Señor Presidente de las Cortes de Aragón,
Señorías:
Quiero agradecer al Presidente de las Cortes su iniciativa para conmemorar el XXV aniversario de nuestra Carta Magna en nuestro Parlamento. Un lugar plural de encuentro, de ideas, de debate y de decisión sobre Aragón.
Desde la aprobación de la Constitución de 1978, cualquier adulto con algo de conciencia ha experimen-tado en su propia vida el gran salto que ha dado nuestra sociedad. De la pobreza y el atraso a la prosperidad. De la tiranía a la democracia. Del centralismo al Estado Autonómico. Del aislamiento a la plena integración en la Unión Europea.
Las nuevas generaciones, las nacidas a partir de los años setenta, han crecido bajo el signo de la Constitución. Se han acostumbrado a vivir en una sociedad democrática como jamás la hubo en nuestro país.
Sin embargo, a veces, parece que no hay conciencia del valor de nuestra democracia, del nivel de convivencia que hemos alcanzado. Ese nivel de convivencia es fruto del consenso constitucional forjado en la transición democrática española.
Pero hoy, cuando celebramos el 25 aniversario de la Constitución, no deberíamos pasar por alto que la Constitución y el espíritu constitucional atraviesan, sin duda, un momento delicado. La amenaza principal es la de quienes utilizan la violencia para imponer sus ideas. Desde su promulgación y a lo largo de estos 25 años, ha sido la principal dificultad que ha tenido que superar nuestra Carta Magna. Pero no la única.
Amenazan la Constitución quienes plantean propuestas rupturistas con posiciones políticas unilaterales. Amenazan la Constitución quienes pretenden apropiarsela. Y amenazan la Constitución aquellos que se dedican a exaltar o a excitar los diferentes patrioterismos, tanto nacionales como autonómicos.
Es más urgente que nunca superar posiciones individualistas y recuperar ese espíritu de consenso que hizo posible la Constitución de 1978. Debemos retomar la esencia integradora, generosa y tolerante de lo que fue el proceso constituyente.
Nuestra Carta Magna ha configurado un Estado social y democrático de Derecho a través de mecanismos relativamente complejos. La complejidad sólo evidencia que España está compuesta de elementos diversos, y que el problema que debe resolver la Constitución no es en modo alguno sencillo.
La Constitución realizó un cambio drástico del sistema político en España. En primer término, establecía la democracia como sistema de funcionamiento del conjunto de la sociedad española y de sus instituciones. Y en segundo término aportaba una solución original a la organización territorial del Estado, aunque muchos pensamos que todavía faltan ajustes y mecanismos de interlocución para su más adecuado funcionamiento.
La denominación Estado de las Autonomías es la que expresa mejor que cualquier otra la realidad de nuestra ordenación territorial y política.
El Estado de las Autonomías contiene algunos de los elementos esenciales de los federalismos actuales, especialmente de tipo europeo.
Las instituciones de las Comunidades Autónomas sólo dependemos de nuestro electorado, tenemos un amplio campo de competencias, una financiación propia, y los conflictos son resueltos por el Tribunal Constitucional.
Existen matices, peculiaridades o rasgos propios. Entre ellos los hechos diferenciales que corresponden sólo a algunas Comunidades Autónomas.
El primero y principal la lengua, que afecta a diferentes Comunidades Autónomas y también a Aragón. Y hay peculiaridades de signo institucional vinculadas a la historia, como ocurre con las figuras asimiladas al Defensor del Pueblo en el ámbito autonómico, de las que es justo que resalte al Justicia de Aragón.
La Historia y las diferencias territoriales han llevado a introducir un sistema especial de financiación en Navarra, País Vasco y, parcialmente, en Canarias; algo semejante a lo que reconoce el artículo 48 del Estatuto de Aragón, y que todavía está pendiente de desarrollar.
También debo referirme a un derecho civil especial o foral, que existe en varias Comunidades que tienen tras de sí una historia semejante a la nuestra.
La evolución del Estado de las autonomías, sin embargo, no ha sido lineal ni estaba predeterminada por la Constitución. Ha sido fruto de leyes y de sentencias del Tribunal Constitucional, de pactos políticos como los autonómicos de 1981 y 1992, de resultados electorales, y también de un cambio de la opinión pública sobre el Estado autonómico.
El resultado de todo este proceso es que España, que hace veinticinco años era uno de los Estados más centralistas de Europa, es hoy uno de los más descentralizados. Quizás fuera razonable, 25 años después, pensar en incorporar nuevos mecanismos que mejoren la articulación del conjunto del sistema.
Quiero insistir en que lo importante no son las palabras con las que califiquemos las cosas, y que hay que dar prioridad a la realidad antes que a los nombres. La propia Constitución no define con ningún término la organización territorial del Estado que ella misma diseña.
El constituyente no podía prever la articulación del sistema autonómico y ni siquiera sabía cuantas Comunidades Autónomas se iban a conformar. El ajuste de la articulación autonómica es, por tanto, una tarea que debemos abordar para resolver el funcionamiento armónico del conjunto.
Se ha abierto un debate sobre el papel que tiene que jugar el Senado, como Cámara de representación territorial. Se habla de la coordinación de los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno de la Nación y también del encaje de las políticas de las Comunidades Autónomas, del Gobierno central y de la Unión Europea.
Este no es un momento para que fije posiciones sobre estas materias. Planteo simplemente que hay una reflexión abierta y que sería deseable que en los próximos años buscáramos los mayores puntos de encuentro en torno a estos temas. Todo lo relacionado con las Comunidades Autónomas es una cuestión de Estado, y las cuestiones de Estado deben abordarse con el espíritu generoso, constructivo y tolerante con el que se desarrolló el Pacto Constitucional de hace 25 años.
Señorías, es tiempo de celebración. Debemos valorar lo que los españoles hemos logrado. El mayor periodo histórico de convivencia democrática constitucional y de respeto a la capacidad de autogobierno que tienen las nacionalidades y regiones de España.
Nuestra responsabilidad, en esta celebración de los 25 años de la Constitución, no debiera ser solamente la de realizar un análisis nostálgico de los éxitos de éste periodo. Debemos ir más allá. El compromiso de esta Cámara hoy debiera ser mantener ese espíritu constitucional, para que enraíce definitivamente en nuestra sociedad y sea una garantía de convivencia rotunda para las generaciones del futuro.
Muchas gracias.