La portavoz socialista en materia educativa, Mayte Pérez, ha mostrado su rechazo absoluto a la propuesta de que centros educativos aragoneses participen en un plan piloto que pretende introducir universitarios en colegios e institutos.
Este Plan, que contaría con la colaboración del Servicio Provincial de Educación, «es algo inaceptable e impresentable, porque no se pueden sustituir a profesionales con voluntarios universitarios ya que, en primer lugar, repercute en el alumno y, en segundo lugar, se trata de intrusismo laboral, ya que se volvería a prescindir de empleos”, ha asegurado Mayte Pérez.
En este sentido, ha explicado que los socialistas van a intentar paralizar, por todos los medios, esta «idea” que «lo único que pretende es sustituir a profesores interinos y de refuerzo por estudiantes”, suponiendo «un nuevo hachazo” a la calidad de de la educación pública. A ello se une la eliminación «de un plumazo” por parte del Gobierno de los programas de refuerzo y apoyo al alumnado (PROA) y el programa de escolarización temprana en 2013.
«El Gobierno de Aragón no puede hacerse corresponsable de esta idea. Si así lo hiciera, aumentaría la situación caótica, angustiosa e insostenible que está viviendo la educación por las políticas del PP, que ya han supuesto que en Aragón este curso haya mil profesores menos a pesar del aumento de alumnos”, ha subrayado.
ESCUELAS-TALLER
Por otro lado, Mayte Pérez ha lamentado que el Gobierno de Rudi haya rebajado la partida destinada a escuelas taller a 500.000 euros para el año que viene, de tal forma que sólo se mantendrá la de Teruel, pasando de las 6 con las que contaba Aragón a «únicamente una”.
La diputada socialista ha lamentado este nuevo recorte a pesar de que «importancia vital de estas escuelas” que surgieron, ha recordado, en los años 80, en un momento muy similar al actual con una tasa de paro muy alta.
Por último, ha hecho hincapié en el reconocimiento nacional e incluso internacional que habían adquirido las seis escuelas taller que existían en Aragón y ha lamentado que se vayan a quedar «como algo residual» cuando deberían ser «una prioridad» del Gobierno en una época de crisis.