El portavoz de Obras Públicas del Grupo Parlamentario Socialista, José Ramón Ibáñez, ha indicado que la modificación de la ley urbanística del Gobierno de Rudi y la negativa del Gobierno central de cambiar la ley hipotecaria supone «volver al modelo urbanístico de la época de Aznar que pone por encima los intereses particulares de los generales y prepara el terreno para que haya una nueva burbuja inmobiliaria”• El diputado ha afirmado que el «el PP plantea en sus normativas un estado asistencial cercano a la beneficencia, sin embargo desde el PSOE defendemos el estado del bienestar, o sea, la defensa de los derechos de los ciudadanos”. El PSOE ha presentado en el próximo pleno de las Cortes de esta semana una batería de preguntas sobre el impulso a la vivienda social, las ayudas al alquiler y el nombramiento del director general de vivienda, cargo que está vacante desde el 25 de septiembre «como una muestra más de la dejadez con este tema del Gobierno de Rudi”.
El portavoz socialista ha presentado una enmienda a la totalidad a la ley urbanística de Aragón y 147 enmiendas parciales. En relación con la modificación de la ley urbanística, Ibáñez ha señalado que «desregula mal y sólo pensando en los promotores, atentando contra la autonomía municipal”. El diputado ha afirmado que los principales perjudicados serán los ayuntamientos pequeños que recibirán automáticamente la urbanización y si en dos meses no contestan recibirá la urbanización y si además hay un trámite judicial habría que indemnizar al urbanizador”.
El diputado socialista ha vinculado la modificación de esta ley con el decreto ley del Gobierno central sobre los desahucios que «no soluciona el problema porque es imposible cumplir los requisitos que plantean el Gobierno de Rajoy”. En este sentido, Ibáñez, que participó ayer en una reunión con cargos socialistas en Madrid, ha sido especialmente crítico con el PP: «Nosotros –añade- no queremos que haya ni un desahucio más hasta que la situación económica cambie. Estamos ante un problema gravísimo que no sólo afecta a quien pierde su vivienda sin también a los que han avalado, padres o hermanos, con lo que la bola se hace más grande. Por ello queremos paralizar todos los expedientes y que los intereses dejen de contar”.
Ha puesto como ejemplo de la «gravedad” de esta ley, que «antes, para aceptar una urbanización de una promotora privada, el silencio por parte del Ayuntamiento era negativo, esta ley lo convierte en positivo; es decir, si en el plazo de dos meses, un Ayuntamiento no contesta, automáticamente recibe la urbanización, esté como esté, y no se puede negar a recibirla. En todo caso, si hay un trámite judicial y se la da la razón al propietario además habría que indemnizarlo. Por eso, deja totalmente indefensos a los ayuntamientos pequeños que son la mayoría de los Consistorios aragoneses”.
Ibáñez ha criticado también la pasiva actitud del Gobierno de la DGA con los desahucios: «Nos gustaría que el Gobierno de Aragón hiciera algo porque hasta ahora no ha hecho nada”. En este sentido, el diputado ha pedido a la DGA que ponga en marcha un parque público de vivienda para alquiler social y que las ayudas a la vivienda de alquiler dejen de ser una quimera.