Zaragoza (17/02/15). La portavoz socialista de Educación en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, acompañada de miembros de las Juventudes Socialistas de Aragón, han presentado una Proposición no de Ley relativa a la retirada inmediata del Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
Diego Piñeiro, secretario general de las juventudes de Aragón, explica que con esta iniciativa que comenzamos en las Cortes la llevaremos también a todos los ayuntamientos. «Hoy empezamos la precampaña de la huelga del 26 de febrero donde el sector educativo saldrá a la calle con el apoyo de las Juventudes socialistas de Aragón. Les diremos que esto no es una solución y que lo único que se busca una universidad elitista y de baja calidad y que la gente no pueda llegar a la universidad Es un retroceso claro por lo que las Juventudes socialistas nos manifestamos en contra y apoyamos todas las movilizaciones del próximo día 26”.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dando lugar a la posibilidad de que las universidades puedan ofertar grados de tres años y máster de dos años de duración.
Paula Marco, vocal de Educación de Juventudes socialistas, argumenta que este cambio en la estructura de la enseñanza universitaria dará lugar a un encarecimiento de los estudios superiores al aumentar los años de máster y, en muchos casos, conllevará obligar al alumnado que quiera desempeñar plenamente su profesión a tener que cursar dichos estudios, atacando la equidad de acceso a la enseñanza universitaria.
A su vez, la convivencia de diferentes sistemas universitarios dificultará la orientación del futuro alumnado y creará una situación de conflicto, que sumado a la premura de su implantación, no permitirá una correcta regulación de convalidaciones ni permitirá desarrollar los títulos sin que exista una devaluación de la calidad de la formación.
«Una vez más, el Ministerio de Educación ha planteado una reforma sin el diálogo adecuado con la comunidad educativa, que debe ser un requisito indispensable ante cualquier cambio en el sistema educativo de nuestro país”, argumenta la portavoz socialista de Educación en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez. Esto, junto a las medidas tomadas por el Gobierno, ha provocado el rechazo de sindicatos, estudiantes y rectores que, en el caso de estos últimos, han aprobado en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) una moratoria para su implantación hasta 2017.
Esta reforma pretende hacerse a un coste cero, cuestión que debe sumarse a los recortes por parte del Gobierno Central, y a las dificultades tanto económicas como logísticas de implantación de la LOMCE, que se viene ya desarrollando sin suficientes recursos, por lo que es preciso un pronunciamiento claro en el que se exija al Gobierno de España que dé un paso atrás en una reforma universitaria que encarecerá el sistema universitario y devaluará su calidad.
Por todo ello, la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista pide a las Cortes de Aragón que insten al Consejo de Gobierno a:
1. Apoyar la decisión de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE) sobre la moratoria para no implantar la reforma hasta el año 2017 en caso de no ser retirada.
2. Instan al Gobierno de España a:
a) Retirar inmediatamente el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales., y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
b) Solicitar un informe al Consejo de Universidades sobre los resultados de la vigente ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
c) Promover en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado una comisión que elabore un informe sobre los efectos de la reforma promovida por el Ministerio de Educación en la financiación pública y privada de las universidades, en la igualdad de oportunidades y en el acceso al empleo de los titulados.