Hoy se cumplen 35 años desde que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminase la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales; un hito que, aunque demasiado tarde, continuó con la supresión también de la transexualidad de su lista de patologías en 2018.
Desde 2009 nuestro país reconoce este Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia (LGTBIfobia) gracias, una vez más, a un gobierno socialista. Sin embargo, a pesar de los muchos avances alcanzados, aún hoy millones de personas LGTBI son perseguidas, violentadas o condenadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Desde el PSOE reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y la erradicación de toda forma de discriminación.
Según el último informe global ‘Laws on Us’ de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), 62 Estados miembros de la ONU mantienen leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en 2024. Esto supone que, en casi una tercera parte del mundo, ser una o uno mismo puede conllevar pena de cárcel, tortura o incluso a la muerte. Es el caso de países como Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria, Uganda y Yemen, donde la homosexualidad sigue estando castigada con la pena de muerte. Estas leyes, fruto del integrismo religioso y herederas del colonialismo europeo, no solo destruyen vidas, sino que alimentan un clima de impunidad hacia los crímenes de odio.
Pero la LGTBIfobia no es un problema lejano a nuestro entorno. En los últimos años, asistimos con extrema preocupación a una ola global reaccionaria que amenaza derechos conquistados en democracias asentadas. Dentro de la misma Unión Europea que se proclama orgullosa de sus valores, en los últimos 15 años, el gobierno húngaro de Viktor Orbán ha impulsado leyes que restringen los derechos de la comunidad LGTBI. Entre ellas la prohibición del reconocimiento legal del cambio de sexo, la adopción para parejas del mismo sexo, la definición constitucional del matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer o la polémica ley de propaganda anti-LGTBI en 2021. Leyes a las que ahora se suma la prohibición de las marchas del Orgullo LGTBI en el país.
También vemos con preocupación retrocesos al otro lado del charco, en los Estados Unidos de América, donde más de 20 estados han impulsado normas que restringen el acceso a la salud a las personas trans, prohíben discutir sobre orientación sexual en las escuelas o excluyen a menores trans del deporte escolar. Estos retrocesos buscan borrar identidades y silenciar las voces más vulnerables del colectivo.
Frente a esta deriva ultra de ámbito internacional, España se mantiene como un referente global en derechos LGTBI, gracias a políticas socialistas que han transformado a mejor nuestra sociedad. Este año celebramos 20 años desde que nos convirtiésemos en el primer país del mundo en aprobar, al mismo tiempo, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. También combatimos la discriminación con leyes pioneras como la ley Zerolo y la LGTBI y Trans. Estos avances no son solo jurídicos, son también un ejemplo de que otro mundo es posible cuando se gobierna con empatía y valentía.
Pero en España tampoco podemos bajar la guardia. Después de que Vox haya cuestionado los derechos del colectivo LGTBI en todas aquellas instituciones en las que ha llegado al poder, el PP de Feijóo tiene recurrida al Tribunal Constitucional, como hizo con el matrimonio igualitario, la ley LGTBI y Trans, y Ayuso se sumó a esta agenda ideológica ultra con su mayoría absoluta, sin necesidad de los votos de la extrema derecha, ejecutando el primer recorte de derechos LGTBI de nuestra democracia.
Por eso, en un día como hoy, es importante recordar que el mayor retroceso de nuestro país en materia LGTBI ha venido de la mano del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que revocó la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión” para las personas trans, borró el Consejo LGTBI autonómico, suprimió el plan contra el acoso a las y los alumnos LGTBI en los colegios y eliminó la formación del profesorado y los contenidos dirigidos a mostrar las diferentes realidades LGTBI.
Cada agresión física y verbal, cada veto a la cultura, cada intento de patologizar las identidades LGTBI son un recordatorio de que, como decía nuestro referente, Pedro Zerolo, “los derechos se conquistan, se defienden y se disfrutan”. Por ello, las y los socialistas nos sumamos, hoy y siempre, a quienes reclaman el fin de la penalización de la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad en todo el mundo.