El PSOE critica la falta de transparencia y la búsqueda de excusas del Gobierno de Rudi con las residencias de mayores con el único objetivo de cerrar las de Fonz, Movera y Turia y denuncia el retraso en los pagos de las plazas

María Victoria Broto pide la devolución del proyecto de ley de reforma del IAI porque se propone exclusivamente reducir el número de solicitantes y perceptores y procurar ahorro económico

La portavoz socialista en Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha criticado hoy la falta de información y de transparencia en el proceso de cierre de residencias del Gobierno de Rudi para crear inseguridad, ocultar la falta de gestión y buscar excusas con el único objetivo de cerrar las tres residencias públicas de Fonz, en Huesca, Movera y Turia, en Teruel. María Victoria Broto ha señalado que desde el principio de legislatura el Gobierno de Rudi anunció el cierre de 25 residencias, si bien –según respuesta del propio Ejecutivo– se han cerrado 10 residencias, tres de las cuales son las públicas y dos (la de La Catedral de Huesca y  la de Jesús Te Ama) se cerraron en la legislatura pasada. “Todo el proceso ha sido una excusa para cerrar las residencias  públicas de Fonz, Turia y Movera”, ha señalado.

 

María Victoria Broto ha pedido al consejero Oliván “que no haga nada” ante el proceso de desmantelamiento de los servicios sociales. La diputada socialista también ha lamentado que hay “graves problemas” en las residencias concertadas que no han firmado el acuerdo marco con el Gobierno de Aragón, pero que suscribieron un convenio en septiembre de 2013 para el pago de las facturas por el Ejecutivo regional. En mayo se pagaron las facturas acumuladas entre septiembre y diciembre del año pasado y siguen pendientes las de 2014.

 

En este sentido, ha señalado que las residencias, los ayuntamientos y comarcas, están asumiendo un déficit del Gobierno y, para ello, se han visto obligados en algunos casos a solicitar créditos. Broto ha señalado que la deuda pendiente no la ha cuantificado, si bien sólo en la provincia de Huesca se adeuda un total de 600.000 euros. La parlamentaria socialista también ha preguntado sobre los criterios del Departamento para la adjudicación de plazas en la residencias ante la falta de transparencia.

 

Asimismo, María Victoria Broto se ha referido al desmantelamiento paulatino de los servicios sociales por parte del consejero Oliván. Ha recordado los  8.323 dependientes reconocidos que no reciben la prestación ni el servicio. Asimismo, ha criticado la reducción en un 27 % las prestaciones vinculadas al servicio cuando la media estatal ha crecido un 34,6 %. Ha indicado que las prestaciones en residencias se han reducido un 3,8 %, mientras la media estatal es del 8,1 %.

 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LA LEY DEL IAI

 

Por otra parte, María Victoria Broto se ha referido a la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al proyecto de ley de reforma del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Además, el PSOE ha informado que ha presentado cincuenta enmiendas parciales.

 

En relación a la enmienda de devolución, ha dejado claro que “estamos ante un texto que lo que propone exclusivamente es reducir el número de solicitantes y perceptores de esta prestación y procurar un ahorro económico en los Presupuestos del Gobierno de Aragón, un ahorro que se produciría pasando sobre la garantía de unas condiciones de vida mínima dignas de las personas más vulnerables de nuestra comunidad autónoma”.

 

“Un texto que sólo propone novedades para aumentar los controles, los procesos burocráticos y la creación de trabas y dificultades a la percepción de la prestación económica que significa el último recurso, la última frontera, que los separa de la desesperación absoluta; un texto que copia las peores características de las normas que regulan este tipo de prestaciones en el resto de Comunidades Autónomas españolas”, agrega.

 

Ha añadido que “de una forma callada se procede a la modificación sustancial de los contenidos del Decreto de 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón. Una modificación que se realiza por la puerta de atrás y de forma implícita al proponer regular esta prestación como complementaria por la vía de los hechos, es decir, haciéndola dependiente de las existencias presupuestarias”.

 

Por último, María Victoria Broto ha indicado que una ley como este tipo debe dar respuesta a las necesidades sin que esté sujeto a las disponibilidades presupuestarias, porque “estamos hablando de supervivencia”.