La portavoz socialista en Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha considerado hoy «una desvergüenza” que el Gobierno de Rudi diga que la modificación de la Ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) va a solucionar los alarmantes datos que hablan de que más de 1.000 personas están pendientes de cobrarlo, algunas de ellas desde diciembre. Y es que, Broto ha recordado que la modificación de esta ley supondrá que «todavía haya menos perceptores” porque «lo único que pretende es ahorrar, aunque sea una percepción imprescindible y de subsistencia para muchas familias aragonesas”.
La diputada socialista ha recordado que el PSOE ya alertó, a principios de año, que el presupuesto que el Ejecutivo aragonés había destinado este año para el IAI «era a todas luces insuficiente y estaba hipotecado”. En este sentido, ha recordado que con los datos de enero de 2014 facilitados por el propio Departamento, la nómina del IAI fue de 2.710.874 euros. Si esta cifra se multiplica por 12 meses, resulta más de 32 millones de euros; sin embargo, el presupuesto que tenía el Gobierno de Rudi es de 28 millones, por lo que con este presupuesto sólo se pueden cubrir 10 meses.
Broto ha criticado así la «falta de apuesta política de la presidenta Rudi por aquellas personas que están pasando por más dificultades”. Y es que, ha dicho, «el problema que ha habido durante todo el año en aquellas familias que atraviesan una situación crítica y que están a la espera de recibir esta ayuda no ha sido la tramitación ni de falta de documentación de los perceptores, sino de falta de presupuesto y de voluntad política”.
«El Gobierno de Rudi nunca ha querido entender que estamos hablando de un derecho subjetivo reconocido en la Ley de servicios sociales de Aragon, una ley que la presidenta Rudi incumple sistemáticamente, un derecho esencial para muchos ciudadanos y, sin embargo, una vez más, ha abandonado a los más débiles, ya que no hacen políticas para mejorar su situación, sino para dejarlos en la cuneta”, ha lamentado.
Por último, ante esta situación, le ha reclamado al Gobierno de Rudi «seriedad, transparencia, compromiso y que tenga muy claro que estamos hablando de una prestación que es imprescindible para la supervivencia de muchas familias y que no puede estar condicionada a la disponibilidad presupuestaria; es además un derecho universal”.