La defensa de los consumidores es un mandato constitucional. La Constitución
Española obliga a todos los poderes públicos a garantizar, mediante
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos; a promover la información y la educación y a fomentar
sus organizaciones.
Para los socialistas la defensa de los consumidores es, además, un compromiso
que nace de nuestras más profundas convicciones. Un compromiso por la igualdad
en el acceso a los bienes básicos de consumo; un compromiso por la seguridad de
nuestros ciudadanos; una apuesta por la autonomía de sus decisiones, por el
libre ejercicio de su poder de compra y por la toma de conciencia acerca de las
repercusiones sociales, laborales y medioambientales que provoca. Apostamos por
el activo, capaz de defender sus intereses en el mercado, dotado de conciencia
ética sobre el resultado de sus decisiones y partícipe en la construcción de una
sociedad más justa y más solidaria.
Para los socialistas las políticas de consumo no son sólo políticas
destinadas a la protección de la parte más débil del mercado dentro de un modelo
social profundamente consumista; son instrumentos que ayudan a todos los
ciudadanos, y especialmente a los más desfavorecidos, a consumir con criterio, a
preservarlos de los riesgos para la salud, a incrementar su seguridad, a
proteger el entorno medioambiental y los recursos naturales de Secretaría de
Bienestar Social comportamientos irresponsables que perjudican gravemente
nuestra calidad de vida y la de las futuras generaciones. Son políticas que
fomentan la participación, la educación y la información.
La educación del consumidor le permite actuar responsablemente en el mercado,
adquirir conciencia crítica, tomar decisiones eficientes haciendo uso cuidadoso
de los recursos al tiempo que potencia los valores que subyacen en nuestras
actitudes hacia el consumo. La participación, a través de las organizaciones de
consumidores, les permite influir en el diseño de otras políticas, incrementa
considerablemente el peso de los consumidores en el mercado y preserva nuestros
intereses individuales y
colectivos frente a los de otros agentes
económicos.
La solidez y fortaleza de nuestras organizaciones de
consumidores, su credibilidad y capacidad de iniciativa contribuyen a alcanzar
el objetivo de una sociedad más racional y sostenible en sus hábitos de consumo.
Por eso apostamos por el fomento de organizaciones de consumidores fuertes,
participativas y democráticas.
Para los socialistas, las Asociaciones de Consumidores deben poder
constituirse en una pieza básica del entramado social con verdadera capacidad de
negociación ante los poderosos sectores empresariales, dando así cumplimiento al
mandato constitucional, que obliga a los poderes públicos a fomentar las
organizaciones de consumidores y usuarios (Art. 51.2 CE) y a facilitar la
participación de todos los ciudadanos y los grupos que se integran en la vida
política, económica, cultural y social (Art. 9.2 CE).
Este año, la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor
coincide con la constitución, por el Gobierno que preside José Luis Rodríguez
Zapatero, del tercer Consejo de Consumidores y Usuarios de España, máximo
Secretaría de Bienestar Social,órgano de representación y consulta de los
consumidores españoles. Los tres que se han constituido lo han sido en etapas de
gobiernos socialistas. El Consejo de Consumidores debe ser una pieza clave en el
engranaje de las políticas de consumo en nuestro país. Confiamos en que la etapa
que se inicia con la constitución del nuevo Consejo sirva de impulso y acicate
en el diseño y ejecución de dichas políticas, representando y defendiendo los
intereses de todos los ciudadanos como consumidores.