Zaragoza, 27 de junio de 2024.- La expresión «El parto de los montes» significa cualquier cosa insignificante y ridícula que sucede cuando se esperaba algo grandioso e importante. Por ello, la frase del poeta lírico y satírico Horacio, Parturient montes, nascetur ridiculus mus (Y los montes parieron un insignificante ratón), es el mejor resumen de lo que ha supuesto la comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el Inaga en este proceso, ha explicado el portavoz socialista en la comisión, Carlos Pérez Anadón. Pero, tras achacar el nacimiento de esta comisión “al calor y al ardor guerrero propios de una campaña electoral”, concluye que “ni hay agujero negro ni ilícito penal en esta comisión».
El ponente socialista ha afirmado que esta comisión, convocada por PP y Vox, ha tornado de investigación a comisión de estudio de un sector tan complejo como productivo en materia normativa y ha repasado las numerosas horas empleadas desde hace seis meses para satisfacer tanto las promesas del presidente Azcón en campaña electoral como el empeño de algunos de sus socios parlamentarios, “obsesionados con encontrar responsabilidades penales atribuibles al anterior gobierno y que hoy solo quedan en reproches de carácter ideológico que no han variado desde antes del inicio de la comisión pese a los testimonios escuchados que desmontan tales sospechas”, explica Carlos Pérez.
De hecho, ha asegurado que no desprecia en absoluto los trabajos de la comisión, porque eso supondría estar preso de “orgullo, ceguera y el sectarismo. Nosotros cerramos esta comisión con la tranquilidad de lo que fue nuestra gestión anterior pero con un juicio más preciso y en línea con el Unión Europea y el Gobierno de España en la apuesta de las renovables y la implantación de la Agenda 2030″, ha subrayado.
Pérez Anadón ha puesto en valor que el 35% de peticiones a Red Eléctrica de España es de empresas en Aragón con importante componente electrointensivo, por lo que se ha preguntado qué hubiera sido de estas empresas sin las renovables, alguna de las cuales visita luego el presidente aragonés o sobre las que el PP se refiere como «un importante hub tecnológico”.
Balance de conclusiones
Los socialistas han sacado adelante 22 de las 26 conclusiones presentadas tras la finalización de las sesiones y 36 comparecencias de expertos, funcionarios y alcaldes. En total se han registrado 166 conclusiones, 19 por unanimidad de las que tres son del PSOE, y el resto por mayoría. El PSOE solo ha visto rechazadas cuatro de sus conclusiones.
Carlos Pérez, que ha dado cuenta del principal contenido de las conclusiones aprobadas de su grupo, ha puesto en valor que se hayan desmontado sombras y posiciones inmovilistas de algunos grupos parlamentarios que se han aliado incluso para intercambiarse ponentes y que han pretendido demostrar falta de transparencia, de controles ambientales, de fraccionamiento “ilegal” de proyectos en beneficio de empresas, de falta de escucha al territorio donde se instalan los parques y una de las peores sospechas, la connivencia de trabajadores del Inaga con empresas promotoras, “lo que empaña la integridad de los funcionarios» y ha provocado que muchos se hayan marchado del organismo, máxime ante la gran cantidad de expedientes que siguen llegando para su tramitación, ha reparado el diputado socialista.
Pérez Anadón ha subrayado la evidencia del cambio de paradigma en el sector industrial aragonés y el desarrollo puntero de la comunidad autónoma de Aragón en su apuesta por las energías renovables, capaz de atraer importantes inversiones, entre ellas las empresas tecnológicas, y la comisión ha concluido que “el sector de las renovables se desarrolla sujeto a un modelo regulatorio objetivo, basado en prioridad temporal y sujeto, con carácter generalizado, a control ambiental”.
A partir de ahí, el GP PSOE ha tratado en sus conclusiones de describir el procedimiento y desmontar graves afirmaciones que iban más allá de poner en tela de juicio el procedimiento administrativo, llegando a insinuar supuestos tratos de favor, prácticas reprobables y falta de controles ambientales.
Así por ejemplo, sobre las críticas al fraccionamiento de proyectos, el PSOE ha visto aprobada por mayoría la conclusión que determina que “no se han detectado diseños de parques que hayan eludido el sometimiento a la evaluación ambiental ordinaria y quedar en el ámbito de evaluaciones más benévolas como es el caso de las simplificadas. Además, las prescripciones impuestas a los promotores para que presenten estudios de los efectos acumulativos y sinérgicos han permitido que el impacto de los proyectos sobre un mismo territorio o hábitat hayan sido evaluados en su globalidad».
Por otro lado, para los socialistas era importante dejar de desacreditar a la administración por la supuesta falta de transparencia, información y participación y así ha quedado constatado en otra conclusión del PSOE que “la tramitación de los expedientes de energías renovables se realizó al amparo de la ley, ajustándose en todo momento a los procedimientos establecidos». En el curso de los trabajos de la Comisión y según las declaraciones de todos los comparecientes de la Administración, no existe evidencia alguna de presiones a funcionarios de ningún tipo ni para el cambio de criterios ni para la aceleración de expedientes, cuyo tratamiento sigue el riguroso orden temporal de entrada”.
Y añade que “además, las dos configuraciones administrativas en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) no repercutieron en un mayor porcentaje de declaraciones de impacto ambiental favorables, como algunos grupos han afirmado que era la finalidad”
Mucha tinta se vertió sobre el papel del Inaga, cuestionando la integridad de algunos funcionarios y la connivencia con consultoras externas. Pero tras meses de funcionamiento de esta Comisión de Investigación y comparecencias de todo tipo y condición, en el balance final y por apoyo de todos los grupos políticos, salvo Vox, “estas Cortes expresan su absoluto respeto por el ingente trabajo realizado por los funcionarios públicos para atender con rigurosidad el gran volumen de expedientes en orden temporal.
Estas Cortes, por ello, y a petición del PSOE, recomiendan la adopción de cuantas medidas permitan el refuerzo de los equipos de forma extraordinaria y acorde al volumen de trabajo con el fin de garantizar la resolución de expedientes en los plazos legalmente establecidos como ya hizo el anterior gobierno en dos ocasiones, en 2020 y 2023 con un Programa temporal de Empleo y una Unidad Transitoria de apoyo a la gestión, uno en el Inaga y la DG (con 8 y 7 funcionarios más, respectivamente) y el otro, en el Servicio Provincial de Industria de Teruel (con 5 funcionarios más). Precisamente por ello, hasta donde se conoce, no ha habido ninguna exigencia de responsabilidad patrimonial a la administración por incumplimiento de los hitos (Conclusión aprobada con apoyo de todos los grupos, excepto Vox e IU).
Igualmente, estas Cortes aprueban por mayoría que la intervención de consultoras externas, contratadas al efecto en determinados trámites realizados por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, ha sido habitual desde la creación del INAGA conforme a su normativa reguladora.
Sobre la falta de controles, es destacable entre las conclusiones del grupo socialista aprobadas en esta comisión, que existió control y seguimiento de los expedientes: “A los planes de vigilancia que deben hacerse periódicamente (antes por cinco años y ahora de por vida) -que deben ir aparejados a todas las Declaraciones de Impacto ambiental (DIA)-, se suman las comisiones de seguimiento ambiental, que no existen en el Estado, pero sí en Aragón, lo que supone una doble garantía del seguimiento”.
Igualmente, sobre la falta de medidas ambientales y planificación, se ha admitido mayoritariamente que a partir de 2018 se han implementado numerosas novedades como dispositivos anticolisión, comisiones de seguimiento, custodia del territorio para mejorar el hábitat de especies, periodos de parada, condicionados en función de resultados de vigilancia ambiental, inclusión de medidas complementarias, protocolos de obligado seguimiento, etc. Todo ello, sin contar con numerosa normativa desde 2016 que desatascó la judicialización del sector hasta las últimas leyes aprobadas en 2023.
Otra conclusión relevante para el PSOE hace referencia a la voluntad del territorio y celebra que tras el cuestionamiento de alcaldes, del propio gobierno de Aragón y de ciertas empresas con las que se han cebado algunos grupos políticos, ha quedado claro que la instalación de plantas eólicas o fotovoltaicas requiere la voluntad del territorio y es preciso que haya información y consenso al respecto. En este sentido, ha cobrado especial importancia la comparecencia de los alcaldes de La Iglesuela del Cid (PSOE), Cantavieja (PP) y Tronchón (PAR), pertenecientes a la Asociación Viento Alto, agrupación de nueve municipios, que apenas llegan una densidad de dos habitantes por Km2. Expusieron su experiencia a través de un modelo participativo que socializa los ingresos, pues también se benefician otros municipios donde no se implantan renovables, y vela por la protección del medioambiente. Su testimonio relata la sucesión de reuniones informativas, abiertas y participativas con los vecinos para informar de la posible implantación de los parques y niegan la existencia de presiones políticas y empresariales, pero sí que recibieron ataques personales, muchos a través de redes sociales. Carlos Pérez, que ha criticado el “ninguneo” de algunos grupos a algunos representantes municipales, ha considerado “curioso” que entre los comparecientes citados por Vox, el 80% hayan sido militantes o cargos de Teruel Existe. “Será que los extremeños se tocan”, ha ironizado en alusión a la obra de teatro de Muñoz Seca.
Conclusiones por unanimidad del PSOE
- Conclusión 7 del dictamen. Junto a la voluntad de los propios ayuntamientos, la Comisión de Investigación ha contado con las comparecencias del presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Xavier de Pedro y del director general de Urbanismo, Carmelo Bosque, sobre la capacidad de los municipios para regular, o prohibir, la instalación de parques de energías renovables.
Teniendo en cuenta las posturas plenamente divergentes de ambos sobre el particular, esta Comisión considera imprescindible recomienda que el Gobierno de Aragón dicte normativamente la posición respecto a dicha capacidad. - Conclusión 9. La Comisión considera necesario el desarrollo de una planificación que, entre otras cuestiones incluya una zonificación ambiental, en los términos que marca la Unión Europea, de despliegue preferente de renovables, facilitando, así la autorización rápida de los proyectos en estos espacios y garantizando la protección de otros.
- Conclusión 16. El Plan Energético de Aragón 2013-2020 requiere una revisión, dado que se redactó de manera previa al despliegue de las renovables. Algunas comunidades autónomas, a partir del PNIEC, han establecido medidas sectoriales a través de Planes Estratégicos que han dado mayor seguridad a los administrados y a los promotores. A partir del Decreto Ley 1/2023, la Dirección General de Energía y Minas constituyó un Grupo de trabajo cuyas conclusiones se incorporarán como Anexo de Zonificación al futuro Plan Energético de Aragón, teniendo naturaleza de Directriz Especial del Territorio, redactándose el Plan en el marco y objetivos del PNIEC.
Audios
Audio 01 – Carlos Pérez
Audio 02 – Carlos Pérez
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