El PSOE ha registrado hoy en las Cortes de Aragón una iniciativa legislativa que paraliza los desahucios en la vivienda protegida y en las de similares características. La proposición de ley pone en marcha un mecanismo que asegura a los compradores de vivienda de protección oficial que no serán desahuciados en un periodo de hasta siete años. El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Lambán, ha explicado que la iniciativa va dirigida fundamentalmente al colectivo de jóvenes –ya que han sido ellos mayoritariamente compradores de viviendas de protección oficial- y pretende consolidar una política social en materia de vivienda articuladas por el anterior Ejecutivo en colaboración con ayuntamientos y entidades financieras.
Lambán ha indicado que Aragón fue una de las comunidades autónomas que más viviendas de protección oficial promovió en las pasadas legislaturas que llegaron a más de 32.000. «Esta iniciativa no forma de la política de vivienda, es una iniciativa de política social”, ha afirmado. Ha señalado que «en estos momentos que la solidaridad de las familias está a punto de agotarse hay que introducir medidas que protejan a los más débiles”.
«Se trata de una medida, precisa, sencilla, operativa y eficaz”, indica. Ha dicho que se trata de asegurar a los compradores de VPO que no van a ser desahuciados en caso de que se encuentren en una situación de dificultad y que van a poder continuar viviendo en su domicilio durante un periodo de siete años.
Y añade que la iniciativa legislativa socialista fija la capacidad de mutuo acuerdo entre el titular de la vivienda y el Gobierno de Aragón para que –como consecuencia de las modificaciones de la situación económica del propietario- ceda su vivienda al Ejecutivo autonómico al precio pendiente de pago de su hipoteca. A cambio el Gobierno de Aragón le deja la vivienda en alquiler con una opción de compra durante un periodo de siete años, con un alquiler máximo del 3 % del valor hipotecario pendiente.
De esta forma, Lambán ha explicado que un caso concreto de una vivienda que tenga pendiente de pago 70.000 euros, el afectado tendrá pagar un alquiler módico de 176 euros mensuales como máximo. En la iniciativa legislativa se plantea que el afectado podrá recuperar su vivienda en cualquier momento por el precio que fue adquirida por la Administración si lo considera por la modificación de su situación económica. La medida también articula la posibilidad de intervenir en viviendas libres cuando las hipotecas sean equiparables a las viviendas de protección oficial.
Lambán ha señalado que la aprobación de esta medida no significa grandes inversiones para el Gobierno de Aragón porque además no computa como deuda. Ha señalado que para una intervención en 800 viviendas el coste para el Gobierno de Aragón sería de 3,3 millones de euros anuales. «Una cantidad insignificante dentro de lo que es la magnitud de las arcas públicas”, ha añadido.
Por estas razones, el líder del PSOE ha señalado que «ningún grupo político debe tener razones para rechazarla” y ha adelantado que requiere el acuerdo con las entidades financieras, notarios y registradores. «La propuesta ha sido recibida por las entidades de forma positiva porque da respuesta a positiva a familias que están en riesgo de exclusión social”, ha apuntado. Lambán ha señalado que la idea ha surgido del parlamentario y ex consejero de Obras Públicas, Javier Velasco, y ha concluido señalando que espera que de forma rápida esta iniciativa pueda convertirse en ley para dar respuesta urgente a las familias que pueden quedar abocadas a la exclusión social por un desahucio.