«Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados,
Hoy nos sentamos en esta Cámara porque mañana hace un mes los españoles nos dieron su apoyo para representarles durante los próximos cuatro años. Al depositar su voto nos encomendaron misiones distintas: a quien les habla y al Partido Socialista nos otorgaron una posición mayoritaria para responsabilizarnos del gobierno de España; a otras fuerzas políticas les encargaron ejercer la función de oposición y control del gobierno.
Por esa razón comparezco hoy ante esta Cámara para solicitar su confianza cumpliendo lo dispuesto en nuestra Constitución, y conforme a la propuesta realizada por Su Majestad el Rey.
Acudo a solicitar su confianza no solo para formar un gobierno y presidirlo, sino para impulsar una clara idea de España: un país próspero y a la vez decente; un país eficiente; un país unido y diverso; un país comprometido con la causa de la paz y en la lucha contra el cambio climático y la pobreza.
Pido su confianza para proseguir durante los cuatro próximos años el crecimiento y la prosperidad de España. Y para superar de la mano de empresarios y trabajadores la fase de desaceleración económica que atraviesa nuestra economía en el contexto mundial.
Pido su confianza para traducir ese crecimiento económico en crecimiento social, para generar más y mejor empleo; para alcanzar la definitiva igualdad entre hombres y mujeres –también en los salarios-.
Pido su confianza para lograr entre todos una administración eficiente, enteramente puesta al servicio de los ciudadanos para resolver sus problemas con agilidad.
Pido su confianza para forjar las instituciones que garanticen la unidad y encaucen la diversidad de un país unido y diverso como es España.
Pido su confianza para alcanzar mediante la unidad la victoria de la democracia frente al terrorismo, para disfrutar de una España más segura en sus calles, en las carreteras, en los centros de trabajo. Que plante cara al delito, a la imprudencia en la conducción, a los accidentes laborales.
Pido su confianza para alcanzar las cotas de educación y cultura que merece una gran potencia como es España.
Pido su confianza para ahondar en nuestro empeño europeísta, para defender la legalidad internacional, para combatir en primera línea contra el cambio climático, la pobreza y a favor de la paz.
Pido su confianza para llevar adelante esta idea de España. Y para hacerlo sumando el mayor número posible de voluntades, gobernando para todos, en diálogo con todos, con respeto a todos.
ECONOMIA
Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados,
En el discurso de investidura de 2004 comprometí una acción de gobierno orientada a la modernización y el impulso de nuestra economía.
En los últimos cuatro años hemos crecido más y hemos creado más empleo que cualquier otra economía de nuestro entorno. Hemos sabido ser fieles al compromiso de estabilidad presupuestaria. Hemos sido capaces de ahorrar y de disminuir la deuda pública. Y, por todo ello, en 2008, España tiene una economía más fuerte que en 2004.
Es cierto que, desde hace algún tiempo, muchos españoles se interrogan por el futuro de nuestra economía y sienten incertidumbre. Son conscientes de que, en un mundo globalizado, el cambio en la situación económica internacional deja sentir sus efectos en todos los rincones del mundo. También entre nosotros. Viven la dificultad del crédito y las subidas de algunos precios. E incluso algunos han visto en riesgo sus empleos, especialmente en un sector, el de la construcción, sujeto hoy a un acusado ajuste.
Sus Señorías saben que la información disponible apunta a que el signo de la economía mundial y también de la economía española será, durante la primera fase de esta legislatura, distinto del que hemos conocido en los últimos cuatro años.
Las fortalezas de nuestra economía, son un buen amortiguador, pero no son un muro que nos aísle de las turbulencias de la economía mundial.
Vinculados como estamos con el resto de la economía global, la crisis que soporta EE UU, las dificultades de los mercados financieros internacionales y la llamada crisis de liquidez, la escalada de los precios del crudo (que se han multiplicado por cuatro en los últimos cuatro años) y de muchas materias primas y alimentos en los mercados internacionales, dejan sentir sus efectos entre nosotros. Y estos factores se conjugan, en el caso de España, con las dificultades del sector de la construcción de vivienda y con la acumulación a lo largo de los últimos lustros de algunos desequilibrios, fundamentalmente el déficit por cuenta corriente y el diferencial de inflación.
Ello dibuja un panorama para la primera fase de esta nueva legislatura con tasas de crecimiento inferiores a las del pasado cuatrienio y un comportamiento del empleo menos favorable que el de los últimos años.
Ese es el panorama más inmediato para nuestra economía, pero no es un horizonte prolongado, sino transitorio. Por eso, los españoles deben tener la seguridad de que, superado ese paréntesis, a medio plazo, se restablecerán las constantes de la pasada Legislatura y, conforme anuncian todos los organismos internacionales, retornaremos a elevadas tasas de crecimiento y reanudaremos con vigor la generación de empleo.
La repercusión de la crisis mundial sobre nuestra economía estará amortiguada porque nuestro país afronta esta coyuntura en buena situación, con unos fundamentos económicos robustos.
Tenemos además la oportunidad de utilizar este reto para reforzar nuestra capacidad de crecimiento y mejora del bienestar de los ciudadanos. Lo lograremos si somos capaces de articular las políticas y respuestas adecuadas.
Para ello, todos, Gobierno, oposición, Comunidades Autónomas y entes locales, sindicatos, organizaciones empresariales, agentes económicos en general, tendremos que estar a la altura. Deberemos apoyarnos en las fortalezas de nuestra economía y desarrollar una política económica que contribuya al crecimiento. Deberemos ser aún más exigentes en un nuevo entorno en el que la demanda interna jugará un menor papel y donde los factores de crecimiento dependerán del incremento de la productividad y de nuestra competitividad.
Señorías, esto va a ser tarea de todos. Y estamos en condiciones de conseguirlo.
Para ello, la política económica del Gobierno irá dirigida a reforzar las capacidades de crecimiento de nuestra economía.
Y lo haremos guiándonos por tres principios esenciales:
1.Una política fiscal y presupuestaria cauta y prudente.
2.Una política económica que refuerce la competitividad de nuestro aparato productivo y reduzca de forma paulatina nuestro diferencial de inflación y
3.Un diálogo permanente con los agentes económicos que involucre a todos quienes tenemos responsabilidades en el devenir económico de nuestro país.
En el ámbito de la política presupuestaria, los superávits acumulados en los últimos años permitirán absorber el impacto que una menor actividad en la economía pudiera tener sobre los ingresos públicos y el aumento de algunos gastos ligados a la protección social sin necesidad ni de subir impuestos ni de imponer recortes sociales.
También será imprescindible seguir capitalizando nuestra economía en sus tres vertientes: capital físico, capital humano y capital tecnológico. Es una apuesta a largo plazo, fundamental para acelerar el aumento de la productividad y, por lo tanto, de nuestra capacidad de crecimiento futuro.
Y seguiremos comprometidos con la estabilidad macroeconómica y fiscal, conscientes de la importancia y del valor que han aportado al desarrollo de la economía española en los últimos años.
Este es el marco en que se inscribirá la acción económica del gobierno a lo largo del conjunto de la legislatura. Pero de una forma inmediata, el Gobierno adoptará, en la misma semana de su constitución, medidas para hacer frente a la desaceleración económica.
Ante todo, pondremos en marcha la deducción de 400 euros en el IRPF para los pensionistas, asalariados y autónomos. Supondrá una ayuda importante para las familias españolas y un impulso, a nivel agregado, para nuestra economía.
En segundo lugar, se favorecerá a las empresas con un adelanto en las devoluciones del IVA, que les permitirá recuperar el impuesto soportado con mayor celeridad.
Asimismo, adoptaremos un conjunto de medidas concretas en el sector de la construcción, que serán objeto de una inmediata Conferencia Sectorial de Vivienda.
•Se reducirá la carga fiscal de la rehabilitación de vivienda.
•Se acelerará la licitación de obra pública.
•Se promocionará la rehabilitación de edificios y el aumento de su eficiencia energética.
•Se ampliará el aval público para los bonos de titulización que tengan como subyacente créditos para la adquisición de VPO.
•Se pondrá en marcha un plan especial de recolocación de parados del sector de la construcción y un refuerzo de la cobertura de desempleo para los trabajadores en situación de mayor necesidad.
•Se facilitará la ampliación del plazo de la hipoteca, sin coste adicional, para las familias en situación de especial dificultad.
Sin embargo, Señorías, este conjunto de medidas a corto plazo no deben distraernos de los retos a medio plazo, principalmente el reto de incrementar la productividad y reforzar el potencial productivo español.
No son desafíos nuevos. Los diagnosticamos en 2004, aunque ya entonces advertimos que requerían una acción de gobierno que además de enérgica fuera persistente, y por eso debía extenderse durante un periodo prolongado.
El sector de I+D+i recibirá un nuevo impulso pues consolidaremos lo ya logrado con el Programa Ingenio 2010, evaluando de forma exigente sus resultados y reforzaremos de nuevo la inversión pública, al tiempo que procuramos movilizar también la máxima inversión privada en investigación y desarrollo.
Continuaremos elevando la inversión en infraestructuras, en línea con lo previsto en el Plan estatal de Infraestructuras del Transporte (PEIT), velando a la vez por el impacto medioambiental del transporte y por su aportación a la cohesión territorial y a la competitividad de nuestras empresas.
Promoveremos el aumento de la competencia en el sector servicios, a través de una transposición exigente y eficaz de la Directiva Europea de Servicios, a la que se sumarán otras medidas de flexibilización de la actividad profesional, con actuaciones selectivas en el ámbito de los transportes y las telecomunicaciones. Este aumento de la competencia debe impulsar el dinamismo y la eficiencia en estos sectores lo que además de atenuar las presiones inflacionistas puede hacer que absorban parte de los recursos productivos que libere la construcción.
Junto a ello, comprometemos una reducción en un 30 por ciento de las cargas administrativas para las empresas, con el fin de dar todas las facilidades en su relación con la Administración, tanto en el momento de su creación como a lo largo de toda su actividad ulterior.
En materia de capital humano, intensificaremos el esfuerzo presupuestario en educación con atención primordial al sistema de becas, que continuaremos incrementando en número y cuantía, y dotando los recursos necesarios para satisfacer al completo la demanda de plazas de los menores de 3 años.
El marco fiscal conocerá una nueva puesta al día que comportará la desaparición del Impuesto de Patrimonio y la actualización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que soportan sobre todo las clases medias. Un Segundo Plan de lucha contra el fraude, deberá mejorar los buenos resultados obtenidos en la legislatura anterior.
Impulsaremos, en el marco del diálogo con los agentes sociales, nuevas reformas en el ámbito laboral y de Seguridad Social.
Promoveremos también medidas para favorecer las actividades generadoras de empleo, persistiremos en la promoción del empleo femenino y juvenil y articularemos políticas para reducir la temporalidad de nuestro mercado laboral hasta el 25%.
Es decir, se mantendrán los planes de inversión productiva y de cohesión social. Y lo haremos además sin aumentar los impuestos. Antes bien, se reducirán dentro de los márgenes que permita la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Es una opción que pocos países se pueden permitir.
Señorías,
En los últimos cuatro años hemos sentado las bases para un cambio de modelo de crecimiento de nuestra economía que nos acercara a los países más avanzados del mundo.
Los acontecimientos de los últimos meses no sólo hacen este cambio de modelo más necesario; lo hacen más acuciante. Y esa es una tarea que no corresponde sólo al Gobierno, sino a todos los agentes económicos. Y solo puede tener éxito en un entorno de entendimiento, diálogo y colaboración.
Por todo ello, nos proponemos establecer un Gran Acuerdo Económico y Social que abarque, desde luego, al mercado de trabajo, pero que incluya también a los asuntos que influyen en la competitividad de nuestro tejido productivo.
Esa es, señorías, mi idea de España: un país próspero, que genera la riqueza duradera que es la que brota de la inteligencia y no de la explotación de la naturaleza ni de la mano de obra barata y descalificada.
Un país próspero y además un país decente, porque distribuye con equilibrio la riqueza que genera.
POLITICA SOCIAL
Decente porque sus ciudadanos son solidarios con quienes más necesidades tienen. Decente porque en él todos los ciudadanos y ciudadanas, de cualquier condición, cuentan con los mismos derechos, no sólo sobre el papel, sino en el día a día. Y decente porque regula con rigor y trata con respeto a quienes vienen legalmente para labrar entre nosotros y junto a nosotros un futuro mejor para sí mismos y para sus hijos.
Señorías, mi idea de España es la de un país ejemplar por sus políticas sociales, una nación admirada por sus políticas de igualdad entre hombres y mujeres; una sociedad que destierra cualquier discriminación.
Debemos afrontar con realismo un período de desaceleración económica que se extenderá a lo largo de la primera parte de la legislatura pero el Gobierno que aspiro a presidir no sacrificará sus políticas sociales ni abdicará de su afán de progreso social.
No tengan ninguna duda, señorías: si alguien merecerá atención especial durante el período en que nuestra economía crezca menos, serán quienes carezcan de empleo; serán quienes viven de una pensión; serán los discapacitados; serán los trabajadores con salarios bajos; serán las víctimas de la violencia.
Es sabido que ante coyunturas económicas adversas existen dos caminos: uno busca la salida en los recortes sociales; otro en la solidaridad. Creo resueltamente en el segundo camino.
Mi idea de España es la de un país que supera unido las dificultades, una sociedad que no abandona a nadie en el infortunio. No, señorías, no habrá recortes en derechos sociales: al contrario, seguiremos ampliando derechos y políticas sociales.
Elevaremos el salario mínimo a los 800 euros, desde los 600 euros que alcanzamos en la pasada legislatura, y lo haremos en diálogo con los empresarios y con los trabajadores.
Mi idea de España es la de un país en la que sus mayores viven con dignidad. Un país decente respeta y dignifica a sus mayores. Es también mi compromiso para la legislatura aumentar las pensiones de jubilación con cónyuge a cargo hasta los 850 euros al mes; y hasta los 700 euros las pensiones de viudedad para mayores de 65 años.
En la pasada legislatura pusimos los cimientos legales del cuarto pilar del Estado de Bienestar: la atención a la Dependencia. Esta Legislatura será la de su desarrollo: atenderemos a 650.000 personas dependientes y a sus familias. Y seguiremos aportando solidariamente recursos para hacerlo posible. Ya están dotados 871 millones en 2008 y en 2009 serán 1.200. Un país decente, señorías, asiste a quienes no pueden valerse por sí solos y ampara a sus familias.
Mi idea de España es la de un país que no frustra las expectativas de quien necesita acceder a bienes básicos, como una vivienda.
Es una exigencia que asumo con decisión, aunar los intereses de los promotores y constructores en reactivar el sector inmobiliario, con los intereses de cientos de miles de ciudadanos que quieren, sencillamente, disfrutar de un hogar bien sea en propiedad o en alquiler.
Construcción de vivienda protegida, alquiler y rehabilitación serán las tres líneas para conjugar ambos intereses. Reitero mi compromiso de fomentar la construcción de un millón y medio de viviendas protegidas en diez años. Seguiremos impulsando las políticas de alquiler, y dando continuidad a la renta de emancipación que ya este año llegará a 360.000 jóvenes. Y fomentaremos la rehabilitación de casas, edificios y barrios, que genera empleo y es respetuosa con el medio ambiente.
En mi idea de España quienes viven en nuestros pueblos no están condenados a ser ciudadanos de segunda, y sus derechos deben ser tan reales y efectivos como los de los habitantes de la ciudad. Para ello promoveremos el Primer Plan Nacional de Desarrollo Rural Sostenible.
POLITICAS DE IGUALDAD
Sr. Presidente, Señoras y Señores Diputados,
La igualdad es también una de las señas de identidad del país que con ustedes quiero seguir construyendo. Además de una exigencia constitucional, la igualdad debe ser una seña de identidad de la España sólida y cohesionada.
Presentaré a la Cámara una ley integral de igualdad de trato, que elimine la discriminación en todos los ámbitos y por cualquier motivo.
Acabemos, señorías, con la discriminación por la orientación sexual. Integremos plenamente a las personas con discapacidad para verlas por fin trabajando y viviendo con normalidad. Erradiquemos cualquier discriminación por razones religiosas o de ideología. Añadamos esta Ley de Igualdad de Trato a las leyes ya aprobadas de Igualdad entre hombres y mujeres y Contra la violencia de género, que han situado a España en la vanguardia internacional en derechos.
Mi idea de España es también la de un país en que izquierda y derecha pueden impulsar juntas avances en derechos y libertades. Les espero.
Un país digno, señorías, no tolera que el género decida la suerte de una persona. Un país decente no consiente que las mujeres queden un peldaño por debajo de los hombres en ningún ámbito de la vida: ni en el trabajo, ni en la política, ni en el ocio ni en la familia. En ninguno.
Por eso, la lucha contra la violencia de género, contra todo tipo de violación de los derechos de las mujeres; el apoyo al empleo femenino; las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar; el apoyo a la corresponsabilidad en las cargas familiares; y la promoción de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y política, seguirán siendo nuestros objetivos prioritarios en los próximos años.
El país que quiero no puede tolerar que cada semana muera una mujer por la violencia machista. La política desarrollada en la legislatura pasada ha servido para mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia, y para salvar muchas vidas. Pero no ha sido suficiente. Ahora tenemos que mejorar la coordinación de las Administraciones para detectar con prontitud los casos, prevenir, y proteger a las mujeres en cualquier rincón de España.
Quien se atreva a agredir a una mujer ha de saber que caerá sobre él el peso de la Ley. Que hacia él se dirigirá el desprecio y la reprobación de toda la sociedad. Cualquier cobarde que levante la mano a una mujer debe saber que no tiene enfrente a un ser desprotegido sino a 44 millones de personas dispuestas a plantarle cara.
Pondré también mi empeño y el del Gobierno para que las mujeres que sufren sepan que estamos todos de su lado; que no han de tener miedo; que la denuncia no traerá más desvelos sino más tranquilidad; que no hay razones para resignarse, sino motivos para rebelarse en la defensa de la dignidad propia.
El Gobierno no puede abordar este problema solo. Necesitamos a las Comunidades Autónomas. Por eso una primera iniciativa será la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar el problema en toda su dimensión, y con visión de Estado.
Pero erradicar la violencia a largo plazo, exige trabajar intensamente por una sociedad que trate por igual a hombres y mujeres.
Nos vamos a implicar así activamente en la puesta en marcha de los planes de igualdad en las empresas, para lo que contaremos con los empresarios y con los trabajadores.
Vamos a combatir especialmente la más irritante de las discriminaciones laborales: la salarial. Un país digno, señorías, la España que ambiciono, no permite que una mujer cobre un solo euro menos que un hombre por hacer el mismo trabajo.
Vamos a seguir apoyando el empleo femenino, especialmente para las mujeres en la madurez, entre los 45 y los 64 años. Ellas sufren dificultades añadidas para encontrar empleo, en muchos casos después de haber dejado pasar oportunidades para atender a sus hijos. Trataremos de reducir en al menos un tercio la inactividad de estas mujeres. Para ello me propongo que sepan qué oportunidades de trabajo tienen, que puedan recibir buena formación para el empleo y que los empresarios que les den trabajo tengan bonificaciones adecuadas.
Mi idea de España es la de un país que fomenta la corresponsabilidad en la vida familiar. Hombres y mujeres que comparten tareas. Desde el Gobierno, se lo pondremos más fácil. Ampliaremos de dos a cuatro semanas el permiso de paternidad; generaremos prestaciones de seguridad social para los padres de menores hospitalizados; permitiremos que las jornadas laborales sean más cortas para quienes cuidan de sus hijos no sólo hasta que tienen ocho años, como hasta ahora, sino hasta los doce; y ayudaremos a las empresas a que creen escuelas infantiles para llegar a las 300.000 plazas que nos hemos propuesto como objetivo para que las parejas más jóvenes puedan conciliar su vida laboral y familiar.
En la España que yo quiero, nadie ha de verse obligado a elegir entre un empleo o un hijo.
Debemos también, señorías, dar garantías plenas a las mujeres que deciden, conforme a los derechos que les reconoce la ley actual, recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley dice lo que no pueden hacer ni ellas ni sus médicos; pero también dice lo que pueden hacer con pleno respeto a su intimidad y a su salud.
INMIGRACION
Sr. Presidente, Señorías,
Hay quienes en la inmigración ven solo un problema. En mi idea de España, la inmigración regulada y ordenada es una oportunidad. Por eso, desde 2004 definimos como elemento clave en la política migratoria la relación laboral, el trabajo. Es el trabajo lo que posibilita la integración del inmigrante, lo que le permite convertirse en un componente más de una colectividad provisto de derechos y de obligaciones.
Por eso, desde hace cuatro años, quienes vienen a vivir entre nosotros han de hacerlo con empleo y de manera legal. Y sostengo que ese es el caso de la inmensa mayoría de los inmigrantes. Y mantengo además que con su trabajo contribuyen a nuestra riqueza económica, social y cultural.
Los análisis de los expertos coinciden en que la inmigración se ha convertido en España en un fenómeno estructural y no coyuntural, que juega un papel fundamental en nuestro crecimiento económico y en la sostenibilidad de nuestro modelo social; hasta el punto de contribuir a hacer sostenible nuestro sistema de pensiones.
Buscaremos, también en esto, el acuerdo. El acuerdo para cifrar nuestra capacidad de acogida. El acuerdo con los países de origen para que la contratación se haga allí preferiblemente. El acuerdo para asegurar la legalidad en la entrada. Y también el acuerdo para garantizar que quien aquí vive disfruta iguales derechos y está sujeto a iguales deberes que cualquier otro ciudadano. Esa es, precisamente, la política de inmigración que hemos hecho durante los últimos cuatro años. Y es la que seguiremos haciendo en los próximos cuatro, si cabe con mayor rigor y convicción. De acuerdo con las Comunidades Autónomas, y especialmente con aquellas que con más fuerza viven el impacto del fenómeno. Canarias es el mejor exponente.
Seguiremos reclamando y obtendremos la solidaridad de la Unión Europea. Quien llama a nuestra puerta está pidiendo también entrar en Europa. Y por eso, la protección de nuestras puertas concierne a toda Europa.
Seguiremos mejorando los controles de entrada y las expulsiones y repatriaciones. Desplegaremos más medios para controlar las fronteras. Combatiremos las redes de tráfico de personas.
Tendremos, en fin, que promover fórmulas nuevas que incentiven a los inmigrantes que puedan perder su trabajo en los próximos meses a volver a su país para desarrollar allí definitivamente su vida. La capitalización de la prestación de desempleo que hayan generado o la concesión de microcréditos son vías a explorar por el Gobierno con carácter inmediato.
Y también intensificaremos la cooperación con CC.AA. y Ayuntamientos para que ni un solo ciudadano se vea privado de cualquier derecho o ayuda social por la llegada de inmigrantes. Allá donde surjan nuevas necesidades sociales, deberán suplementarse los medios. Los servicios educativos y sanitarios y de toda índole serán redoblados allá donde se incremente la demanda.
UNA ESPAÑA EFICIENTE
Sr. Presidente, Señorías,
La prosperidad sostenida de España, la consolidación de nuestro sistema de bienestar tienen un requisito esencial: la eficacia de nuestras administraciones, el buen funcionamiento de nuestros servicios públicos.
Esa es, desde luego, mi idea de España. Un país con una administración pública atenta al servicio de los ciudadanos, eficiente y ágil.
Señorías,
Nuestro modelo constitucional de Estado de las Autonomías atribuye a las instituciones centrales del Estado, competencias y responsabilidades muy relevantes.
No debemos olvidar que la Administración General del Estado y la Seguridad Social asume, y seguirá haciéndolo, más de la mitad del gasto público en España.
Y, precisamente, para seguir ejerciendo sus responsabilidades, y del mejor modo posible, mi Gobierno abordará una reforma de nuestra administración. Una reforma que estimule su capacidad de respuesta ágil a los ciudadanos, de impulso del resto de administraciones en políticas y esfuerzos conjuntos, y de propuesta e intervención en los marcos supranacionales que hoy son fundamentales.
JUSTICIA
Señorías, esa reforma es necesaria, en primer lugar, en el ámbito de la Administración de Justicia.
La reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable. No puede haber razón alguna, ni interés alguno, ni resistencia alguna, que prevalezcan sobre el clamor de los ciudadanos que piden, con todo derecho, una Justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales.
El diagnóstico sobre sus deficiencias está claro. Ahora hay que poner en juego la voluntad política para corregirlas, y además con el mayor consenso posible.
Para empezar, es preciso gobernar mejor el Poder Judicial.
Y gobernar mejor el Poder Judicial significa asegurar el trabajo eficiente, independiente y responsable de los jueces y tribunales
Es al Consejo General del Poder Judicial a quien corresponde constitucionalmente velar porque así se haga. Le corresponde eso y no convertirse en escenario de una confrontación partidista que tiene su lugar, y muy legítimo, en otros foros, empezando por este Parlamento.
No nos vale de nada preguntarnos quién es el responsable de la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia y de su órgano de gobierno. Pero sí seremos todos responsables si no atajamos juntos los problemas desde su raíz.
Lo primero que hay que evitar, que todos debemos evitar, es que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido. Por esta razón, como remedio excepcional, aseguraremos el cese