La portavoz socialista en Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha denunciado hoy que tanto Rudi como Rajoy «están acabando con la Ley de Dependencia”, pasando de «un sistema garantista a un sistema asistencialista, que supone que los ciudadanos que tengan derechos reconocidos vayan camino hacia la beneficencia”.
Así de contundente se ha mostrado la diputada socialista al explicar que, con datos de 1 de diciembre de 2012, en Aragón hay 9.341 personas con derecho a la prestación que están esperando todavía a recibirla. Entre otras cosas, «eso significa no pensar en las personas ni en los más débiles porque simplemente con un 0,07 de incremento en el déficit se podría dar respuesta a estas personas”, ha subrayado. Pero, además, ha criticado que lo único en lo que se ha avanzado en Aragón en cuanto a la Ley de Dependencia, del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2012—ha sido en 5 plazas en centros de día.
María Victoria Broto ha recordado que cuando se implantó la Ley de Dependencia con el Gobierno socialista eran 600 personas las que cada vez se iban incrementando como beneficiarios de esta ley. Hoy, en Aragón, hay menos beneficiarios de los que había en diciembre 2010 (de 25.437 a 21.473 el último mes de 2012).
Además, las personas del entorno familiar que ejercían de cuidadores no profesionales han pasado de 15.791 en diciembre de 2010 a 13.315 en diciembre de 2012. En cuanto a personas que están en residencias en 2010 había 3.650 y en 2012 un total 3.135.
Desde junio de 2011 hasta el 1 de diciembre, excepto en el tema de centros de día, se han reducido las prestaciones desde que el Gobierno del PP. Por una parte, con beneficiarios con derechos, hay 2.104 menos; hay 3.059 beneficiarios atendidos menos; se registran 236 personas menos en residencias; 789 personas menos en la prestación económica vinculada a los servicios; 2.192 personas menos que reciben la prestación económica de cuidador en el entorno familiar; y hay 3.360 dictámenes más.
Desde el 1 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2012 hay 278 solicitudes menos; 149 expedientes menos; 323 beneficiarios menos con derecho a ser atendidos; 372 menos atendidos; 234 familias menos reciben la prestación económica; y no se ha puesto en marcha el sistema de teleasistencia ni tampoco el de atención a domicilio.
Además, ha subrayado Broto, no aplicar la Ley de Dependencia como hace la presidenta Rudi «tiene una grave repercusión tanto por el reconocimiento de un derecho como sobre el empleo, ya que esta Ley supuso a nivel del Estado la creación de 185.000 empleos directos y de 63.000 indirectos”. En Aragón, se han producido 2.689 bajas en la Seguridad Social de cuidadores en el entorno familiar: 508 en Huesca, 396 en Teruel y 1.785 en Zaragoza.
La diputada socialista también ha denunciado que «se ha acabado la transparencia y la información”. Hasta el 1 de diciembre en la página del INSERSO se publicaban todas las cifras de aplicación de la Ley de Dependencia. En este momento, todavía no se han colgado en la página –aunque sigue estando vigente—los datos de la dependencia.
María Victoria Broto también ha denunciado que en la Ley de Acompañamiento las familias, los dependientes, tienen que pagar una tasa de 30 euros (la número 21) por la revisión de su caso, tanto si se hace por petición de la familia como por parte de la propia Administración, planteando un modelo de autoliquidación.
«Aquí todo vale para que el ciudadano se rasque el bolsillo y el Gobierno de Aragón está demostrando con esta tasa que lo que le preocupa es recaudar”, ha señalado.
TELEASISTENCIA Y PLAN CONCERTADO
En cuanto a los recortes en teleasistencia, Broto ha recordado que en los PGE de 2012 había 30 millones de euros, de los cuales Aragón mediante convenios con Diputaciones y Ayuntamientos recibía 2,5 millones para atender a las 16.000 personas que en este momento disponen de ese servicio. «Aunque los presupuestos del Gobierno de Aragón planteen 1 millón de euros, no se llega para mantener los servicios como hasta ahora”, ha apuntado.
En cuanto al Plan Concertado, que sirve para que los Ayuntamientos puedan garantizar los servicios sociales de sus ciudadanos, «a pesar de ser fundamental desde el año 2011 se ha recortado en un 65%” ha subrayado. En 201, de esos 83 millones a nivel estatal Aragón obtuvo 3 millones; en 2012 llegaron a la comunidad 1,6 millones de euros; y en 2013 se van a contar con 949.167 euros, lo que significa que «damos pasos absolutamente atrás a pesar de que se necesita una cobertura importante de los servicios sociales”, ha apuntado.
FUERTE ATAQUE DEL PP A LA LEY
La portavoz socialista en Servicios Socialista también ha recordado que nada más llegar al Gobierno, Rajoy paralizó la Ley de Dependencia, redujo en 283 millones en el nivel acordado y después fueron 200 en el nivel mínimo y 200 en los presupuestos de 2013. Otro «fuerte ataque a la ley”, ha señalado, fue el Real-Decreto de 13 de julio para garantizar la estabilidad presupuestaria, por el que se redujeron las prestaciones un 15% a las personas cuidadoras en el entorno familiar. En este momento, tanto por el nivel acordado como por el resto de prestaciones, hay 14 millones menos y se ha prescindido también de los valoradores.
Por último, la diputada socialista se ha referido a una reunión el pasado 16 de enero del Consejo Territorial de Dependencia, en el que «vimos cómo se vuelven a poner palos en la rueda para que las familias tengan menos facilidades, se disminuyó la calidad de las prestaciones y se complica a nivel burocrático la aplicación de la ley”.
UN GOBIERNO QUE NO SE OCUPA DE LAS PERSONAS
Ante esta situación, la diputada socialista ha denunciado que «tenemos un gobierno que no se ocupa de las personas, de las familias, y sobre todo, no se ocupa de ellas cuando tienen problemas”.
En este sentido, ha anunciado que el Grupo Socialista va a seguir planteando iniciativas parlamentarias y se pedirá que tanto Rudi como el consejero Oliván expliquen en las Cortes la aplicación de esta Ley. Y es que, ha dicho, «el PSOE ha estado muy atento a la aplicación de la ley”, recordando que se han pedido cuatro comparecencias a la presidenta y al consejero en esta legislatura.