Los grupos parlamentarios del Partido Socialista y Partido Aragonés han
presentado una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno Central que
asuma las responsabilidades necesarias para la protección de sus nacionales,
tanto de los menores secuestrados como de sus representantes y de aquéllos que
se encuentran amenazados. La iniciativa se ha presentado en el Registro de las
Cortes a raíz de la comparecencia ante la Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos de la Asociación para la Recuperación de Niños Sacados de su País.
Tanto la portavoz socialista en dicha Comisión, Encarna Mihi, como la
aragonesista, Teresa Perales, han explicado que la proposición no de ley
«también insta al Gobierno central a que se dote a las víctimas de ayudas que
les permitan seguir afrontando los gastos jurídicos, traslados para localización
y asistencia a juicios y declaraciones, gestiones y traducciones, investigadores
e intérpretes».
Ambos grupos parlamentarios argumentan en su proposición no de ley que «cada
año son secuestrados en nuestro país decenas de niños, víctimas de una
malinterpretada propiedad lineal del vínculo parental, convirtiéndose en
objeto de negociación y quedando privado de sus derechos de nacionalidad, de
libertad, de identidad y en algunos casos incluso negándole la vida».
Las dos portavoces parlamentarias aluden a «al dolor y tortura psicológica de
las familias de los menores secuestrados, a lo que se suma la falta de
legislación al respecto». La iniciativa parlamentaria considera que sería
necesaria «una mayor coordinación entre instituciones con el fin de reforzar la
gestión con el fin de que desde las instituciones se ayude a la familia a luchar
por recuperar al niño secuestrado». Como ejemplo de este tipo de situaciones,
Perales y Mihi han citado el caso de Belén Tapia.
La Asociación para la Recuperación de Niños Sacados de su País en Aragón ha
tramitado en Aragón 18 expedientes que corresponden a 22 niñas y niños de los
cuales 7 corresponden a menores secuestrados, 14 a menores amenazados en grave
riesgo y 1 menor recuperado. «Con el fin de complementar esta acción, sería
necesaria mayor diligencia de las autoridades judiciales, gubernamentales y
policiales, así como la asistencia a las madres y familias de los niños
secuestrados», señalan los grupos parlamentarios PSOE y PAR en la Proposición No
de Ley.