Actualmente, existe un problema de insuficiencia dinámica en la financiación sanitaria, que no radica principal ni únicamente en el crecimiento de la población, sino que se puede explicar por un conjunto de factores entre los que, además de la población, se incluyen el envejecimiento, los costes de prestación de los servicios en el territorio, la mayor utilización de los servicios sanitarios o la propia evolución del gasto de las nuevas tecnologías sanitarias. Además, el gasto sanitario crece no sólo por encima de los ingresos de las Comunidades Autónomas sino también por encima del crecimiento del PIB nominal.
La sanidad pública es uno de los pilares del Estado del Bienestar Social y por ello mismo los ciudadanos somos conscientes de los servicios y la calidad de vida que ello nos ofrece. De hecho, las encuestas indican que los aragoneses valoramos la atención sanitaria de nuestra Comunidad Autónoma como muy buena.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista respaldamos el objetivo del Gobierno de Aragón de trabajar en aquellas iniciativas que permitan mantener e incluso incrementar la asistencia sanitaria, un servicio que constituye uno de nuestros más preciados y fundamentales derechos. Su prestación y los elevados costes que suponen, por ejemplo, los avances e innovaciones en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, genera en los países desarrollados problemas de financiación del gasto sanitario.
Muchas Comunidades Autónomas, entre ellas Aragón, llevan tiempo solicitando que los modelos de financiación autonómica tengan en cuenta el concepto de corresponsabilidad fiscal. En este sentido, debe de tenerse en cuenta que, para afrontar las prestaciones de los servicios sanitarios públicos, las Comunidades Autónomas tienen que hacer uso de su capacidad normativa. En este punto se encuentra el tramo autonómico del impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, como uno de los pocos márgenes de maniobra que tienen las Comunidades Autónomas.
El Gobierno del Partido Popular, para compensar los desfases presupuestarios y los recortes de las inversiones aplicados por el Ministerio de Sanidad entre 1998 y 2000, aprobó la creación de ese impuesto, conocido como el «céntimo de la gasolina», para que las Comunidades Autónomas pudieran sufragar parte del aumento del gasto sanitario debido a la transferencia de las competencias y así lo han puesto en marcha ya Comunidades como la de Madrid, Galicia, Asturias o Cataluña.
Todo lo que se recaude en este concepto se destina íntegramente a la sanidad con unos proyectos que, como el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón indicó en el Parlamento autonómico, se darán a conocer y se explicarán a los ciudadanos.
En este sentido somos conscientes de que las inversiones que se realicen con lo recaudado con el «céntimo sanitario» permitirán reducir las listas de espera, invertir en edificios, equipamientos sanitarios y tecnologías necesarias para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Todo ello repercutirá positivamente sobre los ciudadanos, quienes se merecen los mejores servicios y la mayor atención.