Un nuevo ataque a los derechos de las mujeres
La herencia ideológica judeocristiana imperante a lo largo de los siglos, germen del machismo de nuestra sociedad, ha determinado el rol de mujer cuidadora y amante de los suyos que de forma sumisa se ha ocupado de administrar cuidados a niños, ancianos o personas dependientes a costa de su desarrollo personal y, sobre todo, laboral.
La ley de Autonomía Personal y Dependencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero produjo un gran impacto en la vida de las personas cuidadoras no profesionales (gran parte de ellas mujeres), que junto con la Ley de Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres fomentaba la conciliación de la vida laboral y familiar. Dicha Ley originó más de 180.000 puestos de trabajo directos y en torno a 60.000 indirectos. Tanto por el perfil de las personas cuidadoras (el 92 % son mujeres) como el de las personas dependientes (de las cuales más del 67% son mujeres), los recortes realizados a esta Ley de Dependencia por el actual Gobierno de Mariano Rajoy atentan contra los derechos de todas las mujeres.
Dicha Ley de Dependencia, de protección y desarrollo de los derechos de los más débiles, supuso un gran avance y originó un impacto positivo importantísimo, no solo desde el punto de vista económico por la creación de empleo, sino también por el aspecto social, al ir dirigida a un colectivo de personas, muchas de ellas mujeres, que injustamente venían sufrido el olvido y la falta de reconocimiento de su trabajo en el entorno familiar. Esta ley consiguió por una parte dar visibilidad a dicho trabajo oculto e injustamente infravalorado y, por otra, dignificar mediante este reconocimiento el rol de cuidadora familiar.
Ahora las medidas de otro gobierno, que ejemplifican que nada le preocupan los colectivos desfavorecidos, discapacitados, los más vulnerables o históricamente ninguneados como las mujeres, o, peor aún, un gobierno insensibilizado con las desigualdades, que no entiende de roles ni mucho menos de sesgo de género y sus consecuencias en la vida de las mujeres, van a eliminar los avances que en este ámbito se habían conseguido deshaciendo todo el camino recorrido en derechos sociales y, por ende, en derechos de las mujeres. Con las medidas de exclusión del derecho de cotización a la SS que muchas cuidadoras disfrutaban, con la esperanza, en muchos casos de conseguir llegar a la cifra de 15 años cotizados, para poder acceder a una pensión, verán cercenado ese derecho. Madres cuidadoras de niños dependientes afectados por enfermedades invalidantes que llevan muchos, muchos años, cuidando de ellos, que percibían la ayuda a la Dependencia y que de alguna manera tenían un reconocimiento social a su actividad casi exclusiva, dejarán de percibirla.
Todo esto y mucho más cercena el nuevo Decreto. Es un ataque frontal a los derechos de los Dependientes, que potencialmente somos todos. Vivimos más, enfermamos más y precisamos, en el mejor de los casos, cuidados en las últimas etapas de la vida. Unas veces este cuidado puede ser administrado en el propio entorno familiar, que sería lo deseable, y en muchos otros casos en instituciones especializadas en cuidados. A partir de ahora, con el nuevo Decreto de Rajoy, para poder asegurar nuestra atención, deberemos contribuir con nuestra vivienda, que pasará a ser computada en la Renta del Dependiente, esquilmando el escaso patrimonio familiar conseguido a lo largo de la vida de cualquier persona mayor.
Recortan así cada uno de los derechos desarrollados y de las medidas implementadas con la ley de Dependencia, reducen un 15% de las prestaciones que se venían percibiendo e imponen una nueva revisión de los niveles asignados y, por tanto, de las prestaciones que con toda seguridad se realizaran a la baja y además excluyen a 400.000 dependientes moderados.
Este Decreto, por tanto, al reducir las prestaciones económicas y ampliar el copago de los servicios residenciales y domiciliarios, aumenta la pobreza de los más pobres y de los más desvalidos, entre los que un alto porcentaje son mujeres mayores, muchas dependientes que perciben bajas pensiones (Pensión media 637 € frente a 1071 la de los hombres) o una pensión de viudedad (596 €). Un 24% de las mujeres mayores de 65 años se encontraban, en 2011, en situación de vulnerabilidad de pobreza, según el INE.
Las mujeres son las más perjudicadas por esta derogación encubierta del derecho del cuidado, ya que el 92% de las personas cuidadoras con convenio de seguridad social son Mujeres. Por otra parte el sector de los Servicios Sociales esta ampliamente feminizado (un 77 % son mujeres). Todo ello unido a la eliminación de planes de fomento de escuelas infantiles, de desaparición de Políticas activas de empleo la Reforma Laboral etc., elimina el derecho a la corresponsabilidad de los hombres y mujeres y dificultan el acceso y la permanencia de las mujeres en el empleo
Otro pilar del Estado de Bienestar, afectado por los recortes, es el de la Sanidad Pública. Las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy atacan, así mismo, a los más débiles y de forma directa a nuestros mayores, por lo tanto también a las mujeres. Los recortes realizados en los servicios sanitarios asistenciales (cierre de puntos lejanos y aislados de atención continuada, falta de sustituciones o de refuerzos de profesionales en zonas aisladas, reducción de medios de traslados de pacientes…) vienen a agravar la situación de las personas con mas dificultades, ya sean de salud, de integridad psicofísica, aislamiento social, y geográfico y, por supuesto, económico, generando desigualdades y colocándolas en muchos casos al borde de la pobreza. Estas y otras medidas son otro ejemplo del cariz ideológico de las políticas del Partido Popular que destruye el modelo de protección y de desarrollo de derechos sociales y del Estado del Bienestar. Frente a la equidad de servicios y a las acciones positivas sobre los colectivos más desprotegidos y vulnerables ellos adoptan medidas de protección a los defraudadores y a los más poderosos. Frente a la igualdad potencian la desigualdad, frente a la equidad la inequidad, con la balanza vencida siempre hacia el mismo lado.
Una nueva amenaza surge sobre las mujeres, tanto sobre las más jóvenes en edad fértil como en las abuelas cuidadoras, también en las familias y en la sociedad en general, es la anunciada modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que supone un nuevo ataque a la libertad de la mujer y a la protección de sus derechos.
Con todas estas medidas el Gobierno ultraconservador de Rajoy quiere trasladarnos a la España preconstitucional; quiere recobrar el concepto tradicional de familia ( a poder ser numerosa) teniendo los hijos que Dios nos dé y quiere retornar, en definitiva, a las mujeres al sitio de donde nunca deberíamos haber salido, para así estar subyugadas en el hogar y con la pata quebrada.
Mª Perla Borao Aguirre
Es Médica asistencial y Master en Salud y Género.