El PSOE denuncia que los contratos de la obra de la línea de alta velocidad no se ajustan a la Ley de Administración Pública

El diputado socialista por la provincia de Zaragoza, Alfredo Arola, ha criticado hoy al Ministerio de Fomento por «haber desoído las recomendaciones que el informe de referencia del Tribunal de Cuentas hacía sobre las consecuencias que iban a tener suspensiones temporales y prórrogas que se han llevado a cabo en puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona».

El diputado socialista ha intervenido hoy en la Comisión del Tribunal de Cuentas y ha acusado «de mantener una improvisación tal que aún a día de hoy, todavía no hay fecha alguna. Las cosas pueden suceder o no, porque este Gobierno ha afirmado y negado tantas veces los hechos que ya no podemos esperar nada» ha indicado.

En su exposición, el diputado socialista ha hecho un repaso al procedimiento que el Ministerio de Fomento ha llevado a cabo en la realización de la obra de la alta velocidad, y ha puesto sobre la mesa «que no se ha ajustado a la legalidad establecida en el Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento común, ni a la Ley de Contratos de la Administración Pública y del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública, no ha cumplido con la Ley de Patrimonio Histórico nacional en el llamado 1% cultural, se han incrementado los plazos ejecución con una media de 6’8 meses; además de los costes, sabiendo que cada día que se retrasa la obra a RENFE le cuesta 180.000 euros».  Asimismo, ha recriminado que no se tenga información alguna de la auditoría que se está llevado a cabo y ha recordado las múltiples demandas de informes y de explicaciones que los diputados socialistas han hecho al Gobierno sobre el desarrollo de la obra desde sus inicios.

Alfredo Arola ha solicitado a Fomento transparencia, la necesidad de una auditoría externa y que facilite información a la Comisión de Infraestructuras.