El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Eduardo Alonso, ha pedido hoy la retirada del proyecto de ley de Salud Pública «porque agravará la situación ya de por sí lamentable tras dos años de recortes de más del 50 %”. El diputado socialista ha indicado que los recortes desde 2011 están siendo tan terribles que «están perjudicando mucho la calidad de la salud pública y no puede ser que pase a ser la hermanita pobre del Departamento de Sanidad”.
Alonso ha recordado que cada euro que una administración invierte en prevención se ahorran cinco euros en curar posteriormente; de ahí la importancia de la nueva normativa. Ha indicado que tras dos años con el Gobierno de Rudi los recortes han sido del 53 %. De esta forma, ha explicado que programas como las transferencias a los ayuntamientos se han reducido en dos años en un 43 % (de 652.650 euros a 442.075); a las ONGs se han recortado (un 61 %); en prevención y asistencia (-30%) o en prevención del SIDA (37 %, de 224.085 euros a 165.215). El parlamentario socialista ha criticado que se esté expulsando a todos los jóvenes del programa bucodental que ha sido eliminado, al igual que el Plan Nacional del SIDA.
Eduardo Alonso ha indicado que las transferencias a las comunidades autónomas han disminuido también un 49 % y ha destacado que programas importantes como el Fondo de Cohesión Sanitaria ha bajado un 74 %. «Programas como el de drogodependencia ha quedado capitidisminuido al igual que los programas de cribado de cáncer”, ha señalado. Alonso ha reiterado que la nueva ley de salud pública demuestra la nula sensibilidad del Gobierno y perjudica programas, presupuestos y la propia estructura.
CINCO ASPECTOS A RECONSIDERAR
El portavoz socialista en materia sanitaria ha pedido la retirada del anteproyecto de salud pública por cinco aspectos fundamentales: ausencia de objetivos en los principios rectores de salud pública; ausencia de transparencia y mecanismos de participación ciudadana; falta de profesionalización; distribución difusa de las competencias entre las diferentes administraciones; y la revisión de la redacción y la memoria económica de la ley.
Concretamente, sobre el primer punto, Eduardo Alonso ha señalado que «brilla por su ausencia «la elaboración de políticas preventivas, la información de los riesgos detectados y la comunicación hecha con transparencia, entendible y nada alarmista”.
En segundo lugar, ha criticado que esta ley «no cuenta con la participación de los profesionales del Departamento, ni con las sociedades científicas, ni con los ayuntamientos, ni con los sindicatos, ni con las asociaciones de vecinos, ni con las AMPAS, ni con órganos colaboradores que les informen de vacunas, alertas de salud pública, epidemias en colegios o lugares de trabajo” y además «se carga la estructura provincial de salud pública”, ha apuntado. Asimismo, ha destacado que «es muy grave que la vacunación deje de ser universal”.
En cuanto al tercer aspecto, el diputado socialista ha señalado que «el PP cree que todos los profesionales valen para todo, como eso no es así y menos en salud pública”. Por eso, «hay que apostar porque médicos, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, químicos, microbiólogos, periodistas, etc., trabajen y colaboren en equipo, pero cada uno de su propia especialización”, ha indicado.
Sobre la distribución de competencias entre las diferentes administraciones, Alonso ha apuntado que «uno de los motivos fundamentales para desarrollar una ley estatal con una ley autonómica debería ser el adaptar ésta a las peculiaridades del territorio y a la población de esta comunidad”. Sin embargo, ha dicho, el proyecto de ley presentado «pasa de puntillas sobre la distribución de competencias: no define cuáles corresponden a cada una de las administraciones implicadas, no resuelve duplicidades o vacíos de competencias, y no garantiza al ciudadano que en caso de que una no actué otra le prestará el servicio público”, entre otras cosas.
Por último, en cuanto a la revisión y la redacción de la memoria económica de la ley, Eduardo Alonso ha señalado que «erróneamente se computa como ahorro la amortización de puestos consolidados en la actual estructura que está ocupados por funcionarios de carrera y que seguirá trabajando y cobrando; así como que no computan la creación de nuevas oficinas en los centros de salud que habrá que construir y dotar, cuando hasta ahora están en las sedes de las O.C.A.S o en oficinas cedidas por los ayuntamientos”.