La senadora María José Navarro, designada ponente de la ley de Restitución a la Generalitat del Archivo General de la Guerra Civil

El Pleno del Senado debatirá y se pronunciará el próximo jueves, día 3, acerca del Proyecto de Ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.

La Comisión de Cultura dictaminó esta semana la ley, remitida por el Congreso de Los Diputados. La citada Comisión rechazó el veto propuesto por el Grupo Popular y las 44 enmiendas redactadas por los grupos Mixto, PNV y PP.

La senadora del PSOE por Zaragoza, María José Navarro Lafita, designada ponente de la ley, ha señalado que, a partir de la promulgación de la Constitución española de 1978, se han aprobado diversas normas han tenido por objeto restaurar situaciones jurídicas afectadas injustamente por la legislación y la actuación del régimen franquista.

Navarro Lafita ha recordado que el Congreso de los Diputados aprobó, el 18 de mayo de 2004, una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con el fin de alcanzar un acuerdo que permitiera resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla recogida en el Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca.

Por ello, la Portavoz socialista de la Comisión de Cultura en la Cámara Alta considera necesario aprobar una norma con rango de ley que permita el restablecimiento de las situaciones jurídicas ilegítimamente extinguidas en lo que respecta a la Generalitat de Cataluña y a las personas naturales y jurídicas de carácter privado, salvaguardando al mismo tiempo, en razón de su interés histórico y cultural, la integridad funcional del Archivo y de los documentos y fondos documentales en él custodiados.

Concluye la senadora aragonesa asegurando que se trata de una Ley que concilia y que construye, y que asumir la responsabilidad de armonizar ambos derechos supone un acto de justicia  y de recuperación de la memoria histórica.