que precisamente las enmiendas del Grupo Socialista van en esa dirección y ha destacado que dichas propuestas persiguen una doble finalidad, «por una parte, contribuir a mejorar el objeto y el ámbito de la ley” y, en segundo lugar, «subsanar alguna laguna existente en la misma, como por ejemplo, la referida al desperdicio alimentario”.
En este punto, Antonio Arrufat se ha detenido a desgranar algunas de las 17 enmiendas socialistas y, así, ha reivindicado la necesidad de «articular mecanismos para que el desperdicio de alimentos llegue a ONGs, entidades solidarias, y bancos de alimentos que son los que gestionan la ayuda alimentaria en favor de quienes lo necesitan”. Además, ha subrayado que es necesario «garantizar una correcta delimitación del contenido del concepto de calidad alimentaria, excluyendo del mismo los aspectos que cuentan con normativa específica” y «la exclusión de la aplicación de bienestar animal, etiquetado de alimentos, etiquetado de calidad diferenciada como denominaciones de origen o indicaciones geográficas, agricultura y ganadería ecológicas”.
Respecto a la inmovilización en casos graves o muy graves, el senador del PSOE ha explicado «que parece excesivo que una mera sospecha de infracción leve pueda conducir a la inmovilización cautelar que siempre lleva consigo un perjuicio para el operador”. Asimismo, ha incidido en que se debe respetar el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas que tengan competencia como normativa propia en esta materia. Finalmente, Arrufat ha hecho hincapié en la incorporación de un anexo nuevo a la ley sobre normativas que delimite correctamente el concepto de calidad alimentaria y, en consecuencia, el ámbito de aplicación de esta norma.
Terminado el debate y producida la votación, el proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria, ha recibido el apoyo de la Comisión senatorial –16 votos a favor del Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta, frente al resto de los grupos parlamentarios -3 votos en contra y 7 abstenciones-, por lo que al no haber sufrido variación alguna respecto al que llegó del Congreso, pasa directamente al BOE para su publicación y entrada en vigor.