Zaragoza, 23711/07.- El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, aseveró hoy que el Ejecutivo que lidera no tendría «ninguna duda» en «ir contra» la Generalitat si ésta tomara alguna decisión que dificultara o impidiera el regreso de los bienes religiosos que reclama el obispado de Barbastro-Monzón al de Lérida.
Iglesias respondió así hoy en la sesión de control del Gobierno del Pleno de las Cortes ante sendas preguntas, de PP y CHA, sobre el conflicto entre los obispados de Barbastro-Monzón y Lérida por la devolución de 113 obras de arte religioso que permanecen en la capital leridana y que el Vaticano ha dictaminado en varias ocasiones que son propiedad de la diócesis aragonesa.
Interpelado por el presidente regional del PP, Gustavo Alcalde, acerca de su posición «esta semana» por la devolución de los bienes, Iglesias defendió la decisión de solicitar nuevos informes para analizar la posibilidad de acudir a la vía civil para exigir el cumplimiento de las sentencias de los tribunales vaticanos.
El Gobierno, enfatizó, tiene «la obligación» de asegurar los pasos que da y analizar en profundidad las acciones que puede ejecutar para que el efecto no sea contraproducente, toda vez que no están claros «los efectos» que produciría optar por ir a la vía civil en este asunto.
Quienes pueden intervenir directamente, explicó, son las partes del conflicto, el Obispado de Lérida y Roma, y el propietario de las piezas, que es el Obispado de Barbastro-Monzón.
Según Iglesias, el Gobierno aragonés hará «todo lo posible» por conseguir la devolución, pero «hay que asegurar los pasos para no meter la pata» y para que «no sea peor el remedio que la enfermedad».
El líder del PP insistió en criticar la inacción del Gobierno y de Iglesias que en esta cuestión «cambia más de opinión que de corbata».
«A usted le afecta algún viento y el cierzo, un viento fuerte, con personalidad, no es, sino que es uno que le sopla de Este a Oeste, frío y que le hace recular y que se llama tramontana», ironizó el jefe de la oposición en el Parlamento.
Criticó que «un día» el Gobierno diga que va a pedir nuevos informes y que «al otro» diga que sólo la Iglesia tiene algo que decir en este asunto.
Es cierto, reconoció, que el ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha reconocido que podría exigir el cumplimiento de las sentencias si así lo pidiera el propietario, y por ello el PP ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno aragonés que solicite esta intervención.
El día que se debata esta iniciativa, recomendó Alcalde a Iglesias, traiga «ropa cortavientos».
La otra pregunta, formulada por el portavoz de CHA, Chesús Bernal, se interesaba por los motivos que han llevado a Iglesias a solicitar ahora un informe sobre la posibilidad de actuar judicialmente en relación con los bienes de las parroquias de la zona oriental.
El presidente insistió en que es «su obligación» asegurar los pasos que da «para no equivocarse».
El tema, enfatizó, ya está juzgado y se han emitido sentencias y hay que determinar quién puede exigir su cumplimiento.
Bernal, por su parte, estimó que el asunto de los bienes dejó de ser meramente religioso cuando la Generalitat los incluyó en 1998 en su catálogo artístico como colección y cuando en 2005 dijo que ésta «no se podía disgregar».
Ahora, el Gobierno de Aragón se ve «sobrepasado» por los acontecimientos y «forzado y obligado» a actuar, con unas iniciativas que «contribuyen a su descrédito» en este asunto.
Además, criticó el incumplimiento de las declaraciones institucionales de todos los grupos políticos, como la firmada en junio de 2006 y en la que se pedía la intervención del Gobierno de la Nación.
Si ahora el ministro dice que intervendrá cuando se lo pidan, eso significa, dedujo Bernal, que esa declaración se ha incumplido. EFE