(29/10/14). La portavoz socialista en Servicios Sociales, María Victoria Broto, propone un acuerdo para proteger la Ley de Dependencia, debido al desmantelamiento que está sufriendo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Para ello, propone en primer lugar la constitución de un grupo de trabajo con las entidades locales, agentes sociales, movimiento asociativo y grupos parlamentarios que analice la aplicación de la ley, las modificaciones llevadas a cabo, los resultados obtenidos, las disfunciones registradas y la incidencia en la economía y el empleo.
Para llegar a esta propuesta –que se plasmará en una Proposición No de Ley ante la Mesa de las Cortes-, ha expuesto como antecedentes diversos datos que ponen de manifiesto la grave situación que atraviesan las personas dependientes en Aragón. Muchas de las que están valoradas aún no reciben prestaciones y cuyo número, según los propios datos del Imserso, asciende a 7.536 personas, a fecha 31 de agosto. Cifra, sin embargo, que puede incrementarse en otras casi diez mil si se tienen en cuenta las personas que no están incluidas por la aplicación del Real Decreto de 2012 que «aparcaba” a personas con grado 1 hasta 2015.
Broto sostiene que Aragón arroja uno de los peores resultados de todo el conjunto nacional, donde la situación es ya «dramática” y donde hay que gente que muere esperando la prestación a que tiene derecho.
La parlamentaria socialista desmonta los argumentos del consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, que se escuda en un cambio de modelo de aplicación de la ley, favoreciendo más servicios en detrimento de las prestaciones en el entorno familiar de las personas en situación de dependencia. Ejemplo de ello es que hay 6183 personas menos con prestaciones en el entorno familiar y 3333 personas menos que cotizan a la Seguridad social por ser cuidadores de dependientes pero al mismo tiempo tampoco se están prestando otros servicios alternativos.
La segunda cuestión que plantea la parlamentaria socialista, después de crear un grupo de trabajo, es un acuerdo para reforzar la financiación autonómica de esta ley, que hoy por hoy, registra unos recortes de 57 millones de euros desde que gobierna el PP. Broto ha reconocido la dificultad para encontrar estos datos pero recuerda que la diputada en el Congreso, Susana Sumelzo, preguntó el pasado año por estos recortes y el Ministerio de Sanidad e Igualdad reconoció que desde 2012 a 2013 se había reducido la aportación para Aragón en 15 millones de euros.
La propuesta socialista contempla, en tercer lugar, que de manera urgente se recupere el calendario de la aplicación de esta ley.
Broto no ha puesto condiciones en cuanto a la forma y lugar de constituir este grupo de trabajo, admitiendo tanto la posibilidad de llevarlo a cabo en las Cortes de Aragón, como en el seno de la propia Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. «Lo importante es ponerse a trabajar y recuperar una ley que ha supuesto un avance total en servicios sociales”, ha subrayado.