El Gobierno central, cumpliendo con los compromisos adquiridos, está
impulsando diferentes medidas y políticas de carácter social encaminadas a
fomentar los derechos de la ciudadanía y a recuperar los valores propios de una
sociedad avanzada y desarrollada. En este sentido, cabe destacar la presentación
del anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que nos ubica ante un
momento apasionante y ante un debate educativo que trata de poner el horizonte a
nuestro sistema educativo en el futuro.
El proceso y el propio desarrollo del Anteproyecto de la LOE ha estado
caracterizado por dos aspectos de significativa importancia: por una parte se ha
buscado en todo momento el consenso y acuerdo de las partes implicadas y por
otro lado se ha apostado siempre por la participación.
Desde el momento en que se estableció la necesidad de adaptar nuestro sistema
educativo a las demandas de la sociedad y reflejarlo en la legislación, las
Comunidades Autónomas cobran un relevante papel dado que han asistido al proceso
no como invitadas sino como anfitrionas del mismo. Esta implicación de las
Comunidades Autónomas queda perfectamente reflejada en el texto del anteproyecto
de la LOE, que incluye el respeto a la autonomía competencial de las mismas,
permitiendo de esta manera la posibilidad de elaborar una ley propia, en nuestro
caso una ley aragonesa de educación que recoja nuestras señas de identidad,
nuestras aspiraciones para el futuro educativo de nuestra tierra.
Como portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista me
gustaría destacar que nuestra Comunidad Autónoma está en primera línea en cuanto
a educación se refiere. Desde luego, lo que también es evidente es que este
Anteproyecto contempla medidas que ya se han puesto en marcha en Aragón,
poniendo de manifiesto que nuestra Comunidad Autónoma es pionera y punto de
referencia en determinados aspectos con respecto al resto del Estado. Y esto ha
sido posible gracias al trabajo conjunto de la comunidad educativa
aragonesa.
El respeto a la autonomía, esa legislación básica que regula este
anteproyecto, nos permitirá avanzar un poco más y elaborar en Aragón nuestra
propia ley que se adapte y responda a la demanda de nuestra realidad
educativa.
Para ello es absolutamente necesario un acuerdo unánime por parte
del conjunto de la Comunidad Educativa. Ésa ha sido también una premisa clave en
todo este proceso. La búsqueda de consenso y de acuerdo ha sido la tónica
general. No sólo del Gobierno central, que desde luego lo está propiciando, sino
también por parte de los agentes sociales educativos, que están dan un
ejemplo de responsabilidad, para poder llegar a acuerdos.
Espero y confío que finalmente puedan acercarse las posturas y pueda llegar a
materializarse en un Pacto por la Educación que tan deseado es por parte de la
sociedad. Evidentemente, ese mismo modelo , no tengo ninguna duda,
protagonizará el proceso de elaboración de una Ley aragonesa. En todo
caso, hemos de lograr llegar a acuerdos en todo aquello que nos une, superando
etapas anteriores, por el bien de la educación de nuestros ciudadanos y nuestras
ciudadanas.
Debemos ser capaces pues de ofrecer a la sociedad una ley duradera, que
posibilite su propia evaluación en el tiempo y que nos permita dotar de
normalidad y tranquilidad a nuestro sistema educativo y para eso es necesario el
consenso, el acuerdo, la participación de todas las partes. En definitiva,
busquemos la corresponsabilidad en la educación, la apuesta por el esfuerzo
compartido que dote a nuestra educación de todos los elementos necesarios para
afrontar los nuevos retos del siglo XXI.