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Artículo publicado en Heraldo de Aragón, el 10 de octubre de 2025 Fernando Beltrán Blázquez, delegado del Gobierno de España en Aragón |
Vivimos en un momento de inusual pujanza económica: las instituciones disponen de más recursos que nunca gracias al incremento de la recaudación y la bajada de la deuda pública, las empresas ganan competitividad –en parte impulsadas por los oportunos fondos europeos de recuperación tras la pandemia– y ganan fuerza laboral gracias a la revolución de la Formación Profesional y al impulso de la inmigración, y las familias disponen de la mejor situación de empleo que se recuerda, gracias a la subida del salario mínimo y la apuesta por la contratación indefinida.
Pero este positivo escenario tiene un evidente nubarrón, que no es menor: la vivienda. De hecho, tres de cada diez españoles señalan la vivienda como su principal problema, según la última encuesta del CIS. Esa cifra delata claramente que el problema no solo está en las ciudades, sino que se hace presente ahora mismo en todo el territorio. También en los pueblos falla la disponibilidad de casas, y muchos proyectos de futuro no pueden realizarse porque sus protagonistas no encuentran un techo.
Los proyectos de vida no pueden esperar a que el mercado arregle solo el problema (por otra parte, el fracaso de Aznar con su masiva liberalización de suelos ya nos enseñó que esto no va a pasar). Ante esta urgencia, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido convertir el acceso a la vivienda en una prioridad política y social de país. Lo hace con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, que por primera vez coloca la vivienda como el quinto pilar del Estado del bienestar.
Para no dejar a ningún territorio atrás, es necesario avanzar con una política que también piensa en la España rural. Se ponen en marcha ayudas de 15.000 euros para comprar vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. En un pueblo esa cifra puede cambiar la vida de una familia. A ello se suman los 30.000 euros de apoyo al alquiler con opción a compra de vivienda protegida, y el aval joven para abrir la puerta al primer contrato de alquiler.
La gran diferencia con el pasado es clara. A partir de ahora, toda vivienda pública que se construya o se financie con dinero de todos quedará protegida para siempre. Se acabaron las viviendas sociales que al cabo de unos años perdían la protección y engrosaban el mercado libre, lo que abría la puerta a los especuladores. Ese esfuerzo público se blindará ahora y quedará como patrimonio social para las próximas generaciones. Blindar la vivienda que se hace con dinero público es blindar la democracia, porque aseguramos que perdurará para las próximas generaciones ese alivio existencial que supone no vivir asfixiado por los costes en vivienda.
La ministra Isabel Rodríguez lo ha explicado con mucha claridad. Es imposible que un ciudadano que considera la vivienda como su primer problema diga que no quiere que lo público quede protegido frente a especuladores o fondos buitres. Ante ello, la posición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP está escrita de antemano, y viene trufada de excusas para no respaldar, otra vez, una medida eminentemente social.
Porque mientras el Gobierno de España garantiza derechos para la ciudadanía y los compatibiliza con una sana actividad empresarial, otros solo piensan en alimentar la economía especulativa. Voy a poner un ejemplo cercano: Jorge Azcón se niega a declarar zonas tensionadas, a pesar de que en ciertos lugares los alquileres sean prohibitivos, y también se niega a que las viviendas protegidas lo sean de por vida, a pesar de conocer –por la experiencia de décadas en otros países, como Austria o Países Bajos– su efectividad para la moderación de precios.
El presidente Sánchez ha ido más lejos. Ha anunciado la eliminación de 53.000 viviendas turísticas de las plataformas para devolverlas al mercado residencial y la voluntad de triplicar la inversión en aquellas comunidades que hagan el mismo esfuerzo. El mensaje es claro. El Estado está implicado. Quien quiera acompañar tiene financiación y respaldo. Quien prefiera boicotear, tendrá que explicar a sus ciudadanos por qué prefiere proteger a especuladores y no a familias.
Este es el contraste político. El PSOE apuesta por blindar lo público y garantizar derechos. El PP, por excusas competenciales y por no aplicar las medidas que ya se sabe que funcionan. Donde la ley de vivienda se aplica, el alquiler baja. Donde el PP la bloquea, los precios siguen subiendo de forma desorbitada, lo que coloca la vivienda como el primer gran problema para los ciudadanos. Donde el Gobierno pone coto a los pisos turísticos ilegales, la derecha se encoge de hombros.
La vivienda es un derecho, no una mercancía. Y también es una cuestión democrática. Si no se atiende el principal problema de la ciudadanía, la ultraderecha ocupará ese espacio con soluciones fáciles a problemas complejos. Frente al ruido, el miedo y los bulos, este Gobierno responde con medidas que se traducen en llaves, contratos y hogares. Blindar la vivienda pública no es un capricho, es un deber de justicia. Y es, además, la línea que separa a quienes gobiernan para la mayoría de quienes solo gobiernan para unos pocos.