(23/02/15). El PSOE ha organizado una jornada de reflexión sobre Política y Función Pública, en la que el líder socialista, Javier Lambán, ha expuesto la necesidad de emprender una reforma profunda de nuestro sistema administrativo, lo que a modo de resumen pasa por una «descolonización” de la Administración por parte de los partidos políticos, de manera que se camine hacia la simplificación, desburocratización, democratización, profesionalización y evaluación.
A su juicio, esta transformación va en dos direcciones:, por un lado, el replanteamiento de la arquitectura institucional sobre los pilares de comunidad autónoma y gobierno local y por otro, la reforma de la función pública
Lambán sostiene que la calidad en la función pública depende del nivel técnico de los funcionarios y ésta a su vez de los métodos objetivos para medir el mérito y la capacidad” pero hay elementos suficientes para pensar que hay disfunciones”, como la excesiva proliferación de cargos de confianza, no solo en niveles directivos sino administrativos, politizándose demasiado los servicios públicos y las empresas públicas. Igualmente excesiva le parece la parte de la administración provista directamente por los partidos y que cambia cuando cambia el gobierno.
Cree que nuestro modelo, lejos del de los países anglosajones o escandinavos, es más el de la vieja Restauración y las antiguas cesantías «que tan bien describía Galdós”.
Para el líder socialista, una función pública moderna es aquella en la que sus miembros son inamovibles y sus carreras solo dependen del mérito y la capacidad de cada cual. Ejemplo de ello es que en Inglaterra o Dinamarca ni siquiera el jefe de gabinete del primer ministro cambia cuando llega un nuevo titular. Se ponen al servicio del programa del nuevo vencedor. «De ahí la importancia de los programas, que en España se desprecian”, subraya Lambán.
Su propuesta es clara: acabar con la «invasión ilegítima” de los partidos políticos. La administración se dirige. No se ocupa ni se coloniza”.
Como elementos de reflexión repara en que en el reparto de poder entre funcionarios de habilitación nacional y electos es actualmente de un 20% – 80%m cuando debería de ser del 50% – 50%.
«Qué hacer, lo deben decidir los políticos, mientras que el Cómo y quién, lo deben hacer comisiones formadas por funcionarios de carrera”, resume Lambán.
También rechaza que el nombramiento de interventores y secretarios (funcionarios de habilitación nacional), se haga por los alcaldes, de forma que se coloque al vigilado en papel de vigilante.
Otra propuesta en esta senda es cambiar el sistema de elección de Cámara de Cuentas o Justicia de Aragón, de forma que en los pasos previos de elección exista pronunciamientos de expertos ajenos a la política, con planteamientos cerrados que tengan que ser aceptados por los políticos.
También propone desmontar algunas figuras creadas para soslayar controles, como fundaciones y empresas públicas.
Lambán aboga por conceptos flexibles porque estima que «España ha internalizado el trámite y ha externalizado la inteligencia en el sector público”.
Además, propone una evaluación de políticas públicas para evitar así gastar en cosas inútiles y recortar en lo necesario e imprescindible, como I+D+I, o Educación.
Lambán defiende este asunto como política de Estado, que requiere un gran consenso, siendo asunto troncal del modelo de país que la política y la función pública sean vistas por la sociedad civil y por los ciudadanos como aliados necesarios para su progreso y no como una carga.
Para llegar a estas propuestas, previamente ha analizado, desde una perspectiva profesional, la situación actual de la función pública, donde el empleo público es un espacio natural de las clases medias, muy castigadas por la crisis y la austeridad, con despidos de interinos, recortes de sueldos de funcionarios, empobrecimiento de maestros y médicos, pérdida de su prestigio social.
En este sentido, ha recordado que el personal al servicio de las administraciones públicas se ha rebajado en 6.040 personas con respecto a 2011, donde solo en Sanidad, los recortes ascienden a 1.045 trabajadores.
Pero cree que la administración pública es el instrumento del que se sirve el sistema para gestionar los servicios públicos. Sin administración, la voluntad política se reduce a un simple deseo, ya que es la que permite pasar del dicho al hecho y propone dinamizar la economía, no frenarla, creando relaciones claras y escrutables, sin espacios oscuros de corrupción. De ahí que deba someterse a la administración pública a procesos profundos de simplificación, desburocratización, democratización, profesionalización y evaluación.
Jornada
La Jornada ha estado compuesta por dos mesas. En la primera, que lleva por título Buen Gobierno, ha participado Mª Ángeles González y Pilar Ventura, moderada por Mariano Berges. Una segunda mesa, sobre Buena Administración, ha contado con la intervención de Julio Guiral y Daniel Alastuey, moderada por Jesús Sarría.