Alcañiz (16/02/15).- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Sada, ha presentado esta mañana en Alcañiz un el recurso especial contra el anuncio de licitación de la concesión de obras del nuevo hospital de Alcañiz ante el Tribunal administrativo de contratos públicos de Aragón. El PSOE ha pedido la paralización del anuncio de licitación de estas obras para luego promover la retirada y anulación del expediente para que no se pueda proceder a la formalización del contrato, no comenzar su ejecución, quedando sin efecto la fecha final prevista para la presentación de ofertas, hasta el 9 de marzo. El motivo: considerar la operación como una «privatización encubierta” que supone un coste de 451 millones de euros de construcción privada frente a los 85 de gestión pública.
«Si les queda un gramo de decencia, tanto a Rudi como a Oliván, no pueden hacer una apuesta por la privatización del hospital después de cuatro años de paralización absoluta, de mirar para otro lado, tanto con el hospital de Teruel como con el de Alcañiz. A tres meses de las elecciones, remueven un poco de tierra en Teruel y aquí –por Alcañiz- es peor, porque van a dejar una losa económica y laboral al futuro de la zona y de todo Aragón, además de ser una privatización de servicios públicos imprescindibles como la salud, en un modelo que ha fracasado ya en Reino Unido, Valencia y Madrid”.
La medida se toma, según ha explicado Sada, para evitar perjuicios a los intereses afectados, «ya que el Gobierno de Aragón no sólo cede a empresas o fondos de inversión los servicios no sanitarios, sino todos los negocios posibles dentro del ámbito hospitalario, permitiendo además la implantación de otros comercios en el propio terreno público, que explotará la concesionaria, existiendo igualmente la posibilidad de que la empresa privada realice cualquier tipo de publicidad o venta de productos propios».
Considera que no se han contestado 11.000 alegaciones y 17.000 firmas de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos durante la exposición del estudio de viabilidad del proyecto. También destaca que el anuncio supone un gasto reconocido para el Gobierno de Aragón de 451.174.551 euros, que se abonarán entre 2018 y 2037, estableciendo durante ese plazo de 20 años una concesión a empresas privadas que gestionarán el hospital y abonando la DGA un canon anual de 15,4 millones de euros por su uso así como 2,6 millones por prestar servicios sanitarios externalizados.
Ese gasto, aduce Sada, se vería incrementado en el supuesto de que existan graves problemas en la gestión del centro o que el mismo resulte inviable económicamente, ya que deberá acudir al rescate con dinero público, pudiendo la cantidad incrementarse de manera notable.
Frente a ese sistema de adjudicación se presentaron proyectos alternativos de gestión pública que no han sido tenidos en cuenta, señala el socialista, que serían 85 millones de euros en presupuesto base de licitación, «con evidentes beneficios que ello conllevaría para los habitantes del Bajo Aragón e incluso para las propia arcas autonómicas».
El PSOE habla de privatización de la sanidad acudiendo a la financiación privada y generando con ello un importante endeudamiento. Indica además el PSOE en su argumento al Tribunal que esos importes se registrarán mientras que entre 2012 y 2015 el gasto sanitario se ha visto reducido en 900 millones de euros, «cantidad que sobradamente podría haber financiado el hospital».
Destaca también que la construcción se realizará en un terreno público y que se dan incertidumbres importantes ante el sistema de gestión del hospital una vez esté construido, «derivados de los posibles incumplimientos empresariales que se produzcan durante el plazo de vigencia de la concesión». Así, el portavoz del PSOE subraya que esto puede conllevar un deterioro de la calidad del servicio para los ciudadanos. Remite así a casos similares en otras comunidades que han llevado a rescates de la empresa adjudicataria por la mala gestión de los servicios ofertados.
El PSOE también alega que en el pliego de cláusulas administrativas no se obstaculiza que la concesionaria esté imputada o incursa en procedimientos penales, como ha ocurrido con muchas, por lo que hablan de «falta de rigor».
En el mismo sentido, el PSOE asegura que no exigen acreditar solvencia ni garantías suficientes por incumplimiento o condiciones de rescisión o reversión de la concesión. Se permite incluso presentar garantías mediante participaciones en fondos de inversión, aunque su sede se encuentre en un paraíso fiscal, por lo que difícilmente se podrá acreditar la solvencia de la posible empresa adjudicataria.